Finalmente, once meses después de que se pusiera en funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad en Punta del Este y Maldonado, el jefe comunal Enrique Antía y un grupo de jerarcas de la comuna se presentaron en la Junta Departamental para dar cuenta a los ediles de todos los detalles del contrato que la IDM firmó con la empresa Elbit Systems para instalar todo el sistema de seguridad en la zona. Al cabo de varias horas de interpelación, se dice que la sesión completa duró unas once horas, la IDM no tuvo inconveniente en colocar en su página web el contrato en vigor, excepción hecha de algunos aspectos confidenciales.
Así se supo que ya hay un 93% de las cámaras instaladas y que la firma extranjera tiene plazo hasta julio del año próximo para culminar sus trabajos. También se informó que las cámaras han dado buenos resultados por cuanto se han reducido notoriamente los arrebatos -un 54%- y las rapiñas -un 31%. El Centro de Monitoreo de Videovigilancia de Maldonado, sito en el viejo local de Círculo Policial, se habilitó con más de 300 cámaras operando en Maldonado y Punta del Este el día 27 de diciembre 2016. En esa ocasión hubo un acto en el que participó el ministro interino del Interior Jorge Vázquez.

Debates
En el curso de los dialogados, el prosecretario de la IDM, Álvaro Villegas, dijo que para contratar el sistema “la administración comunal trabajó en convenio con el ministerio del Interior al amparo de varias normativas”. Agregó que la secretaría de Estado y la intendencia “marcaron el rol que tendría la empresa Elbit Systems en el proceso”. Villegas leyó la resolución 088/10 de 2017 por la que el intendente dispuso la reproducción de los documentos referentes al sistema, contratos y otros, por lo cual momentos después todo fue subido a la página web de la intendencia.
Sobre la medianoche, el presidente de la Junta, Rodrigo Blás, solicitó un cuarto intermedio: el jueves era el cumpleaños del intendente. Más tarde, los ediles del Frente Amplio cuestionaron que se hubiera difundido el documento del contrato con la empresa israelí que ante la justicia se había mantenido oculto por su carácter de “reservado”. Además, alegaron que ahora se publicó documentación de terceros que podrían generar acciones contra la administración.
En tanto, el edilDelgadopidió la renuncia de la directora de Asuntos Legales, Adriana Graziuso, a quien acusó de negar sistemáticamente la información que se hizo pública en la madrugada de este jueves. En respuesta, el secretario comunal, Diego Echeverría, consideró “poco serio que todas las semanas pidan la renuncia (desde el FA) de un director”.
Villegas hizo alusión al cuestionamiento de algunos ediles sobre la conveniencia de dar a conocer los detalles del contrato. Según afirmó, la confidencialidad regía para algunos anexos del documento. También advirtió que los ediles tienen los detalles de financiación del proyecto en la Rendición de Cuentas.
Por último, el director de Planeamiento Roberto Chiacchio discriminó el monto de la inversión que realiza la IDM en sus diferentes etapas. En total gastará 21:865.812 dólares, afirmó.
Finalmente, cuando todos los participantes se caían de sueño y cansancio, la mayoría nacionalista encontró “satisfactorias” las explicaciones del jefe comunal. Todo lo contrario opinó la banca opositora. Al término de la sesión, el presidente de la Junta, Rodrigo Blás, consideró que todo fue un “diálogo de sordos”.
Con el correr de las horas varias figuras del Frente Amplio y del Partido Nacional fueron vistas en la barras de la sala de sesiones. Darío Pérez estuvo al principio, cuando también fue vista Susana Hernández y el exdiputado Pablo Pérez. Más tarde estuvo Óscar de los Santos. También estuvieron los alcaldes Andrés Jafif y Fernández Chávez y algunos directores de la comuna.