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Piden informes sobre un terreno de Manantiales que reclama un particular

Por:   /  9 agosto, 2018  /  Sin comentarios

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Comparándolo con lo que está ocurriendo con varios solares ubicados en Eden Rock, el edil frenteamplista Fermín de León elevó al ejecutivo comunal un pedido de informes para saber qué medidas ha estado llevando a cabo la administración comunal en un juicio iniciado por privados para quedarse con un trozo de playa ubicado junto a Terrazas de Manantiales, propiedad de la familia de Franco Macri, padre del presidente argentino Mauricio Macri.
De Léon sostuvo que “en el expediente judicial, el 290-78-2013, radicado en el Juzgado Letrado Civil de 6º Turno de Maldonado, la empresa Rocío S.A.(propiedad de los Macri) promovió contra la Intendencia Departamental de Maldonado, en abril de 2013, una acción civil reclamando la propiedad sobre una fracción del padrón Nº 2.598 ‒la fracción L‒, que se extendía al sur de la Ruta 10, inmediatamente al este de las actuales Terrazas de Manantiales que construyera la familia Macri en su momento”. Ese terreno “está justo allí, desde el estacionamiento donde para y retoma la línea de micros a Punta del Este y en dirección hacia la Ruta 104, por toda la extensión de costa frente al actual complejo Selenza”, precisó.
El edil contó que la pasada administración comunal de Óscar De los Santos‒ “y la Dirección de Asuntos Legales ‒que encabezaba la Doctora María del Carmen Salazar‒ se opuso a la demanda, incorporando numerosos informes de las Divisiones municipales de Catastro, Notarial y Jurídica, demostrando que el terreno está dentro de la faja pública de los 150 metros, alegando contra los argumentos débiles del demandante, posición tradicional que han defendido los Gobiernos departamentales anteriores, excepto ‒repito‒ el del Ingeniero Antía”, refirió.

“Oscura y secreta”
Según el legislador, que milita junto a Óscar de los Santos, “en octubre de 2016, con el mismo modus operandi del caso de Eden Rock y de otros ‒según la nota periodística de Mónica Robaina, en el Semanario Brecha‒, el actual Gobierno departamental y los demandantes presentaron un escrito solicitando ‘la suspensión del proceso durante treinta días’, a lo que la jueza actuante accedió en noviembre de 2016. Vencido el mismo -añadió-, se han sucedido varias prórrogas de la suspensión, llegando hasta la última, del 29 de junio, por la cual solicitaron sesenta días adicionales de prórroga porque hay ‘en trámite administrativo tratativas entre ambas partes tendientes a la autocomposición del litigio en curso’”.
El edil sostuvo que “otra vez, en un caso en el que tiene todas las chances de ganar la Intendencia, en vez de confiar en la justicia y en los argumentos anteriormente sostenidos, se arregla con el demandante para suspender las actuaciones, entonces surgen interrogantes: ¿qué están negociando? ¿Qué oscura y secreta transacción están amasando? ¿Otra vez el Intendente Antía pretenderá escapar de la Fiscalía Letrada y de la Junta Departamental o los Ediles del partido de gobierno que han asegurado a ciegas sus votos sin saber de qué se trata? Porque estoy seguro de que no saben, ni siquiera, de qué se trata lo que estoy hablando. ¿Otra vez se prepara una resolución para favorecer a un particular con beneficios millonarios en dólares? Algo huele feo, muy feo y no es precisamente en Dinamarca”, aseveró.

Informes
De León afirmó que “por estos antecedentes del gobierno actual de plegarse a las demandas millonarias de algunos particulares sin hacer valer los derechos efectivos para la defensa de la faja costera pública y por todas las dudas concretas que plantea este caso”, decidió elevar un pedido de informes. A continuación dio lectura a los detalles que solicita el documento:
1) Copia de todos los escritos presentados por la Intendencia Departamental de Maldonado en forma individual o conjunta con el demandante, desde julio de 2015 en adelante, en actuaciones del expediente judicial 290-78-2013, caratulado: “Rocío S.A. C/ padrón 2.598, acción declarativa de propiedad”.
2) Copia de los expedientes administrativos y/o resoluciones y/o documentación de otro tipo, en donde consten las instrucciones y directivas emanadas del jerarca departamental o de quien actúe por facultades delegadas y por las que se establezcan los lineamientos a seguir por los letrados actuantes, en este caso judicial.
3) Copia de los expedientes administrativos, que es lo que se está tramitando con el demandante la eventual “autocomposición extrajudicial del litigio en curso”.
4) Copia de cualquier otra documentación en la que figure el fundamento jurídico y administrativo que explique la conducta procesal de la Intendencia, desde julio de 2015 en adelante, y específicamente la solicitud de suspensión de los plazos procesales y las sucesivas prórrogas que llevan ya casi dos años.
“Nosotros le vamos a hacer llegar a la Mesa la copia y el original del pedido de informes y quiero que la intervención sea enviada al intendente de Maldonado ‒ingeniero Enrique Antía‒, a la directora de Jurídica ‒doctora Adriana Graziuso‒ y a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles”, concluyó.

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