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La vida a veces se encarga de generar paradojas sorprendentes.

El domingo pasado falleció el querido Alejandro Atchugarry, un referente de la ética en la actividad política reconocido por dirigentes políticos y ciudadanos de todos los partidos.

Cuatro días después, el jueves, se fugó del país, dejando una estela de estafas e ilegalidades que todavía no se sabe a cuánto ascienden, Francisco Sanabria dirigente partidario y suplente de un diputado.

Lo mejor y lo peor de la política en la misma semana

Alejandro, a quien tuvimos el enorme placer de conocer y tratar en varias oportunidades, incluso luego de su retiro de la actividad política, se nos fue dejando el ejemplo de lo que es la política con mayúsculas. La que debe ser siempre.

No dudó en dedicar todas sus energías y aún más, para sacar al país de la más profunda crisis de la que tengamos memoria en el Uruguay moderno. Sin pedir nada a cambio, trabajó de manera impresionante; dialogó con todos, sin aflojar, buscando los consensos que permitieron construir una salida de la crisis que para muchos aparecía como extremadamente difícil, cuando no imposible.

Alejandro fue modelo de austeridad, sencillez y modestia; poseedor de una enorme capacidad e inteligencia, puso todo su talento al servicio de la Patria. Por eso ante su muerte, prematura e injusta, todos los referentes de la política uruguaya lo homenajeamos. En Alejandro Atchugarry se condensa lo mejor de la actividad política. Todos los honores para él y un legado que debemos seguir todos los que hacemos política, más allá del partido al que pertenezcamos.

En la misma semana, sin embargo, se produjo otro episodio que también sacudió al sistema político, pero por razones que se encuentran en las antípodas. Un dirigente político de conocida trayectoria en el Departamento de Maldonado concretó un desfalco de proporciones todavía difíciles de estimar y se fugó del país de manera vergonzosa.

Un episodio que daña a la actividad política y alimenta el escepticismo que muchos ciudadanos tienen sobre los políticos y los partidos en general. Hay que ser muy enérgicos con este tipo de manifestaciones que manchan la política y la vinculan con la corrupción y la “joda”.

Los dos pertenecen a un mismo partido político lo que demuestra, una vez más, que ningún partido puede atribuirse el monopolio de la ética, ni tampoco un partido puede ser marcado como particularmente corrupto. No hay partidos buenos o partidos malos; sí hay políticos que dignifican la actividad política y políticos que la avergüenzan.

Lo que realmente diferencia a los partidos es cómo actúan ante la evidencia de las ilicitudes e inmoralidades. Si los partidos toleran, pactan, miran para otro lado o, simplemente, “barren debajo de la alfombra”, entonces la actividad política se degrada y aumenta el riesgo del debilitamiento democrático.

Hay que defender a la política de los riesgos de la corrupción, de la ambición desmedida, de los manejos clientelísticos, de los vínculos con el delito y con los grandes capitales.

Hay que ser drásticos en el combate a la opacidad, a los manejos irregulares, a los enriquecimientos ilícitos, a los pactos mafiosos con los delincuentes. Hay que echar de la política a los que la hacen sospechosa de tales vicios.

Hay quienes se molestan por la tendencia a “judicializar la política”, sin embargo ese es el camino en un sistema democrático cuando se tienen elementos que hablan de potenciales conductas ilícitas en el ejercicio de la función pública. Nadie debe cuestionar que la Justicia actúe, es más ese es el único camino que existe para establecer responsabilidades penales. Lo otro, el linchamiento político, sería totalmente discrecional e indebido.

Por supuesto que es mejor que no existan tales situaciones, pero cuando se detectan, el deber de todo dirigente político es hacer las correspondientes denuncias.

Lamentablemente son varios los episodios en los últimos tiempos que indican la necesidad de acudir a la Justicia para que esta se expida. Es el deber de la buena política colaborar con la Justicia y ayudar a la transparencia y a consolidar la ética en la gestión pública.

Al mismo tiempo, es imprescindible aprobar un conjunto de normas mucho más exigentes para controlar los vínculos entre los partidos y el dinero. Casos como el de Sanabria ratifican la urgencia de tomar tales medidas. En ese sentido, una Comisión del Senado que integramos está trabajando en ello, no podemos defraudar a una ciudadanía que está cada vez más escéptica.

Deben darse, con urgencia, fuertes señales de reivindicación de la transparencia aprobando un marco normativo exigente sobre el control de la política y el dinero.

Los ciudadanos expresan cada vez menos confianza en los políticos y los partidos. Hechos como el señalado aumentan el escepticismo y nos acercan al injusto pero posible juicio de que “todos los políticos son iguales”.

El ejemplo de nuestro querido Alejandro Atchugarry desmiente categóricamente tal afirmación. Está en nosotros, todos los políticos, por su memoria y por su legado, hacer que los uruguayos vuelvan a sentirse justamente orgullosos de sus representantes.

 

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