Cámara Baja debe analizar recurso de vecinos contra el hotel que autorizó la IDM

 

Recordando que las intendencias y municipios “son órganos desconcentrados, no descentralizados y mucho menos autónomos en el sentido funcional”, vecinos de La Barra y El Tesoro que se consideran perjudicados por la autorización cedida por la IDM para construir un hotel junto al edificio Delamar, presentaron un recurso a la Cámara de Representantes para que invalide tal disposición. El reclamo se basa en el art. 303 de la Constitución, según el cual, “los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal contrarios a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán apelables para ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su promulgación, por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento”. En este caso, más de 1.700 vecinos apoyaron el recurso.
El escrito pidió declarar la nulidad absoluta del acto del gobierno Departamental de Maldonado identificado como “Resolución Nº 6907/2018 en expediente de la Intendencia de Maldonado Nº 2017-88-01-13004 , Acta Nº 1507/2018, dictado con la anuencia de la Junta Departamental de Maldonado identificada como Resolución Nº 266/2018”. Esa decisión, que la Junta aprobó el pasado 14 de agosto, concedió anuencia “para desafectar del dominio público el pasaje peatonal existente entre los padrones Nros. 17637 y 15001 de la localidad catastral El Tesoro, cuya área es de 276m2 35dm2 y permutar el mismo por el padrón 16044, compensándose monetariamente a favor de la Intendencia Departamental de Maldonado, por un valor global de U$S 105.000,00. La desafectación de pasaje peatonal se efectúa a solos efectos de su incorporación al padrón lindero Nº 15001. Lo recaudado por este concepto se integra al Fondo de Gestión Territorial del Departamento de Maldonado”.

Normas violentadas
Por lo demás, la resolución dio conformidad a una consulta de viabilidad para construir un hotel junto al edificio Delamar. La posibilidad de que la construcción bloquee la vista del arroyo, indignó a los propietarios de chalets ubicados enfrente y a los viejos vecinos de La Barra y El Tesoro. Al punto que en apenas dos días reunieron casi el doble de las firmas requeridas para presentar el recurso.
El escrito sostiene que “el acto impugnado violenta normas de orden público hoy vigentes desde la aprobación de la Ley 18.308 de fecha 18/06/2008. El acto de gobierno impugnado, lo que aprueba es un reparcelamiento en un polígono de actuación en la manzana 80 de la localidad del Tesoro”, sostuvo el recurso.
“Para hacer este tipo de actuación territorial se debe respetar el marco normativo actual de las competencias de los Gobiernos Departamentales; el acto de gobierno impugnado lo violenta, en tanto que incumple con normas expresas que regulan el reparcelamiento en perímetros de actuación y la carga de ceder parte del mayor aprovechamiento urbanístico obtenido por el cambio de normativa”; señaló.
El recurso también historió meticulosamente los “antecedentes del acto de gobierno impugnado: sus irregularidades y coincidencias”, desde que existía en el lugar un local bailable de nombre “La Morocha”. Según se afirma, ya en 2003 propietarios de inmuebles de esa zona iniciaron una demanda contra la IDM “por los daños y perjuicios” que les causaban “los incumplimientos sistemáticos de la normativa vigente sobre zonificación comercial en el tesoro y la Barra”. En ese momento, hubo un acuerdo por el que la IDM se obligó a no “autorizar ninguna actividad comercial en los padrones que conforman la referida manzana de El Tesoro”.
En el año 2005, el local bailable fue demolido, porque la empresa Meltony SA, propietaria del Delamar había adquirido el inmueble para desarrollar un proyecto edilicio. Ese mismo momento “se produce la fusión que origina el actual padrón 17637”, recordó el escrito.
La IDM, que entonces también encabezaba Enrique Antía, permitió entonces a la empresa realizar “el reparcelamiento de los padrones 1039, 15000, 15001 y 16044 de la Localidad el Tesoro, desafectando del dominio público calles públicas que se integraban los predios privados, mejorando notoriamente el aprovechamiento urbanístico de los mismos”. Luego, la IDM “aprobó las construcciones en dichos predios, con la salvedad de que como condición para su efectiva construcción”, se requería “la previa aprobación del reparcelamiento del inmueble con la incorporación de las calles como bienes privados”.
Esa resolución fue revocada por la administración de Óscar de los Santos del 24 de agosto de 2005, cuando se ordenó la “detención de todo tipo de obras en los inmuebles”. Además, la Asesoría Notarial de la IDM constató “que la desafectación de los bienes públicos no contaba con los requisitos legales que la ley y la Constitución establecían como indispensables”.

