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Pablo Mieres

Hace seis meses enviamos al Presidente Vázquez y a la nueva presidenta de ANCAP una copia de nuestro informe final con las conclusiones sobre el trabajo de la Comisión Investigadora. Tal decisión la tomamos porque lo ocurrido con ANCAP no refería solamente a aquellos aspectos que fueron enviados a la Justicia.

En efecto, los resultados de la Comisión Investigadora demostraban la existencia de tres tipos de responsabilidades que explicaban el horroroso fracaso de la gestión de los últimos años que había dejado como herencia pérdidas acumuladas de alrededor de mil millones de dólares, cifra que, para nuestra economía, es un escándalo obsceno de despilfarro y malgasto de fondos públicos.

Nos hierve la sangre cuando el gobierno sale presuroso a la opinión pública a mostrar incipientes resultados que se intentan convertir en un insólito y repentino cambio de tendencia inmediato. Nos hierve la sangre porque esos datos ocultan que desde el 1º de enero de 2015 el gobierno ha decidido trasladarle a todos los uruguayos el costo de la “fiesta interminable” determinando tarifas de combustibles muy por encima de lo que establece la propia paramétrica que posee el ente público para determinar los precios.

Cada vez que un uruguayo toma un ómnibus, usa una moto o un auto; cada vez que los productores e industriales utilizan maquinaria para su trabajo están pagando parte de la fiesta irresponsable de todos estos años. Además, todos estamos pagando los U$ 622 millones que el Estado puso en ANCAP para evitar su quiebra patrimonial. Y, ahora, muy sueltos de cuerpo salen a los medios a mostrar una repentina y veloz recuperación. ¡Qué vivos! Cargándole a la gente la cuenta y afectándole la competitividad a nuestra producción.

La catástrofe de ANCAP no se explica sólo por aquellos asuntos que tienen apariencia de delito. Esos casos fueron denunciados a la Justicia y es ella la que deberá discernir sobre las denuncias presentadas. Pero el desastre de ANCAP también se debe a horrores de pésima gestión e ineptitud y a un conjunto de irregularidades que se cometieron, violando normas legislativas y administrativas que, sin embargo, no llegan a configurar delitos.

Justamente, este aspecto es el que las actuales autoridades de ANCAP y el gobierno en pleno deben responder. ¿Qué han hecho en estos meses para corregir las irregularidades y negligencias administrativas de todos estos años?¿Han tomado las medidas correspondientes?

El reciente escándalo de ALUR, aprobando un acuerdo salarial que es una falta de respeto a todos los trabajadores del país, que fue avalado por las autoridades de ANCAP, aunque al final sólo le haya costado el cargo al Gerente General de la empresa, es un indicio de que no se están corrigiendo los desastres administrativos  y de gestión.

La información de que el único cliente de la Planta de cal de Treinta y Tres ha cerrado sus puertas y, por lo tanto, la inversión que fue proyectada en U$ 80 millones pero terminó saliendo U$ 140 millones, parece haber quedado sin objeto, obliga a las autoridades de ANCAP a explicar qué es lo que se hará para adelante.

Hace dos meses presentamos un pedido de informes reclamando conocer si las nuevas autoridades de ANCAP habían corregido las inentendibles vulnerabilidades del procedimiento de evaluación de las ofertas de compra de crudo, la compra más cara de todo el Estado uruguayo. No se nos ha respondido, por lo tanto, no sabemos si se han establecido las garantías para evitar perforaciones en la información sobre las ofertas que se presentan. No hemos tenido respuesta, a pesar de la enorme importancia y entidad del problema.

Los ejemplos mencionados llaman a una gran preocupación. El problema de ANCAP no se arregla sólo con la determinación de las eventuales responsabilidades penales (que por cierto deben establecerse), la cuestión consiste en cambiar muchas de las lógicas de gestión y de las irregularidades detectadas. Lo que ha trascendido públicamente no nos deja tranquilos, por el contrario es muy preocupante, porque parece que es muy poco lo que se está corrigiendo. Por eso hemos impulsadoel reclamo para la comparecencia de la Ministra de Industria y el Directorio de ANCAP al Parlamento.

Nos tienen que decir a todos los uruguayos qué están haciendo para corregir tanto desastre, además de cargarle la cuenta al país por la vía del aumento desproporcionado del combustible. No vamos a quedarnos a esperar simplemente el desenlace judicial de aquellos asuntos con apariencia de delito, hay muchas otras cosas para cambiar y exigiremos que esos cambios ocurran y, si no lo hacen, reclamaremos las responsabilidades políticas correspondientes.

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