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Por Pablo Mieres

El gobierno justifica el ajuste fiscal de U$ 500 millones que aplicará en los próximos tiempos, sobre la base de dos argumentos principales. En primer lugar, explica que este resulta inevitable debido a un fuerte deterioro del contexto internacional que se expresa en la baja de los precios internacionales de nuestros productos y la crisis económica profunda de nuestros dos vecinos y principales socios, Argentina y, especialmente, Brasil.

El segundo argumento se centra en la decisión de no afectar los programas sociales ni el gasto público referido a la educación. Es decir que no se quieren afectar los recursos asignados a las políticas sociales en general.

Es obvio que el contexto internacional es adverso y que, particularmente, la situación brasilera se ha deteriorado enormemente. También resulta evidente que estas circunstancias constituyen variables independientes que no son manejables ni controlables por el gobierno. Efectivamente, del mismo modo que en los años recientes ese mismo contexto había sido muy favorable a nuestros intereses, ahora es particularmente adverso.

También resulta compartible que no se afecten los recursos destinados a las políticas sociales, sobre todo en un contexto de afectación de la bonanza preexistente.

Entonces, ¿el ajuste fiscal era inevitable? No. Con el mismo contexto y en las mismas circunstancias, el gobierno podría haber evitado este ajuste si hubiera actuado con responsabilidad y austeridad en los tiempos de crecimiento. Esto es absolutamente indiscutible y las evidencias aparecen por todos lados.

El ajuste fiscal es hijo exclusivo del despilfarro y derroche de todos estos años. El gobierno se gastó todo y mucho más. Esa es la verdad contundente.

Y se gastó todo sin hacer las reformas urgentes, profundas e indispensables que eran requeridas. No hubo reforma educativa, no se invirtió en la infraestructura indispensable para mantener la estructura vial y la caminería, tampoco se avanzó un milímetro en la reforma del Estado.

Ni siquiera se cumplió con los famosos “paquetitos” que el ex presidente Mujica dejaría “bien atados”. No hay regasificadora, ni puerto de aguas profundas, ni resurgimiento del ferrocarril. Nada de nada, sólo un enorme agujero fiscal, hijo directo de la “mano abierta” y la irresponsabilidad sin fin.

En 2010 el gobierno de Mujica presentó al Parlamento un presupuesto que proyectaba un déficit fiscal para el final del período, equivalente al 0.8% del PBI; sin embargo, a esa fecha el déficit fiscal alcanzó el 3.6% del PBI, es decir U$ 1.800 millones, lo que equivale a un déficit cuatro veces y media mayor al que se proyectó y su exceso representa casi tres veces el ajuste fiscal que se acaba de proponer.

Es más, sólo con haber controlado un poco el desastre absoluto de ANCAP que es tan solo uno de los asuntos fuera de control en esos años, habría alcanzado y sobrado para pagar el ajuste fiscal propuesto. En efecto, a fines del año pasado el gobierno tuvo que poner U$ 622 millones para tapar el agujero patrimonial de ANCAP, más de lo requerido para el ajuste.

El incremento de empleo público durante el período de gobierno de Mujica equivale a otro ajuste fiscal entero. El Antel Arena, cuya utilidad es más que dudosa, se llevó, por lo menos, U$ 80 millones y los “préstamos no reintegrables” otorgados por el FONDES, sin evaluar la viabilidad de los emprendimientos que recibían tales créditos, representan otros U$ 50 millones gastados sin retorno.

Podríamos seguir haciendo la lista de la enorme irresponsabilidad y despilfarro de estos años, y nada de lo que acabamos de repasar implicaba la afectación del gasto social.

Pero la cosa no terminó con el gobierno de Mujica. Este gobierno proyectó, irresponsablemente su presupuesto, sobre la idea de que el país crecería dos veces y media más de lo que creció. De nada valió que se les dijera, de todas las maneras posibles, que estaban haciendo proyecciones exageradas y excesivamente optimistas. Le erraron feo y el incremento del gasto aprobado el año pasado (U$ 460 millones) equivale prácticamente a los U$ 500 millones que ahora necesitan recortar.

Ni hablemos del engaño de la campaña electoral, cuando se dijo, no una sino cien veces, que no habría incremento de la carga tributaria y que, al revés, habría rebajas impositivas. También se acusó a quienes señalábamos estas vulnerabilidades, indicando que se quería sembrar el miedo y la desesperanza. Por el contrario, la estrategia de campaña del Frente Amplio se fundaba en las “certezas” que ahora han quedado por el piso.

Como si todo esto fuera poco, este ajuste pega, como siempre, en los bolsillos de los asalariados y jubilados. Lo más grave es que se podría haber evitado con un simple manejo responsable de los recursos en los tiempos de bonanza.

Sería bueno que se dejara de engañar a la gente y se asumieran las evidentes responsabilidades que surgen de la enorme irresponsabilidad con la que se actuó en estos años.

 

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