A escena
Según se cuenta en el escrito, Meltony S.A. “dedujo acción de amparo ante el Juzgado Letrado de 5to Turno de Maldonado” contra esta medida, pero desistió luego “ante la evidencia de su fracaso”. Más tarde “se dicta la resolución 4233/2006 autorizando la continuación de las construcciones en los padrones 1039 y 15000. Respecto a este acto administrativo Meltony S.A. inició acción de Nulidad ante el T.C.A. , la que se sustanció en expediente 476/2007. Por sentencia Nº 773 del 28 de setiembre de 2010, el T.C.A. desestimó la demanda de nulidad contra la Resolución Nº 4233/2006”.
“En mayo de 2011 Le Villach S.A. inicia acción de daños y perjuicios contra la Intendencia de Maldonado, que se sustancia ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 6º Turno, IUE 290-139/2011. El fundamento de la demanda es que Le Villach S.A. es promitente compradora de los padrones 15001 y 16044, de la manzana 80 de la Localidad Catastral el Tesoro; estos padrones formaban parte del proyecto original de Meltony S.A., que en su momento fueron aprobadas por las resoluciones antes referidas números 1916/2005 y 2054/2005, después revocadas. Su fundamento para accionar contra la IDM era que cuando prometieron comprar las citadas resoluciones estaban vigentes; su revocación les generaba un perjuicio, dado que en los inmuebles se emplazarían locales comerciales, que a la postre en razón de la resolución 4233/2006 no se autorizaron. Por sentencia interlocutoria del 16 de junio de 2015, la sede judicial desestimó la demanda. Dicha sentencia fue confirmada por sentencia de segunda instancia Nº 27/2016 del 27/4/2016 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno”, explicó el documento.

“Velos jurídicos”
A juicio de los vecinos, “ambos pronunciamientos, en sus considerandos, denuncian la relación entre Meltony S.A. y Le Villach S.A., que resultan evidentes velos jurídicos para esconder los verdaderos sujetos activos con intereses económicos en el tema: el Sr. Enrique Etchebarne y su representante legal, el Dr. Basso. El permiso de construcción que finalmente se concedió para habilitar la construcción de un edificio en el actual padrón 17637, fue dado por la resolución 4233/2006”.
“El acto administrativo además de autorizar tres bloques de vivienda residencial en propiedad horizontal, autoriza en forma precaria y revocable la instalación de un local para la venta de unidades de propiedad horizontal en construcción, que deberá ser retirada una vez culminada la obra. Es un hecho público y notorio, que hasta la fecha el local no fue demolido (nota: fue demolido el viernes pasado); ello a pesar de varias denuncias de múltiples actores locales y de las reiteradas intimaciones realizadas por la IDM. El local no fue desmontado, además en verano, se le dio un uso comercial como es también publico y notorio y fue constatado por el Municipio de San Carlos. Ello dio motivo a que la IDM iniciara ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 6º Turno, contra Meltony S.A. y Le Villach S.A. (en mérito a su aparente condición de promitente compradora de algunos de los inmuebles que formaron parte del proyecto original) en expediente IUE 290-34/2015, demanda para demoler la construcción en base al Art. 69 de la ley 18308 . En ese proceso comparece el representante legal del Sr Etchebarne manifestando que Meltony S.A. no tiene legitimación activa porque está en concurso de acreedores”, dijo el recurso. “En el juicio se presentó el síndico del concurso conjuntamente con la Intendencia solicitando suspensión transitoria del proceso. Por su parte Le Villach S.A., manifestó en el juicio que no tenía legitimación activa porque no es promitente compradora del inmueble donde se encuentra la construcción que se pretende demoler”, agregó.

El extenso escrito detallas varias otras situaciones ocurridas en torno al padrón en el que se pretende construir un hotel. Uno de los aspectos más relevantes que considera el documento es la “violación de normas constitucionales sobre competencia de los gobiernos departamentales en materia de ordenamiento territorial”.
“Este es, un ejemplo mas, de la reciente experiencia de la política de excepciones al ordenamiento territorial implementado por el gobierno departamental de Maldonado, por medio de decretos departamentales que dejan sin efecto las Directivas Nacionales de Ordenamiento Territorial.1 En un año se aprobaron cerca de 40 excepciones a la planificación territorial de diferentes tipos (principalmente alturas y factor de ocupación del suelo) en terrenos de Punta del Este, La Barra, Manantiales y Piriápolis cercanos a la costa. No existió para ello ningún instrumento previo, como por ejemplo un plan parcial de desarrollo territorial ni programa de actuación integrada (PAI). Las excepciones simplemente contradicen las Directrices Departamentales o a la propia ley Nº 18 308 de 16/ 08/2008 (en adelante LOTDS). El argumento para su aprobación es la falta de trabajo, cuestión que hasta el momento no ha sido solucionada porque la gran mayoría de las obras aprobadas no han comienzado, demostrando una vez más ser movimientos internacionales que apuestan a la especulación inmobiliaria y no a las acciones reales que generen desarrollo local”, dijo el escrito.
A juicio de la defensa, “existieron claras violaciones” a varios “principios del derecho, en especial, los que refieren a la razonabilidad de las excepciones que resultan claramente excesivas en cuanto a todo lo que avasallan: normas expresas, paisaje caracterizado urbano, derechos adquiridos de vecinos, generación de problemas urbanísticos de circulación y tráfico en una zona como la Barra con graves problemas , entre otros”.
Por otra parte, entre muchos otros aspectos, el recurso consideró que “nada justifica conceder importantes beneficios a un grupo económico, cuya cara visible son sociedades anónimas en concordato ( Meltony S.A.), que oculta a una persona física: Enrique Etchebarne, quien ha demostrado, históricamente, mala fe en relación al Gobierno de Maldonado; ello se manifiesta por: reiterados incumplimientos de sus resoluciones y por diferentes accionamientos judiciales en contra de la Intendencia, que siempre ha perdido”.