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El jefe comunal nacionalista Enrique Antía descartó la existencia “de polémica alguna” por los nombramientos de cargos de confianza que ha realizado recientemente y recordó que existe una norma que habilita a la actual administración a contratar hasta un 30% del total de funcionarios que ingresan a la Intendencia por vía directa. Asimismo, destacó que estos funcionarios no quedarán como trabajadores efectivos de la comuna, sino que se irán cuando se termine su período de gobierno.

Según se sabe, antes del inicio de la Semana de Turismo Antía dispuso la contratación de un lote de personas, lo que generó la airada reacción de ediles colorados y frenteamplistas y del gremio de trabajadores de la comuna. En todos los casos, se destacó que se están designando “a dedo” personas que, a juicio de los ediles no se necesitan en ninguna parte.

Antía, en cambio, defendió la legalidad de la medida y dijo que podría haber contratado a una mayor cantidad porque se necesitan en diversas áreas, pero se optó por unos pocos que fueron destinados a lugares donde hay cosas que aún no funcionan bien “desde la pasada administración”. Señaló que en el lote de contratados hay “técnicos, inspectores, etc.”, pero todos son contratos a término.

El intendente señaló además que la IDM paga en cargos de confianza “lo mismo que en el período anterior, en cuanto a monto de dinero, con la salvedad que se nombraron cargos en los Municipios, incluso de otros partidos, para que así rinda la plata del pueblo”, dijo un mensaje comunal. Ejemplificando la situación, dijo que en San Carlos se nombraron cuatro cargos y en Piriápolis dos, “porque lo que importa es la gestión”. Además, aseguró que el primer año de su administración gastó 2 millones de dólares menos en cargos que la administración del Frente Amplio. Sobre los cuestionamientos de ADEOM, el jefe comunal evitó polemizar, pero comentó que los gremialistas están en su derecho de opinar, aunque muchas veces se alinean con la administración anterior.

Legal pero inconveniente

La pasada semana, en la Junta Departamental, el edil Carlos Flores había cuestionado el ingreso de más personas a la plantilla comunal “en uso de disposiciones establecidas en los artículos 23 y 30 del Presupuesto quinquenal de la Intendencia”. El edil dijo que “se nombraron cuatro cargos de confianza y se designó a trece personas más en cargos operativos en distintos niveles del escalafón, lamentablemente sin haber sido contratados por concurso de oposición ni de méritos sino por la simple elección directa del intendente”.

Flores no cuestionó la legalidad de la disposición comunal, pero destacó que en el último presupuesto el intendente “se adjudicó la potestad de destinar hasta un 7% del total del gasto del Rubro 0 ‒o sea, lo que gasta la Intendencia en el pago de sueldos a sus aproximadamente tres mil funcionarios‒ para pagar esos cargos de confianza”. Asimismo, recordó que el Partido Colorado y el Frente Amplio no aprobaron esa medida.

“En el caso del artículo 30, donde el intendente se reserva para sí un cupo de hasta un 30% de las designaciones que haga la Intendencia, tanto en sus propias dependencias, en sus Direcciones como en los Municipios, para hacerlas en forma directa, es decir –como dije–, sin concurso, sin ser evaluados siquiera por los jerarcas a donde van a ir a cumplir funciones estas personas y, por supuesto, sin oposición ni méritos ni evaluación ninguna acerca de la idoneidad que puedan tener esas personas para cumplir, a veces, cargos que son importantes. Uno de cada tres funcionarios entra, actualmente, en administración, porque puede ser nombrado directamente por el intendente”, afirmó.

“Está claro que estos nombramientos que se hicieron últimamente entonces, hay que decirlo, no se hacen clandestinamente ni de forma irregular ni ilegal. De ahí a que sea conveniente, es otra cosa. Por eso nosotros lo votamos, en su momento, en contra. Además, a nuestro entender es una muy mala señal la que da el Ejecutivo departamental cuando toma estas decisiones”, agregó.

Desbalanceo

Flores dijo que “de por sí, cualquier ingreso o gasto en contrataciones, de cualquier tipo, que tome una Intendencia como la de Maldonado, que destina más de un 75% de todo su Presupuesto al Rubro 0 y a gastos de funcionamiento, evidentemente desbalancea la economía y las finanzas del Gobierno departamental”.

“Para tener una idea, vean ustedes, solo en estas dos resoluciones a las que estoy haciendo referencia, que fueron firmadas antes de Semana Santa, que son la 2.466/17 y la 2.467/17, en las que se nombraron estos cuatro cargos de confianza más estas trece personas en distintas áreas, la Intendencia va a gastar alrededor de U$S30.000 por mes, lo que equivale a U$S360.000 en el año y lo que viene a ser, de acá a lo que resta de este período de gobierno, un gasto de U$S1.250.000 que va a gastar la Intendencia en el pago de sueldos de estas diecisiete personas que acaba de contratar. Repito, solo en estas dos resoluciones. Entonces, uno piensa que si a estas dos resoluciones se les suma la cantidad de ingresos que hubo hasta el momento ‒en muchas resoluciones similares‒, seguramente la cifra sería pavorosa”, alegó.

“Además, creemos que el análisis no solo se tiene que hacer desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la carga económica que tiene esto para las finanzas municipales, sino que también se tiene que hacer desde el punto de vista político, porque también se tiene que analizar la señal que se da”, agregó.

Favores recibidos

Flores también preguntó si“es bueno premiar a los militantes con cargos en la Intendencia por el hecho de haber trabajado en la campaña electoral que llevó al intendente a ser electo”.

“Fue divulgado un audio, en distintos medios de prensa y en las redes sociales, en donde una de las personas contratadas en una de estas dos resoluciones dice textualmente que fue contratado ‘porque le había sido prometido el ingreso si trabajaba en la campaña electoral’, que fue lo que él había pedido y por lo tanto se lo había ganado, que para eso había trabajado en la campaña por el candidato que resultó electo”, indicó.

“Eso no lo podemos pasar por alto porque son los vecinos de Maldonado quienes tienen que pagar favores políticos; los contribuyentes de Maldonado tienen que pagar con sus impuestos los aparatos políticos que llevan a las personas a ser electas o a pagar el aparato político que va a desplegar en la futura elección departamental en el caso de que el intendente se presente para su reelección. Yo creo que no podemos. La señal que se da no es buena y estas cuestiones hacen a las críticas ‒que a veces uno comprende‒ al sistema político en general y que, además, no distingue a quienes aplican ese tipo de medidas. Ya sabemos, cuando se empieza a criticar el sistema político lo que viene después”, dijo Flores.

“Hago notar que esto se está dando en momentos en que ‒afortunadamente digo yo‒ está en el análisis colectivo la financiación de los partidos políticos en virtud de presuntas irregularidades que ocasionaron, inclusive, la formación de Comisiones Investigadoras en el Parlamento por los casos de Fripur S.A., de Aire Fresco, de Cutcsa, también de Cambio Nelson de este departamento y de alguna otra empresa más, por el aporte que las mismas podrían haber hecho a distintos sectores de distintos partidos políticos”, señaló.

“Es bueno poner bajo la lupa otras formas que se usan para sostener aparatos políticos funcionales a determinados candidatos, muchas veces financiados desde los organismos públicos en sus más variadas maneras, y una de ellas es a través del clientelismo político y muchas veces se hace en las Intendencias”, agregó.

 

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