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Por Luis Eduardo Pereira*

Cuando nos abocamos a analizar el por qué de algunas medidas que debe tomar un gobierno en determinado momento, no debemos olvidarnos de contextualizar el  escenario al que asistimos cuando esas cosas ocurren.

Y en estos momentos es más que elocuente que la gente se encuentra muy fastidiada ante la andanada de tarifazos dispuestos por el Gobierno Nacional. Asistimos a incrementos de IRPF (en rentas de trabajo y capital) más aumentos de los servicios públicos de UTE, OSE, ANCAP, ANTEL, que suben entre un 7,5% y un 8,2% cuando deberían bajar.

El ajuste fiscal decretado por el Gobierno Nacional incluye además una suba del Impuesto por la Asistencia en la Seguridad Social (IASS), del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), sin perjuicio de la rebaja del IVA, cuando se utilicen dineros mediante mecanismos electrónicos.

Todas esas cosas impactan negativamente en los bolsillos de la gente -todos los meses-, y ello sin duda pone de manifiesto su notorio malestar. Sin embargo, todo esto le reportará al Gobierno Central entre 400 y 500 millones de dólares al año. Lo necesitan imperiosamente para hacer caja y mitigar los desastres de ANCAP, PLUNA, BANDES, etc, etc.-

Pero concretamente en el caso de Maldonado, la cosa es distinta y no vamos a utilizar para explicar esto, el “eufemismo” de decir “que pague más el que tiene más”. De ninguna manera! Porque no queremos que nos ocurra lo que al Superior Gobierno, que no sólo se gastó las reservas económicas conseguidas en años excepcionales, sino también el Capital de confianza con que contaba.

No queremos que Maldonado sea permanentemente la remake de la “FIESTA INOLVIDABLE”, por lo que entendemos que llegó el momento de superar iniquidades instalando una verdadera justicia tributaria.

Cuando decimos que en Maldonado ahora las cosas son diferentes, es porque hemos constatado que han dejado de llegar transferencias del Gobierno Nacional en forma adelantada, cuando no en forma extraordinaria, como acontecía en el periodo de la anterior Administración. Es notorio que se han visto más que menguados los “estímulos” que antes llegaban a través del MTOP, MVOTMA, MGAP, ANEP, ASSE, INDA, INAU, entre otros.-

Curiosamente, desde que asumimos, llega lo estrictamente votado por el Presupuesto Nacional y en algunos casos después de discutirlo y reclamarlo insistentemente por parte de nuestros servicios.

Entonces, no puede extrañar a nadie que estemos apelando legítimamente a los mecanismos votados en la Junta Departamental para poner operativos los ingresos de origen Departamental que se generan a través de la adecuación de los mínimos imponibles (Art. 83 – Presupuesto 2016-2020), como también ocurre con lo preceptuado en el Art. 79, por los que se declaró vigentes los Art. del Presupuesto del Año 1990 que permiten a la Dirección de Catastro de la Intendencia de Maldonado, adecuar los valores imponibles de los aforos de los inmuebles, a la realidad que muestra el mercado en estos momentos.-

Y si bien no estamos en un momento de exuberancia de comercialización o transacciones inmobiliarias, es claro que al cabo del trabajo realizado por el equipo multidisciplinario de la Intendencia para abordar el tema, ha quedado determinado con total transparencia, lo que ocurre en determinadas zonas del Departamento; no en todas, pero sí en varias de alto impacto en cuanto a su valor inmobiliario, lo que nos muestra que su valor a aforo se encontraba sensiblemente por debajo de los valores actuales de mercado.-

¿ Y que implica esto?; que debamos ajustarlo de acuerdo al privilegio de ubicación que los mismos presentan. Y aquí estamos hablando de justicia tributaria. Fíjese que existen casos de viviendas suntuosas – y esto no significa estigmatizar a nadie-, con áreas de más de 1.000 mts 2, ubicadas en primera fila frente al mar en José Ignacio, que hasta el año pasado tributaban $3.618,oo; o en el Balneario El Chorro, también en primera línea frente al mar que tributaban $ 6.386,oo ; o en Balneario Solís, con casi 900mts 2, primera línea frente al mar, tributaban $ 5.200,oo.. Y a Ud. le parece que esto es justo?, cuando en la mayoría de los casos por viviendas “comunes” la gente se esfuerza para cumplir con sus tributos que muchas veces rondan entre 10 y 15 mil pesos.

