abusoEn una nota enviada la pasada semana a la fiscal en lo penal de Primer Turno, Dra. Adriana Úmpierrez, el grupo de organizaciones civiles que días atrás se manifestó ante la sede de la Suprema Corte de Justicia en contra de la liberación del empresario acusado de explotación sexual infantil, dio a conocer su postura en torno al caso. En esa misiva, los grupos manifestaron su preocupación por la benevolencia del tribunal de apelaciones que liberó al acusado y destacó que el abuso sexual de es una de las peores violaciones a los derechos humanos. Además de alegar que quien perpetra un acto de esta naturaleza no debe quedar impune, los grupos solicitaron a la fiscal actuar en contra de la decisión del tribunal presentando un recurso de casación ante la SCJ.

“Las abajo firmantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, nos dirigimos a usted con el objetivo de manifestarle la profunda preocupación que nos ha generado el reciente fallo judicial del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno que revoca el procesamiento del empresario imputado por la comisión del delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que cometan actos de naturaleza sexual, ocurrido en el Departamento de Cerro Largo”, dijo la carta.

“Entendemos y compartimos que el ejercicio profesional de los/as funcionarios/as públicos/as que se desempeñan en las distintas fiscalías gozan de independencia técnica, tal como lo prevé el Artículo 2 de la Ley N° 15.365, pero también reafirmamos y resaltamos el rol fundamental que las organizaciones de la sociedad civil desempeñamos, como derecho y deber, en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La explotación sexual es una de las más graves violaciones a los derechos humanos e implica la utilización de menores de edad en actos de naturaleza sexual a cambio de una contraprestación, usualmente económica. Resulta fundamental destacar que la aceptación por parte del niño o la niña de esta transacción resulta irrelevante, tal como lo establecen las principales normas internacionales”, indicaron.

Obligación

Las ONG insistieron en que “las adolescentes sometidas a explotación sexual son víctimas de este tipo de delito y dadas las condiciones de desventaja y la violencia a las que se las somete, tanto física como psíquicamente, las adolescentes víctimas no son responsables en ninguna medida”.

“La utilización de su historia sexual como forma de justificación o atenuación de la responsabilidad de los perpetradores es un nuevo delito contra su persona y es considerada prueba ilícita según los estándares internacionales”, agregaron.

“El único responsable del delito que nos ocupa es el perpetrador y bajo ningún concepto debería permanecer impune quien realizó retribuciones en dinero y en especie, a una adolescente para mantener relaciones sexuales con ella.

En tal sentido, rechazamos enfáticamente el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno que revocó el procesamiento del empresario imputado de pagar a una adolescente para mantener relaciones sexuales con ella”, indicaron.

Las ONG también afirmaron que “el estado uruguayo tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de delitos, conforme corresponde con el principio y deber de debida diligencia en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado, entre ellos: Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Recomendación General 19 del Comité CEDAW; La Convención de Belem do Pará, el protocolo de Palermo, entre otros”.

En el entendido de que “el acceso a la justicia constituye un derecho humano básico, y es requisito sine qua non de un estado de Derecho”, las activistas solicitaron al Ministerio Público y Fiscal “que en su calidad de representante de la causa pública agote todos los recursos procesales disponibles en el caso de marras, interponiendo el recurso de casación con el objetivo de que se revoque la sentencia de segunda instancia y se sancione acorde a derecho”.

Los grupos firmantes

Agencia Voz y Vos, Aire.Uy, Arcoiris, Cainfo, Centro Interisciplinario Caminos, Cire – Ciudadanía en Red, Cladem-Uruguay, CNS Mujeres Por Democracia Equidad y Ciudadanía, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, Cooperativa Mujer Ahora, Datos –DATOS Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información,

El Abrojo, El Paso, Flacso- Uruguay – Programa Género y Cultura, Fundación Visionair, Iaci – Infancia Adolescencia y Ciudadanía, Mysu – Mujer Y Salud En Uruguay, Mujeres En El Horno, Ovejas Negras, Red Canarias En Movimiento, Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora, Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Serpaj, Sexur- Instituto de Formación Sexológica Integral.

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