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Por Pablo Mieres

Las vueltas de la vida determinaron que con diferencia de dos días se produjeran hechos decisivos en los procesos institucionales de los dos países sudamericanos. En Brasil culminó el proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff con su destitución y en Venezuela se produjo una manifestación histórica de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro reclamando el derecho a la realización de un referéndum revocatorio con respecto a su mandato presidencial.

En ambos casos nos encontramos enfrentados con el partido de gobierno y, con ciertos matices, con las posturas del  gobierno referidas a estas circunstancias.

La cuestión de fondo que nos separa de la postura del Frente Amplio consiste en que, mientras para esa fuerza política la cuestión principal es defender a los gobiernos de izquierda, hagan lo que hagan, porque priorizan el posicionamiento ideológico y la proximidad política por encima del respeto a la institucionalidad democrática; para nosotros, por el contrario, el respeto a las reglas de juego, al Estado de Derecho, al funcionamiento democrático y la protección de los derechos humanos, están por encima del posicionamiento ideológico de los gobiernos de turno.

El Frente Amplio rechazó el proceso de destitución de Rousseff calificándolo de “golpe de Estado” y, por el contrario, mantiene un ominoso silencio cómplice con la gestión del gobierno autoritario de Maduro que no respeta los derechos humanos ni el principio de separación de poderes, llevándose todo por delante.

Nada de lo que pasó en Brasil nos alegra. No es bueno que una presidenta electa por el voto popular sea destituida; es muy malo que el partido de Rousseff esté totalmente afectado por un gigantesco nivel de corrupción que alcanza a buena parte de sus principales dirigentes. Pero, también es muy malo que buena parte de los que han sustituido a la presidenta estén sospechados o acusados de corrupción. Lo peor es, justamente, constatar que la corrupción ha alcanzado al conjunto del sistema de partidos brasilero de manera transversal.

Pero no se puede sostener que el proceso de “impeachment” sea un golpe de Estado; todos los pasos dados han sido en observancia directa de lo que establece la Constitución brasilera, los plazos, las mayorías requeridas, las acusaciones, los tiempos de defensa. Todo se ha cumplido de acuerdo a la Constitución. No nos gustaba el gobierno del PT, tampoco nos gusta este nuevo gobierno; pero hay que respetar el funcionamiento de la institucionalidad del vecino país.

Han sido infelices los pasos dados por nuestro gobierno que, aunque no incurrió en el desatino grosero de calificar al nuevo gobierno de “golpista”, sin embargo tampoco mantuvo una postura acorde a la realidad de respeto a la institucionalidad de Brasil. La calificación de “profunda injusticia” referida a la destitución de la ex presidenta es un grave error político, que, esperamos, no sea causa de afectaciones para los intereses de nuestro país.

Lo de Venezuela es inexcusable. El silencio de nuestro gobierno es un hecho inentendible y rechazable. Un país como Uruguay que ha hecho un culto de la reivindicación democrática, está quedando en omisión de condenar a un régimen corrupto y autoritario que pisotea los derechos humanos con el mayor desprecio, con el agravante de que fue un gobierno democrático de ese país el que rompió relaciones con la dictadura uruguaya en los setenta. Un básico deber de reciprocidad indicaba marcar una línea de condena al autoritarismo caribeño.

En Venezuela no hay independencia de los poderes del Estado, no hay libertad de prensa, hay presos políticos y políticos proscriptos, el poder electoral funciona al son de las decisiones del chavismo. La enorme mayoría de los venezolanos quieren un cambio y la oposición que obtuvo dos tercios de las bancas en las elecciones parlamentarias del pasado diciembre, ha iniciado un proceso previsto en la Constitución venezolana para proceder a la realización de un referéndum revocatorio del mandato de un presidente que cuenta con más del 80% de desaprobación entre los ciudadanos.

El régimen autoritario desoye el reclamo y realiza maniobras para postergar o impedir la convocatoria ciudadana a las urnas porque saben que ese será su fin ineluctable.

Mientras tanto, el Frente Amplio apoya a Maduro y a su régimen corrupto y autoritario y el gobierno de Vázquez prolonga un condenable silencio ante los desmanes de ese régimen declinante.

Estamos en la vereda de enfrente porque para nosotros el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución, la democracia y los derechos humanos están por encima de la ideología política de cualquier gobierno.

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