Esto acontece en Maldonado, cuando sabemos de casas decorosas ubicadas -por ejemplo-, en el Brio. Guazuvirá (Canelones), en las que con suerte para ver el mar deben subirse al techo, y sin embargo, tributan más de $ 27.000,oo por año , por concepto de Contribución Inmobiliaria.

Pero ésto que le relato, no ocurrirá en todo el Departamento. Tampoco en Punta del Este. Fíjese que Maldonado cuenta con más de 130.000 padrones, y de ellos se han “tocado” solamente aproximadamente 18.000. Es decir que se han afectado poco más del 12% del universo total, en tanto el 88% de los restantes, no sufrirán modificación alguna salvo la prevista en el Art. 78 del Presupuesto vigente (IPC).

Por eso decimos que se trata ahora de instalar una verdadera justicia tributaria: detectadas las incongruencias de lo que se estaba pagando en algunos casos, aplicamos el sentido común, y ésto ocurre fundamentalmente en padrones de la costa, donde claramente existía un rezago en la actualización de sus aforos. Y estas a nuestro juicio son medidas más que justificadas. No tienen nada de extraordinario, como pudo haber sido en su momento (temporal del 23 de Agosto de 2005) un “impuesto solidario” que no prosperó.

Estas medidas que estamos llevando adelante debieron hacerse efectivas hace ya más de 10 años, pero seguramente por motivos de salvaguarda política, la anterior Administración -aunque sabía de esta situación-, no se animó a asumir los costos políticos que las mismas podrían significarle. Y aunque contrató Profesionales para su estudio, nunca las concretó.

Fue así que se dejaron de cobrar ingresos por Retorno por Mayor Valor Inmobiliario y otros tributos que los consideraron “políticamente incorrectos”. Claro, estos ingresos podían sustituirse por apoyos extraordinarios, llegados desde el Gobierno Central en su momento, lo que ahora no está ocurriendo. Seguramente para muchos no sea el mejor momento para su aplicación, pero cuando se ejerce el Gobierno en forma responsable no deben medirse costos políticos, porque estaríamos tornándolo en una inmoralidad. Sabemos a lo que nos exponemos, fundamentalmente a quienes todo lo niegan, como aquellos que no habiendo terminado de leer el informe final del TCR que convalidaba nuestros números por una deuda estructural recibida superior a 90 millones de dólares, salieron a festejar apurados por buscar réditos políticos; algo parecido a lo que ocurrió recientemente con las pruebas PISA. Son los mismos que en sus 5 minutos de “gloria” que le otorga la Junta Departamental a los partidos políticos, ejercen una suerte de “machocracia” al mejor estilo mexicano.

*Director General de Hacienda de la Intendencia de Maldonado

 

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1 COMENTARIO

  1. No puedo creer lo que leo. Cuando hablan de años excepcionales o años de bonanzas, siempre los hubieron, lo que antes del 2005 nunca les llego al pueblo y tampoco los generaban porque siempre para ellos fue mas negocio generar recesión y así crisis para hacer sus negocios. O no recuerdan que primero endeudaban a los pequeños productores y a la gente que compraba propiedades a crédito, y en complicidad con ex dueños de la llamada patria financiera, asesorada por ex ministros de economía, creaban una recesión inventada publicando en sus propios medios de prensa que se preveía una crisis por tal o cual circunstancia, la gente guardaba la plata en los colchones , caía el consumo y las inversiones y así se generaba una recesión a partir de chismes sin fundamento y se endeudaban los tomadores de créditos (ver ex deudores del BROU, campesinos casi todos). Luego los generadores de la recesión funcionarios ademas de terratenientes, compraban las tierras de los endeudados, ya sea en los remates públicos sin base o a ellos mismos por 1/3 del valor real. Además lo que llaman bonanzas son producto de una buena gestión como las crisis de una mala gestión, y de no robarse los recursos de país. Que paso con el Banco Pan de Azúcar? La Caja Obrera?, etc. Esos casos ya fueron sentenciados y los culpables estas sueltos. No le voy a perdonar a De Los Santos no haber actuado con mas celeridad en sus denuncias contra su antecesor (y actual intendente), todos sabemos que la denuncia fue encajonada por la jueza que vaya coincidencia hoy lo esta cobrando con el cargo de directora de legales de la Intendencia puesta por el mismo acusado, eso no es joda verdad?. Es increible.

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