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Lavado de activos y terrorismo: controlan a inmobiliarias y estudios notariales

Por:   /  10 mayo, 2017  /  Comentarios desactivados en Lavado de activos y terrorismo: controlan a inmobiliarias y estudios notariales

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punta

Funcionarios de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) desembarcaron a comienzos de semana en Punta del Este y en equipos de dos integrantes realizaron inspecciones en inmobiliarias y estudios notariales del balneario.

El lunes a primera hora, en los locales ubicados en la entrada de la península observaron cómo entraban dos mujeres que no aparentaban estar interesadas en concretar alguna operación de compraventa de inmuebles. “Eran dos contadoras que se presentaron como funcionarias de la Senaclaft. Enseguida nos consultaron qué tipo de medidas habíamos implementado para evitar operaciones sospechosas de lavado de activos”, explicó el propietario de una inmobiliaria.

Las inspectoras pidieron acceder a las operaciones de compraventa concretadas en los últimos meses para confirmar si la empresa había cumplido con los protocolos y las prácticas obligatorias en materia de prevención de lavado de dinero. Desde 2004, con la vigencia de la Ley 17.835, las inmobiliarias deben informar sobre operaciones sospechosas, aunque recién en 2010 efectivizaron los primeros reportes.

Las funcionarias de la Senaclaft solicitaron a los inmobiliarios los formularios de debida diligencia que deben llenarse cada vez que se concreta una operación de compraventa de inmuebles (donde se incluye la identidad de las partes que intervienen en la transacción). Luego, pidieron el boleto de compraventa de cada operación y sacaron copias de cada uno de los documentos.

Tras interrogar a propietarios y empleados del negocio, las inspectoras labraron un acta donde dejaron reflejados los pormenores de la actuación. Entre las consultas, estuvieron si las inmobiliarias contaban con manuales de prevención de lavado de activos y si habían emitido algún Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU).

Según datos oficiales, en 2016 las inmobiliarias reportaron 10 ROS luego de haber informado solamente cuatro en 2015. De hecho, la UIAF destacó en su último informe la “tendencia de crecimiento en la participación de los sujetos obligados del sector no financiero (como las inmobiliarias) en el total de reportes recibidos”.

Un empresario inmobiliario consultado por Correo de Punta del Este contó: “Entraron a mi local porque estamos abiertos durante todo el año. Después que me visitaron entraron a la inmobiliaria de enfrente y luego le tocó el turno a la escribanía y el estudio de abogados que están en la galería de la cuadra de enfrente”.

La visita de los funcionarios de la Senaclaft disparó la reacción de los inmobiliarios de Punta del Este, que con el correr de las horas empezaron a llamarse unos a otros para intercambiar visiones sobre lo ocurrido.

Esta modalidad de control de la Senaclaft no es nueva, ya que se realizaron operativos similares el año pasado. Carlos Díaz, extitular del organismo (fallecido en febrero), había informado en octubre que en tres meses se habían realizado más de 200 inspecciones a distintos colectivos de profesionales y empresarios obligados a reportar transacciones sospechosas.

En esa oportunidad habían sido visitadas 13 inmobiliarias y se detectaron varias irregularidades en los controles acerca del origen de los fondos involucrados en los negocios. Díaz había explicado que este tipo de inspecciones contemplan en primera instancia los últimos tres meses de actividad y en caso de encontrarse fallas se amplía la fiscalización cinco años hacia atrás.

El extitular de la Senaclaft indicó que se buscaba “cambiar la cultura” de los sujetos obligados para que sea costumbre avisar ante cualquier posible irregularidad vinculada al lavado de activos. Sin embargo, hay reticencia en las inmobiliarias a incorporar estas prácticas, lo que quedó reflejado en declaraciones en el Parlamento a fines del año pasado del presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Maldonado-Punta del Este (Adipe-Cidem), Jorge Díaz: “No estamos de acuerdo, porque creemos que nos estamos convirtiendo en algo así como en gendarmes de la gente”.

 

 

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