Columna de opinión: “Presos y adictos”, por Pablo Mieres

Si el país no invierte seriamente en la rehabilitación de las personas privadas de libertad y en la prevención y recuperación de las personas adictas a las drogas, no habrá una recuperación sostenida de las condiciones de convivencia y seguridad de nuestra sociedad.
Sabemos que decir estas cosas puede tener costos políticos. La gente reclama “mano dura” y soluciones inmediatas ante la gravedad de la inseguridad, y esto no está mal. La capacidad de represión de nuestro aparato de seguridad policial debe mejorar sustancialmente y ya hemos dicho muchas veces que debe profundizarse en la profesionalización policial y recuperar una presencia activa en el territorio en base a una red fuerte de comisarías en los barrios y pueblos a lo largo y ancho del país.
Decir que nuestro país debe dirigir recursos a la política penitenciaria para promover la rehabilitación de las personas privadas de libertad genera reacciones negativas en la opinión pública. Mucha gente se niega a volcar esfuerzos con respecto a las personas que cometieron delitos, sin embargo no sólo porque debemos seguir compartiendo valores en los que la integración social y la rehabilitación debe ser un mandato ineludible, sino también por un objetivo utilitario que implica que la seguridad se recupera en la medida que las cárceles dejen de ser una “universidad del delito” y que la experiencia de la prisión sea sólo la antesala o la continuidad de la vida delictiva de quienes están presos.
Esto es hoy así. Es más, es una vergüenza que la cárcel supuestamente modélica inaugurada a comienzos de este año, ya se haya convertido en un nuevo lugar de fracaso de la rehabilitación, con suicidios y homicidios, así como episodios de abuso de la guardia policial sobre los presos. El Comisionado Parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, presentó dos denuncias penales en estos pocos meses por graves hechos ocurridos en la supuesta cárcel modelo.
Si no cambiamos urgentemente las condiciones carcelarias, no hay futuro sostenible para la recuperación de la seguridad. Pero, además, nuestra sociedad no habrá cumplido con su mandato humanitario de destinar sus esfuerzos a la rehabilitación de quienes han cometido delitos.
El fracaso de los gobiernos del Frente Amplio en este campo resulta brutalmente evidente. Un verdadero desastre. Y a pesar de que desde hace dos años existe consenso en el sistema político sobre la necesidad de crear un Instituto Nacional de Rehabilitación separado del Ministerio del Interior bajo la forma de un Servicio Descentralizado, ningún paso efectivo se ha dado.
Resulta muy evidente que no es bueno ni adecuado que sean policías los que se encarguen de rehabilitar a las personas privadas de libertad. La policía es la encargada de prevenir y reprimir el delito, esa es su función esencial y debe cumplirla con eficacia; pero no deben ser los mismos los que trabajen en la rehabilitación de los presos, esta es una tarea sustancialmente diferente para la que se requieren cualidades y aptitudes totalmente diferentes.
Así era en nuestro país hasta 1971, cuando como consecuencia de la fuga de los tupamaros de la cárcel de Punta Carretas, se resolvió, en tiempos muy excepcionales, pasar el control de las cárceles al Ministerio del Interior.
El esfuerzo por la rehabilitación implica, de manera imprescindible, crear las condiciones en los tiempos de reclusión de que la persona privada de libertad pueda prepararse para un retorno a la vida en libertad con posibilidades efectivas de inserción.
Nada se puede esperar si el tiempo de cárcel es tiempo de tortura, hacinamiento, pérdida de lazos sociales, sin posibilidades de trabajo y/o estudio. Nada se puede esperar si dentro de las cárceles, los presos siguen delinquiendo, incluso dirigiendo actividades delictivas y generando lógicas mafiosas de convivencia. Nada se puede esperar si el preso sale de la prisión sin vínculos sociales y con cien pesos en el bolsillo. Lo único esperable es que el recién liberado vuelva al círculo vicioso de la delincuencia, probablemente con mayor especialización.
Las perspectivas de la recuperación de la seguridad están, sin dudas, condicionadas a la creación de condiciones reales de rehabilitación. Esto debe ser parte de las iniciativas a impulsar en el próximo período de gobierno.
Pero, también existe un estrepitoso fracaso del gobierno en la política dirigida a las personas que sufren de adicción a las drogas. Es muy obvio que el incremento de personas que viven en la calle está directamente relacionado con la adicción y la ausencia total de una política de respuesta a los miles de adictos que existen en nuestro país.
El “Portal Amarillo” es casi la única respuesta existente por parte del Estado para atender a quienes viven el infierno de la adicción. Se trata de una respuesta insignificante, absolutamente insuficiente y que no forma parte de una política sistemática, ordenada y acorde a la dimensión del problema.
La incapacidad de proponer e instrumentar una política específica para las personas adictas es tan evidente que “rompe los ojos”. Las familias, los amigos, el entorno social de un adicto es, en la mayoría de los casos, incapaz de dar una respuesta efectiva y suficiente ante la problemática y las consecuencias que esta genera.
Son muchas las personas que viven una tragedia al tener que enfrentar los graves problemas que un adicto genera en la convivencia familiar. Esto se ve agravado por la ausencia casi total del Estado para responder a esta grave problemática.
¿Queda alguna duda de que la falta de una política efectiva frente a las adicciones es una grave omisión del Estado? ¿Queda alguna duda de que esta ausencia es otro factor de promoción de la crisis de convivencia social y alimenta el desarrollo de la delincuencia, en la medida que existe un mercado creciente de personas que buscan desesperadamente la droga de la que dependen?
Son muy graves estas deficiencias y fracasos de las políticas de gobierno. Cualquier esfuerzo profundo y serio por la recuperación de la integración de nuestra sociedad y de la calidad de vida de nuestra gente, implica necesariamente la ejecución de políticas sólidas y profundas en el plano de la rehabilitación penitenciaria y en el plano de la rehabilitación de las personas que sufren de adicciones.