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Información pública: la postura comunal ante el reclamo judicial de los ediles del FA

Por:   /  14 noviembre, 2017  /  Sin comentarios

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La declaratoria de inconstitucionalidad por vía de defensa del art. 3 de la Ley 18.381, que la IDM consideró violatoria de los arts. 82, 284, 285 de la Constitución, se basa en que los ediles que han solicitado informes a la comuna tienen otras vías para acceder a la ella. Así lo deja en claro el escrito que la pasada semana presentaron ante la jueza letrada de Primera Instancia de 6º Turno de Maldonado los doctores Adriana Graziuso, Daniela Trotta y Hugo Alvez, todos en representación de la Intendencia. El caso fue caratulado

“De los Santos, Fermín y otro c/Intendencia Departamental de Maldonado – Demanda de acceso a Información Pública”. Según se sabe, el edil Fermín de los Santos y su compañero de bancada, Leonardo Delgado, se han quejado de que la IDM no les ha contestado unos 17 pedidos de informes o lo ha hecho solo “parcialmente”. La Intendencia en cambio sostiene que sí ha respondido y estima ahora que los legisladores no pueden intentar tener acceso a la información por la vía de la ley 18.381. A su juicio, el art. 3 de esa norma es “violatoria de los arts. 82, 284, 285” de la carta magna y solicitaron “su inaplicabilidad al caso concreto” en mérito a una serie de consideraciones y fundamentos.

Los abogados comunales estimaron que “conforme lo dispuesto por el art. 30 de la Ley 18.381 y por el art. 514 del CGP, corresponde disponer en forma inmediata la suspensión del presente procedimiento, no correspondiendo en el caso la adopción de medidas provisorias, no solo por tratarse de una cuestión de puro de derecho entre dos organismos del Estado que lleva dos años de discusión en vía administrativa, sino también por el lapso de tiempo que transcurrió entre la denegatoria de la información y la presentación de la demanda de amparo; lo que elimina cualquier viso de urgencia o necesidad de adopción de medidas provisionales, haciéndose preceptiva la suspensión del presente proceso”. A su criterio, debe tenerse presente, además, “que la adopción de dichas medidas tampoco fue solicitada por la actora en su demanda”.

En cuanto a la “inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 18.381” recordaron que establece que “el derecho a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.

Régimen burlado

A juicio de los abogados “la norma tal cual está redactada es inconstitucional por violación de los arts. 284 y 285 de la Constituciónpor no excluir de la legitimación activa a los ediles departamentales actuando en ejercicio de su cargo, ya que la ley con su redacción les permitiría burlar todo el régimen constitucional previsto para ejercer la función de contralor y para la obtención de información dentro del Gobierno Departamental del que forman parte. Asimismo, es violatoria del principio de Separación de Poderes ( art. 82) ya que pone en manos del Poder Judicial las relaciones entre los distintos órganos del Gobierno Departamental”, indicaron.

“Así, los actores comparecen en su calidad de Ediles Departamentales por el Frente Amplio, y reclaman información relativa a la gestión de la Intendencia Departamental, para ejercer su función de contralor, tal cual surge expresamente de la demanda. No se trata de un pedido de información personal subjetiva, sino de información administrativa típica de la materia municipal, y para ser utilizada con fines de contralor.

Alegan que la IDM no contestó o lo hizo parcialmente a los pedidos de informes efectuados por el art. 284 de la Constitución, alegando no transparencia y ocultamiento de la información, lo cual les impide ejercer su función de contralor prevista en el art. 273 de la Constitución. Comparecen fundándose en que el art. 3 de la ley 18381 no establece ningún tipo de limitación a las personas que pueden solicitar el acceso a la información. Sin perjuicio de entender que los actores confunden el ‘derecho a la información pública’, derecho humano de todas las personas, con las vías idóneas para acceder a esa información, entendemos que el art. 3 de la ley 18381 es inconstitucional al no excluir a las autoridades en ejercicio de su cargo cuya relación con otros organismos públicos esté regulada por normas constitucionales o legales, Ediles departamentales en el caso que nos ocupa”, indicaron.

Facultades

En otra parte de su escrito, los representantes de la IDM recordaron que los ediles están facultados para elevar pedidos de informes a la comuna de acuerdo al art. 284 de la Constitución y señalaron que si el jefe comunal no respondiera dentro del plazo de 20 días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma”. También recordaron que “la Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor”.

“Por tanto la redacción del art. 3 de la Ley 18.381 directamente estaría pretendiendo derogar no solo el procedimiento constitucionalmente establecido por las normas citadas para que un Edil pida informe, procedimiento también recogido por la Ley 9.515 específica en la materia, sino que además lesiona los Fueros de distintas autoridades de rango constitucional, a saber: 1) el Presidente de la Junta Departamental que tiene el poder-deber de recibir el pedido de informes del Edil y trasladarlo al Intendente; 2) la propia Junta Departamental que tiene el poder-deber de reiterar el pedido en caso de omisión del Intendente; 3) de los Ediles que componen la mayoría especial prevista por el art. 285 para el llamado a Sala de Intendente; 4) del propio Intendente que tiene el poder-deber de comparecer personalmente ante la Junta Departamental a dar las explicaciones que correspondan acerca de la información solicitada o de los motivos por los cuales no brindó la misma”, añadieron.

A juicio de los jurisconsultos, “la propia Constitución impide que el edil continúe actuando de manera individual, exigiéndole canalizar su pedido por la propia Junta Departamental primero u obtener el quórum necesario para un llamado a Sala. Tratándose de un Edil el derecho a solicitar información deja de ser personal ante la negativa del Intendente, pasando a ser un derecho colectivo, ya sea por la Junta como tal o por parte de ella. La inconstitucional redacción del art. 3 de referencia le está otorgando al Edil el derecho a obtener información de manera ante la negativa del intendente de manera individual, lo que no está previsto en el texto constitucional”, indicaron.

Asimismo, estimaron que “la omisión legal del art. 3 referido, en excluir en este caso a los ediles departamentales cuando se trata de pedir información a la Intendencia de Maldonado, en ejercicio de su cargo y para función de contralor, como se presentan los accionantes, permite la intervención del Poder Judicial a juzgar relaciones administrativas interinstitucionales entre los distintos miembros que componen el Gobierno Departamental, función que le es claramente vedada al Poder Judicial y que es violatoria del principio de separación de poderes”.

 

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