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En enero de este año un grupo de personas se robó una grúa del Puerto de Montevideo, un artefacto que se moviliza a muy baja velocidad y muy lentamente, sin embargo salió del predio portuario en medio de la siesta estival sin que nadie lo evitara, ni lo advirtiera. Recién varios días después se denunció el robo y luego de ciertas investigaciones, la máquina fue encontrada en un barrio montevideano y los responsables fueron detenidos. Pero ¿quién o quiénes fueron los funcionarios que estaban a cargo de la custodia de la explanada portuaria?

Hace un tiempo, se hizo público que el Banco de Previsión Social había liquidado por error, las licencias de trabajadores de la construcción por más valor de lo que correspondía de acuerdo a las leyes. Durante largos años se había continuado esta modalidad que representó un perjuicio millonario para esa repartición del Estado. Todavía no se ha resuelto el problema porque la dirigencia sindical del SUNCA se opone a la devolución de lo cobrado indebidamente. Pero, ¿quiénes fueron los funcionarios que cometieron en forma continuada tal error de magnitud? ¿por qué se equivocaron? ¿nadie los supervisaba?

En estos días nos enteramos de que la empresa colateral y, además, fuertemente subsidiada por ANCAP, ALUR había pagado por error una factura en pesos por su valor nominal en dólares. Es decir que había pagado treinta veces más de lo que correspondía. Aunque parezca insólito se pagaron cien mil dólares cuando se debían pagar cien mil pesos. Parece un mal chiste, pero es verdad.

Esto ocurrió a mediados del año pasado y fue hecho público recién hace pocos días. La empresa favorecida se niega a devolver lo cobrado de más y los empleados de ALUR responsables de esta insólita “equivocación” fueron separados de sus cargos para dar paso a una investigación administrativa.

La semana pasada cerró el Cambio Nelson repentinamente en Maldonado dejando un tendal de damnificados. Los perjuicios, como resultado de las maniobras, llegarían a superar los diez millones de dólares. Su dueño se dio a la fuga y todo indica que habrá importantes daños en toda la zona. Algún dirigente político dijo que “todo el mundo sabía que esta empresa actuaba de manera ilegal”. A nosotros no nos constaba, pero lo cierto es que el Banco Central del Uruguay tiene a su cargo el contralor de este tipo de instituciones y no se enteró a tiempo de la situación ocurrida. ¿Quién tiene a su cargo el control de las casas de cambio? ¿No había forma de detectar a tiempo la existencia de las maniobras?

Finalmente, como si fuera la frutilla de la torta, nos enteramos que se venía realizando una maniobra desde hace seis años contra el FONASA que podría representar un perjuicio de varios millones de dólares para el Fondo. Ya hay seis personas procesadas y todavía no es posible determinar el alcance de la estafa. Parece haber implicadas numerosas personas y hay indagatorias entre funcionarios del BPS y de las mutualistas. ¿Nadie se dio cuenta en el BPS que se estaba pagando mal? ¿No había forma de prevenir una maniobra de este tipo? ¿Quiénes son los encargados de controlar la gestión de esta área del BPS?

¿Cuál es el factor común de todos estos episodios? La incapacidad de contralor y de prevención de los daños y de las actividades delictivas. Es realmente pasmosa la incapacidad o ineptitud de los diferentes organismos e instituciones públicas para ejercer un control enérgico, oportuno y serio sobre los recursos que son de todos los uruguayos.

Nos han “afanado” a vista y paciencia de todo el mundo, sin que los encargados de evitarlo cumplieran con su labor. La sensación es que no existen controles, que hay un relajamiento del funcionamiento de algunas instituciones públicas y que cualquiera se “la lleva” sin que nadie parezca darse cuenta.

Es muy grave lo que nos está pasando. Porque la tarea no es sólo castigar a los que estafaron, robaron o actuaron para su propio beneficio; la tarea también consiste en determinar las responsabilidades por omisión de quienes tenían la responsabilidad de controlar y no lo hicieron.

Los que fueron “jopeados” deben demostrar que actuaron con diligencia, que los hechos ocurridos no fueron facilitados por la negligencia de quienes tenían a su cargo el control de las respectivas actividades.

Pero cuesta entender que el BPS no se enteró durante seis años de que lo estaban estafando, cuesta entender que en ALUR demoraran meses en darse cuenta que pagaron en dólares una cuenta en pesos, cuesta entender que nadie en el Puerto haya visto “fugarse” una grúa, cuesta entender que en el BPS nadie se diera cuenta que liquidaban mal los subsidios por licencia de los trabajadores de la construcción.

Cuesta entender tanta indolencia de tantos servidores públicos que cobran sus sueldos a cargo de la plata que ponemos todos los uruguayos. Alguien tiene que mandar “a parar el relajo”. Alguien tiene que señalar con energía que estas cosas no pueden ocurrir.

Estamos tocando el límite de lo tolerable. No da para más.

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