El fiscal Ricardo Perciballe, titular de la Fiscalía Nacional especializada en crímenes de lesa humanidad, interpuso en las últimas horas un recurso de reposición y apelación contra el fallo del pasado17 de junio del juez Rubén Félix Etcheverry Maneiro, que declaró “prescriptos” los delitos imputados al doctor José Luis Braga y el militar Víctor Héctor Stocco.
Ambos revistaron en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº4 de Laguna del Sauce y fueron acusados por la fiscalía de cometer los delitos de privación de libertad y de abuso de autoridad con los detenidos.
Los hechos fueron recordados por presos políticos detenidos entre los años 1974 y 1976 y tiempo atrás radicaron una denuncia contra varios militares, entre ellos los dos nombrados. “La Fiscalía discrepa enfáticamente con la postura asumida por la Sede, habida cuenta que ésta desconoce ostensiblemente un conjunto de normas de carácter internacional, protectivas de los derechos humanos, así como la jurisprudencia nacional e internacional que a lo largo de los años se fue construyendo en la materia. Anejo a ello, también soslaya lo resuelto en autos, así como la propia vigencia de la Ley 18.831”, sostuvo el fiscal en el recurso presentado en la sede del juzgado penal de 10º turno de Maldonado donde se sustancia la causa.

Casi cien
“Por cuanto, en los dos años y medio que se encuentra al frente de la Fiscalía especializada es la primera vez que un Juez decreta la prescripción de una causa. En dicho lapso decenas (es probable que muy cercano al centenar) de fallos de los tribunales de primer y segundo grado -con distintas argumentaciones por cierto- han resuelto que los crímenes investigados no han prescripto. Asimismo, en diversas ocasiones se ha expedido la Suprema Corte de Justicia y ha resuelto que tales crímenes tampoco han prescripto. Punto que será analizado en particular cuando se desarrolle todo lo atinente a la posición que deniega la prescripción en razón del principio de que al impedido por justa causa no le corre el plazo”, sostuvo Perciballe.
“En razón de lo que viene de verse, lo que más le asombra es que se tome una resolución de tal magnitud sin refutar un solo punto de las posiciones que los tribunales de apelaciones y aún de la Suprema Corte de Justicia han asumido al respecto. Anejo a lo anterior, se sorprende además, por cuanto toma algunas posiciones en boga (justa causa) empero, le asigna una interpretación diversa a la de los Tribunales de alzada y aún de la Corporación. Y no solo ello, sino por cuanto se recluye únicamente en la normativa nacional desconociendo de esa forma toda la de carácter internacional protectiva de los derechos humanos y la teleología que le da origen a la misma”, afirmó.

Conciencia jurídica
“Empero, lo que por sobre todo llama la atención es lo sostenido en su capítulo V ‘A este juez, su formación y conciencia jurídica le imponen aplicar el Derecho en sus justos términos, o por lo menos así intenta hacerlo, pues a ello resulta obligado en un Estado de Derecho…’ ¿qué se quiere resaltar con ello? ¿que la Fiscalía no actúa de esa manera? ¿Qué los distintos tribunales que hasta el presente, a largo y ancho del país procedieron distinto, no aplicaron el derecho en ‘sus justos términos’ y conforme a un Estado de Derecho? 7.- Por si ello no fuera suficiente, el A quo no advirtió que el punto en discusión ya fue saldado en autos”, añadió.
El expediente ahora pasará a la órbita de un tribunal de apelaciones que deberá expedirse o bien confirmando la resolución del juez en primera instancia o bien anulando su decisión.

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