mieresPor Pablo Mieres

Aun no se ha producido el contacto anunciado por el presidente electo, Tabaré Vázquez, con los partidos que no estamos en el gobierno. Resulta razonable que así haya ocurrido, puesto que luego de la celeridad en la designación del gabinete, el gobierno electo se concentró en la búsqueda del diálogo y de los acuerdos con los diferentes sectores del partido de gobierno.

De todos modos, estas reuniones ocurrirán seguramente en los próximos días y permitirán definir con claridad qué tipo de relacionamiento político se establecerá entre el gobierno electo y el conjunto de los partidos.

No es bueno adelantarse a los acontecimientos. No es bueno presuponer posiciones o actitudes de parte de cada una de las partes. Es bueno mantener la mejor disposición para el diálogo y para la búsqueda de entendimientos.

Pero sí parece razonable hacer algunas reflexiones generales.

En primer lugar, corresponde valorar y reivindicar la experiencia de coparticipación ocurrida durante el período de gobierno que está culminando. Desde nuestro punto de vista el balance es altamente positivo. Efectivamente, fue útil porque permitió a todos los partidos tener una presencia y una corresponsabilidad mayor con la gestión de los entes y organismos del Estado, también fue útil porque le permitió al gobierno tener un monitoreo externo de sus diferentes gestiones, en la medida que la presencia opositora operó como una especie de garantía sobre las decisiones y estrategias realizadas.

Como dijimos desde el 2010, la decisión tomada por el presidente Mujica fue valiosa, positiva y, además, se entronca con las mejores tradiciones democráticas de nuestro país. En efecto, la lógica de la coparticipación en los entes y servicios del Estado ha sido una constante en nuestra historia política. De hecho durante las épocas del bipartidismo consolidado, el mecanismo de coparticipación fue la práctica constante y continua.

Luego, es cierto, esa práctica se dejó de lado. De hecho, después del retorno a la democracia, con la excepción del primer gobierno de Sanguinetti (en el que se produjo la presencia de cinco directores del Frente Amplio) luego los blancos y colorados se distribuyeron los cargos de conducción en entes y servicios entre ambos partidos excluyendo a los partidos restantes, incluso a pesar de que los resultados electorales mostraban la presencia creciente de un tercer y cuarto partido.

Por ejemplo, en el período de gobierno 1995-2000, el Frente Amplio representaba un tercio del electorado y el Nuevo Espacio al 5%. Ninguno de los dos partidos fue invitado a integrar con sus representantes, los Directorios de las empresas y entes del Estado. Lo mismo volvió a pasar en el período 2000-2005, cuando el Frente Amplio representaba al 40% de la población y el Nuevo Espacio al 4.6%.

Pero lo cierto es que durante la actual administración el Frente Amplio restauró la vieja práctica política e incorporó a todos los partidos en la gestión pública.

Es muy probable que en el período 2015-2020 se reitere la decisión asumida, aunque quizás la modalidad, el alcance y los criterios no sean exactamente iguales. Es el partido de gobierno el que tiene la potestad de establecer las reglas de juego y será decisión de cada uno de los partidos convocados cómo responder a esa invitación.

Debe tenerse presente que el Frente Amplio tiene la potestad jurídica de ocupar todos los cargos de gestión con personas de su fuerza política. En efecto, la Constitución de la República es muy clara al establecer que la designación de los directores de los entes y servicios debe contar con la venia del Senado contando con una mayoría especial (cosa que el Frente Amplio no posee), pero también dice que transcurridos sesenta días, estas designaciones podrán realizarse con la venia de la mayoría de los integrantes de la Cámara, mayoría con la que cuenta el partido de gobierno.

Por lo tanto, hay que tener presente que si el gobierno invita a los partidos a integrar los directorios de entes y servicios, lo hará por propia voluntad y por evaluar positivamente esta integración y no porque esté obligado a hacerlo.

Queda, por último, reflexionar sobre la función que cumplirían o han cumplido los representantes de los partidos de oposición en los directorios de entes y servicios. Desde el gobierno electo se hace mucho énfasis en que los representantes de los partidos deben cumplir una función de cogestión y de compartir las orientaciones estratégicas de cada organismo público, dejando en segundo plano la función de control o fiscalización.

Parece razonable que se proponga que los directores de los partidos que no estamos en el gobierno asuman una postura constructiva y positiva, aportando sus ideas y acompañando la gestión del organismo correspondiente. De hecho la experiencia reciente destaca la importancia de esta función y lo relevante del aporte constructivo de quienes integran un Directorio en común. Pero también debe destacarse que un representante de un partido que no integra el gobierno puede jugar un papel importante (incluso para el gobierno mismo) al ejercer una tarea seria y responsable de control sobre la gestión pública. Es una garantía, incluso, para el propio gobierno, para evitar la tentación de incurrir en abusos de poder.

Lo que, sin duda, debe rechazarse es que los representantes de los partidos solo busquen fiscalizar y asuman un papel de mero y estricto contralor, buscando poner “el palo en la rueda” o buscando hasta el mínimo detalle para ejercer una actitud de oposición frontal.

Los representantes de nuestro partido en los organismos en donde les tocó estar, actuaron con espíritu constructivo, seriedad, compromiso y promoviendo la mejor defensa de los intereses del organismo que integran.

En fin, en este marco de reflexión se producirá en las próximas horas el encuentro que, seguramente, convocará el presidente electo.

Sería muy buena cosa para el funcionamiento democrático de nuestro país, que en el nuevo periodo de gobierno tengamos una nueva etapa de coparticipación política.

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