Arresto domiciliario para comisario y sargento acusados de corrupción

El fallo del juez fue resuelto al finalizar la audiencia celebrada en el juzgado letrado de 1º turno de San Carlos

El juez Vital Rodríguez dispuso el arresto domiciliario del comisario Fernando Pereira y del sargento Sidney Ramos a los que la fiscalía imputó, entre otros, una serie de delitos contra la administración pública. El fallo del juez fue resuelto al finalizar la audiencia celebrada en el juzgado letrado de 1º turno de San Carlos.
El fiscal de la causa, Jorge Vaz, había imputado varios delitos contra los dos uniformados al comienzo de la audiencia de la que también participaron los abogados defensores Rafael García y Pablo Ballesta.
Al comienzo de la audiencia, el fiscal Vaz relató los hechos que llevaron a imputar varios delitos contra el comisario Fernando Pereira. Las figuras delictivas resueltas por el fiscal contra el comisario fueron las siguientes: un delito continuado de faena clandestina, reiterados delitos de abuso de funciones, un delito de omisión contumacial de los deberes del cargo, otro delito continuado de revelación de secreto y un delito de omisión de deberes de funcionario público. Vaz, paso seguido, le imputó al sargento Ramos la comisión de reiterados delitos de revelación de secretos.
El juez Vital Rodríguez admitió la imputación de los delitos tanto a Pereira como a Ramos.
Los abogados Rafael García y Pablo Ballesta anunciaron a continuación que apelarán el fallo del juez que estableció las imputaciones

Preventiva
A la hora de las medidas cautelares, el fiscal pidió la prisión preventiva por 120 días de Pereira para evitar que el oficial pueda entorpecer la investigación. En el caso de Ramos el fiscal pidió el arresto domiciliario y el retiro de la documentación personal para evitar que pueda salir del país. El fiscal entendió que la medida de prisión preventiva debería ser acompañada por la prohibición del ingreso de Pereira a cualquier repartición del Ministerio del Interior. La fiscalía pidió que Ramos fije un domicilio para cumplir un arresto de 120 días, el retiro de su documentación personal y la prohibición de ingresar a cualquier repartición del ministerio del Interior. La defensa, en la persona del abogado Pablo Ballesta, realizó una encendida exposición contra la prisión preventiva.
El fiscal ingresó en algunos temas personales al revelar que para tipificar el delito de abuso de funciones tomó en cuenta la decisión de Pereira de trasladar a una amante para que se desempeñara como su secretaria personal en la Jefatura de Policía de Maldonado. Además, el fiscal reveló un intenso intercambio de llamadas entre el comisario y el actual ministro de Turismo, Germán Cardoso.
Luego de escuchar a la fiscalía y la defensa, el juez Vital Rodríguez dispuso el arresto domiciliario total de Pereira por 90 días además de la retención de su documentación personal. En el caso de Ramos, el juez estableció un arresto domiciliario de 90 días. Al fijar su domicilio, Pereira optó por pasar su arresto en una chacra distante cinco kilómetros de la ciudad de San Carlos.
El fiscal anunció que apelará la decisión del juez Vital Rodríguez de rechazar la prisión preventiva de Pereira.