La justicia dispuso la condena de Diego Germán Souza Bonilla, de 28 años de edad, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto, uno de ellos especialmente agravado, en régimen de reiteración real. Lo envió cumplir dieciocho meses de prisión, con descuento del tiempo de detención cumplido.
El pasado 21 de marzo se registró un hurto en una panadería ubicada en Camino de los Gauchos ( que algunos llaman “avenida” y Alberto Caracará. Desconocidos ingresaron forzando una reja lateral y se llevaron comestibles varios y la caja registradora.
Al día siguiente también fue asaltado un comercio del rubro pescadería ubicado en la calle Dr. Edye. Fue en horas de la noche. Tras activarse la alarma, la denunciante constató daños en una ventana y en la caja registradora. Le robaron $U 2.000 y bebidas varias. En los registros fílmicos obtenidos fue identificado Souza Bonilla como uno de los autores, por lo que la detención fue dispuesta por la Fiscalía.

Vehículo recuperado
También fue condenado Carlos Enrique Barrera Ribeiro, de 34 años de edad, poseedor de antecedentes penales, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de receptación, a la pena de dieciocho meses de prisión. Había robado un auto.
El pasado 23 una ciudadana denunció el hurto de su automóvil marca Chevrolet modelo Chevete, que se encontraba estacionado en una calle del barrio Granja Cuñetti. Tras la investigación se estableció que el vehículo se encontraba en el fondo de una vivienda del lugar, por lo que el propietario de la casa fue conducido a la dependencia policial.

Violento y desacatado
Mientras tanto, en San Carlos, la magistrada Penal de 1er Turno dispuso la condena de un hombre de 34 años de edad, como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de desacato, a la pena de tres meses de prisión. En realidad pasará un mes de arresto domiciliario y los restantes dos meses en régimen de Libertad Vigilada. Deberá presentarse una vez por semana en la Seccional correspondiente a su domicilio.
En el mes de diciembre del año pasado un mujer denunció a su expareja por molestias e ingresos a su domicilio sin autorización. Enterada la justicia competente fue dispuesta como medida cautelar la prohibición de acercamiento entre ambos.
En el mes en curso, la denunciante se hizo presente en la Unidad Especializada denunciando amenazas de parte del mismo individuo. Una vez investigada la situación, la justicia dispuso que ambos ingresaran al programa de monitoreo mediante la colocación de tobillera electrónica, por el plazo de 180 días.