Perdí la cuenta ya de cuántos periodistas han intentado, en vano, que alguien del gobierno o de la empresa UPM acepte debatir en público con quienes objetamos al proyecto UPM2.

No hay caso, y me consta. Es una negativa tras otra. Nadie saca la cara por el “Contrato ROU UPM”. Mejor dicho, la sacan para difundir el discurso oficial, lustroso y falso como propaganda de refrescos cola: “La mayor inversión, 8.000 puestos de trabajo, recuperar el ferrocarril, dinamizar una zona deprimida del País”.  Pero nadie se anima a defender ese discurso ante quienes estén dispuestos a demolerlo con argumentos.

Es natural entonces que todo el proceso de UPM2 haya sido una sucesión interminable de secretos, mentiras y ocultaciones.

Empezó cuando Tabaré Vázquez, hace ya años, anunció con bombos y platillos “la mayor inversión privada de la historia”, con un monto total de 4.000 millones de dólares, de los cuales Uruguay tendría que invertir 1.000 millones en infraestructura.

Después vino la negociación del “contrato”, en secreto. El 7 de noviembre de 2017, cuando pudimos conocer el resultado, la sorpresa fue mayúscula: los mil millones de dólares, que deberemos pedir prestados, se habían convertido en casi 4.000, y la inversión de la empresa se redujo a 2.000 y pico millones.

Para empezar, entonces, “la mayor inversión privada de la historia” se convirtió en la mayor inversión pública de la historia, con la particularidad de que Uruguay no tendrá parte en el negocio ni en las ganancias, y de que además exonerará a UPM de los impuestos que pagan el resto de las empresas y de los trabajadores uruguayos.

¿Cómo “vendernos” ese negocio inadmisible?

Bueno, claro, la alternativa era mentir. Y, sobre todo, ocultar. ¿Cuántos uruguayos iban a leer un contrato de más de 90 páginas, redactado en forma deliberadamente rebuscada y confusa, de modo que las excepciones aparezcan como si fueran reglas y las reglas como si fueran excepciones?

Un contrato de mala redacción y difícil lectura es el mejor escondite. Permite dar verbalmente una versión falsa de lo acordado. Así fue posible decir que se iban a crear 8.000 puestos de trabajo, aunque el texto del “contrato” prevea apenas “picos de 5.000” durante la construcción de la planta (que una vez en funcionamiento ocupara a pocos cientos de trabajadores, muchos de ellos extranjeros). Permite decir que UPM2 generará un aumento del PBI de un 2%, ocultando que ese aumento es sólo en los papeles, porque, como la empresa está exonerada de impuestos, no aportará al Uruguay nada comparable a lo que aportan las empresas uruguayas.

Después vinieron mentiras cada vez más burdas, como que “El tren no es para UPM, sino para toda la producción del País y para el transporte de pasajeros”, pese a que el “contrato” establece expresamente que las vías deberán estar a disposición preferencial de UPM “24 horas al día, los 365 días del año”, y que la empresa podrá anunciar sus frecuencias con sólo 24 horas de anticipación. ¿Cómo hacer contratos con otros usuarios o vender pasajes si no se puede saber en qué horario estará disponible la vía?

Hay otras cosas que no se dicen, como que habrá que comprarle obligatoriamente a UPM la energía eléctrica que le sobre, y que el Río Negro estará también a disposición de la empresa, puesto que se le garantiza un “flujo mínimo” que sólo podrá obtenerse aumentando la cota de la represa del Rincón del Bonete y poniendo su funcionamiento a disposición de UPM.

La sucesión de ocultamientos y falsedades tuvo su último capítulo –por ahora- con la modificación secreta del “contrato”, en abril de 2018, para adecuar el precio del transporte de celulosa establecido en la versión en castellano al establecido en la versión en inglés, que es diez veces menor.

La postura oficial sobre el punto es que el precio realmente acordado era el de la versión en inglés, y que caballerescamente se adecuó la versión en castellano para cumplir con la palabra dada. Todo bien, pero, ¿por qué ocultar esa acción supuestamente honorable? ¿Por qué dejar que los uruguayos creyéramos que el precio del transporte sería mayor, tal cual lo dice la versión en castellano publicada en la página oficial de Presidencia, si hace más de un año que se sabe que eso no es verdad?

Este último episodio nos lleva a lo que hay en el fondo de todo el asunto UPM2: el olvido, por parte de los gobernantes, de que son meros representantes, gente que actúa en nombre de todos los uruguayos y que no tiene en sus manos la autoridad para decidir en secreto.

Todo el proyecto UPM2, además de ser un pésimo negocio, es redondamente inconstitucional. Fue hecho por el Poder Ejecutivo excediendo sus facultades constitucionales y esquivando a la opinión pública y al Parlamento.  La ocultación y la mentira sólo confirman la mala conciencia con que se ha actuado.

Si UPM2 se llevara a cabo, generaría grandes daños al Uruguay.  Le daría a UPM un régimen de estabilidad jurídica que implica sacrificar la soberanía nacional, expondría al País a demandas internacionales ante tribunales del Banco Mundial; afectaría negativamente a la tierra y al agua mediante el monocultivo y la contaminación; condicionaría nuestras políticas de desarrollo y nuestros planes de estudio al interés de UPM. Pero, antes de hacer todo eso, nos ha causado ya un daño tanto o más grave.

La vida republicana y democrática requiere el acceso a información clara y confiable por parte de los ciudadanos. Es imposible opinar y decidir sobre cualquier tema sin contar con datos fidedignos sobre la realidad.

Si quienes ejercen el poder político ocultan y callan, o mienten, están haciendo imposible la vida democrática y republicana. Es así de sencillo. E incluyo en este reproche a muchos miembros de la oposición política, que también saben y callan.

Mucho antes de dañar a nuestra soberanía, a nuestra economía, a nuestra tierra y a nuestra agua, el negocio UPM 2 ha contaminado algo muy importante: la confianza pública en la información que nos llega desde nuestros representantes políticos.

Una de las peores formas de envenenar la vida social.