En los últimos diez años, el Banco Central del Uruguay (BCU) sancionó 123 operaciones irregulares de cambios, cuyos clientes eran “empresarios importantes y legisladores”. “He escuchado que la gente dice por ahí que los paisanos en el interior ven un cambio y les parece que es un banco. Pero a veces esas personas no son paisanos del interior, sino empresarios importantes e incluso legisladores, que deberían tener conocimiento de qué es lo que puede hacer un cambio y qué no”, comentó ayer Mario Bergara, titular del BCU al portal de noticias Ecos Uruguay.
Por supuesto, el jerarca aludía también a los clientes de Cambio Nelson, cuyo propietario Francisco Sanabria, es buscado por librar cheques sin fondo y está sospechado de lavar activos en la institución financiera.
Bergara estuvo el pasado jueves en el Parlamento para dar cuenta de las actuaciones del BCU en el caso.
El jerarca dijo que Cambio Nelson tenía registrado en su sistema informático – pero no en su contabilidad – a 379 clientes, con un saldo acreedor contra la empresa de US$ 10,7 millones, de los cuales el 80%, unos US$ 8,5 millones, respondían a 22 personas. “No era una cosa masiva de distraídos, era gente que depositaba plata en un cambio”, señaló.
Sobre ese grupo de clientes, todos personas físicas, está concentrada la investigación, con sospechas cada vez más firmes de lavado de activos. Los saldos del resto de los “depositantes” no superaban en promedio los US$ 6.000.
Por otra parte, Bergara insistió ante la comisión que el BCU nunca recibió denuncia alguna sobre operaciones no autorizadas en cualquiera de las sucursales del Cambio de los Sanabria. El presidente del BCU confirmó que hubo un notorio apartamiento de las normas de información financiera que la empresa, a través de su contador, presentaba a la entidad. Hace pocos días trascendió que el contador de la empresa no era otro que Humberto Capote, quien actuó como titular del BCU durante el último gobierno de Julio María Sanguinetti.
El cambio fue autorizado a operar en 1998, cuando su único accionista y director era Wilson Sanabria. La última supervisión del BCU tuvo lugar en 2013, cuando se detectó que el 99,7% de su actividad era exclusivamente el cambio de moneda.
“Contaba con 12 sucursales y 78 personas en planilla, con una participación del 9% del total de activos de las casas de cambio y lideraba el ranking de utilizadas con el 10% de las utilidades en el total del sistema”, explicó el portal de noticias.
La información que el cambio presentó el 30 de julio de 2016 indicaba que sus activos ascendían a US$ 40 millones y que su pasivo era de US$ 7 millones.
Datos
En la última década, el BCU realizó 356 actuaciones sobre empresas que estaban realizando operaciones de cambio sin autorización. A su vez, desde 2012 realizó 36 actuaciones de supervisión in situ sobre casas de cambio.
Del total de actuaciones, 123 terminaron con la confirmación de irregularidades y la correspondiente sanción a los involucrados. Entre 2007 y 2010 la entidad cerró cinco negocios de este tipo.
A partir de la carta orgánica de 2008, el BCU amplió su área de actividad regulatoria, sumando instituciones bancarias y de intermediación financiera, administradoras de fondos de pensión, empresas de seguros, agentes del mercado de valores y administradoras de crédito, así como también casas de cambio y empresas de servicios financieros.
Hoy el BCU tiene la responsabilidad de regular y supervisar a 500 empresas, por lo que aplica un “modelo de riesgos”, identificando cuáles son las áreas del sistema con mayor importancia.
Según cifras oficiales, existe un total de US$ 30 mil millones en depósitos en el sistema bancario, a lo que se suman otros US$ 11 mil millones de fondos administrados por las AFAP.
Juez fernandino indagará a Humberto Capote
El juez penal de 10º turno, Marcelo Souto, piensa citar como indagado al expresidente del Banco Central, Humberto Capote, que en 1998 autorizó la operativa del Cambio Nelson a Wilson Sanabria, entonces legislador colorado. En la última década, Capote era el contador del cambio y asesoraba a la empresa. El magistrado también prevé que declaren tres funcionarios que tenían cargos de responsabilidad en el cambio.
La firma de Capote aparece en los documentos aportados por la familia Sanabria a la justicia para tramitar el concurso de las empresas.
