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Por  Pablo Mieres

El año político ha comenzado con un énfasis inusitado en el debate sobre la próxima Rendición de Cuentas. Lo curioso es que aún no existe ningún contenido definido, ni se ha avanzado en definiciones sobre cuáles serán las pautas que guiarán esa normativa.

¿Cuáles son entonces las causas de esta discusión precoz?

En primer lugar porque el gobierno no tiene agenda, ni iniciativas relevantes en ningún campo de actividad, por lo que la discusión pública deriva hacia lo único cierto que es la próxima discusión parlamentaria sobre el presupuesto del Estado. En segundo lugar porque el gobierno decidió hace dos años que no presentaría una propuesta de presupuesto quinquenal sino que la iniciativa fue por dos años y por lo tanto esta rendición de cuentas tiene el carácter adicional de definir el presupuesto por el resto del período, lo que aumenta su relieve. En tercer lugar porque el gobierno perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y eso agrega un nivel de incertidumbre mayor sobre la posibilidad de obtener la aprobación parlamentaria de su propuesta. En cuarto lugar, porque esta discusión ocupa el vacío informativo propio de esta época del año.

De todos modos se trata de una discusión que, aunque prematura, ya permite señalar los problemas que estarán sobre la mesa en los próximos meses.

El primer asunto está relacionado con el gasto público. De acuerdo a los objetivos planteados por el gobierno, en este año se deberían promover nuevos incrementos de gastos en diferentes áreas, tales como la educación y el sistema nacional de cuidados. Sin embargo, el déficit fiscal existente, que ha trepado al 4% del PIB, indica que los márgenes de maniobra para incrementar el gasto son inexistentes.

La única alternativa para solventar nuevos gastos es el incremento de ingresos, y este sólo puede surgir de un nuevo impacto fiscal mediante el incremento de la carga tributaria o seguir aumentando las tarifas de los entes públicos. Las dos opciones son altamente inconvenientes y afectarían aún más la actividad económica y las condiciones de competitividad de nuestro país.

Por otra parte, la metodología propuesta por el gobierno implica un proceso de diálogo y construcción de la propuesta presupuestal en conjunto entre el propio gobierno y su partido. Como sabemos desde hace muchos años, ese proceso de acuerdo es arduo y en caso de alcanzar un consenso, este sería de un alto grado de inestabilidad. Es decir, que una vez acordado no admitiría correctivos sin que impliquen perder apoyos legislativos en su propia bancada.

Así ha sido desde hace años, cuando el Frente Amplio finalmente alcanza un acuerdo no tiene margen para tocar nada porque pierde apoyos internos, lo que le impide negociar con terceros ajenos al gobierno.

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en esta oportunidad? Que aunque el Frente Amplio y el gobierno logren ese complejo acuerdo, no alcanza para que se convierta en ley porque no poseen la mayoría parlamentaria que tenían en años anteriores.

El problema es que la suma de cualquier apoyo de alguno de los partidos que no estamos en el gobierno no admitiría modificaciones a la propuesta original, por lo que en los hechos sería imposible alcanzar apoyos externos al propio gobierno; y si se proponen cambios estos podrían generar el rechazo de legisladores propios y, por lo tanto, tampoco obtener la mayoría requerida.

En este panorama, no debe descartarse que el gobierno esté evaluando las ventajas de que no exista mayoría parlamentaria y no se apruebe la rendición de cuentas, lo que le permitiría evitar asumir compromisos riesgosos de aumento del gasto y responsabilizar a la oposición por no obtener los respaldos parlamentarios requeridos.

En lo que a nosotros respecta, ya lo hemos dicho con claridad.

En caso de que el gobierno busque el diálogo con nuestro partido, lo que no ha sido planteado hasta ahora, hay dos asuntos que son ineludibles.

No es posible ni viable aumentar la carga tributaria ni aumentar el gasto público puesto que sería muy gravoso y negativo para el país, lo que en principio nos separa de la postura inicial del gobierno.

Pero, además, el apoyo debe estar vinculado con alguna señal de cambio sustantivo en la política educativa. A este gobierno le quedan tres años, y es muy triste imaginar que el Presidente ya ha renunciado a cambiar la educación, porque ese es el resultado inevitable si las actuales autoridades siguen en sus puestos y la inercia decadente en que está sumida la enseñanza continúa sin cambios.

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