mieresPor Pablo Mieres

El Frente Amplio y el Partido Nacional, que en 2010 habían sumado sus votos en la Corte Electoral para prohibir el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales de aquel año, ahora vuelven a impedir con sus votos en la Corte Electoral que los ciudadanos puedan elegir con libertad a los partidos que más prefieran en lo departamental y en lo municipal.

Vale señalar que se ha logrado un significativo avance. Tanto en el Partido Nacional como en el Frente Amplio esta decisión, a diferencia de cinco años atrás, se toma con posiciones divididas prácticamente a la mitad.

En el Partido Nacional el candidato presidencial, Luis Lacalle Pou y el Presidente del Directorio, Luis A. Heber manifestaron su opinión favorable a esta definición y es Alianza Nacional la que se opone enérgicamente a esta propuesta.

En el Frente Amplio la decisión fue muy pareja señalándose la postura favorable al voto cruzado en el MPP, el Partido Socialista, la Lista 711 y la Vertiente Artiguista. A estos posicionamientos debe agregarse la opinión favorable del Presidente electo, Tabaré Vázquez.

Lo cierto es que, más allá de esta división de opiniones, que valoramos y rescatamos, en los próximos días las posturas finales de los dos partidos mayores se reflejarán en el voto de sus Ministros en la Corte Electoral, lo que determinará que nuevamente se le atan las manos a los votantes a la hora de elegir al mejor Intendente y al mejor Alcalde sin que necesariamente estos candidatos pertenezcan a un mismo partido.

Se han planteado muchos argumentos en torno a este debate.

Existen argumentos jurídicos y argumentos políticos.

Desde el punto de vista jurídico, se ha dicho que se pretendía cambiar las reglas de juego en medio de la campaña y que no es conveniente actuar institucionalmente de esa forma. Este razonamiento parte de un equívoco, que consiste en interpretar que la regla es la prohibición del voto cruzado. No es así.

La norma que creó el tercer nivel de gobierno no incluye entre sus disposiciones la imposibilidad de votar a partidos diferentes para los dos niveles de gobierno que serán elegidos en la instancia de mayo. Sí establece que se deberán votar en hojas separadas (lo que permite físicamente separar el voto).

Por lo tanto, si ni la ley ni la Constitución prohíben el voto cruzado expresamente, no es legal que la Corte Electoral por la vía administrativa establezca una limitación de tal entidad al derecho al voto del ciudadano. Esto fue lo que hizo la Corte en forma indebida en 2010, con la opinión contraria de quien fue una autoridad en la materia, el Dr. Luis Urruty que ocupaba en ese entonces, la Presidencia de la Corte.

En aquel momento se podía cometer el error debido a la premura con que se tuvo que actuar, debido a que la ley que creaba los gobiernos locales se había votado en febrero y la Corte tuvo que reglamentarla en marzo para elecciones en la segunda semana de mayo.

Por las dudas, si alguien ahora argumenta que no se pueden cambiar las reglas en la mitad de la campaña, ¡en febrero de 2010 no sólo se cambiaron las reglas en la mitad de la campaña sino que se creó un nuevo nivel de gobierno y se crearon los Municipios en la mitad de la campaña! Pavada de cambio en las reglas de juego sobre la marcha.

Pero, ahora transcurridos cinco años es tiempo más que suficiente para corregir el error generado. Es ilegal limitar los derechos políticos de los ciudadanos sin que exista una norma legislativa que lo respalde.

De modo que no es necesaria ninguna modificación legislativa, ni ningún cambio de reglas en la mitad de la campaña, se trata simplemente de asumir la realidad normativa y no anularle el voto a aquellos ciudadanos que elijan Intendente y Junta Departamental de un partido y Alcalde y Concejales de otro partido. Bastaba que en la reglamentación que la Corte Electoral no se incluyera la cláusula prohibitiva para que el voto cruzado fuera reconocido.

Por otro lado, después de décadas de impedir el voto cruzado entre gobierno nacional y gobierno departamental, la reforma constitucional de 1996 admitió esta posibilidad al separar en el tiempo las elecciones para uno y otro nivel de gobierno. Desde las elecciones de 2000 los votantes pueden votar Intendentes y ediles de un partido diferente del que votaron para Presidencia y Parlamento. De hecho es enorme la cantidad de votantes que votan a un partido para la elección nacional y a otro partido para la elección departamental.

De modo que en nuestra normativa vigente, la prohibición del voto cruzado desapareció desde aquel entonces. La única diferencia es que las elecciones departamentales y municipales se realizan el mismo día, pero eso no es causa sensata para establecer la obligación de votar todo atado.

La propuesta que nosotros hicimos no afecta el vínculo electoral dentro del mismo nivel de gobierno. Por lo tanto, el argumento que reivindica la necesidad de defender la integridad de los partidos políticos, tampoco aplica en este caso. En efecto, la propuesta no afecta la integridad del voto para cada nivel de gobierno, no estamos proponiendo que el ciudadano divida el voto entre Intendente y Junta Departamental, lo que podría afectar el apoyo del Intendente en el legislativo departamental. Estamos planteando que el votante pueda elegir candidatos de diferente partido en uno y otro nivel de gobierno.

Desde el punto de vista político, este es un país en que los partidos tienen un enorme poder sobre los electores. Limitan su expresión al máximo. Las listas son cerradas y bloqueadas por lo tanto los votantes no pueden (como ocurre en muchos países) modificar el orden de preferencias de sus candidatos al Poder Legislativo; los votantes no pueden votar Presidente de un partido y legisladores de otro partido (como ocurre en todos los países de América Latina).

Se argumenta que esta es una de las razones más importantes que explican la fortaleza y continuidad de los partidos. Creo que esa es una de las razones, pero pobre sería esa fortaleza si sólo reposara en un paquete de normas restrictivas.

De cualquier manera, lo que nosotros reclamábamos no afecta en nada estas cuestiones. Sólo busca que se reconozca la libertad de los votantes para elegir partidos diferentes en diferentes niveles de gobierno.

Algunos han señalado que el interés del Partido Independiente se fundamenta en eventuales ventajas pequeñas que queremos obtener con esta libertad. Nada más lejano a la verdad, puesto que el impacto de admitir el voto cruzado es ambivalente para los intereses de nuestro partido. Puede ser que el voto cruzado favoreciera las posibilidades de alguno de nuestros candidatos a Alcaldes, pero al mismo tiempo esa misma libertad podría disminuir las posibilidades de algunos de nuestros candidatos para alcanzar representación en alguna Junta Departamental, por lo que mal se puede señalar esta acusación a nuestra iniciativa.

Quien recorre el país sabe y conoce que los mismos o mayores problemas de centralización que existen entre Montevideo y el Interior, se reproducen dentro de cada Departamento entre las capitales departamentales y las demás ciudades de cada Departamento. Justamente los gobiernos locales se instauraron para contrabalancear levemente esta asimetría de poder.

Por eso mismo, es particularmente relevante que los ciudadanos de estas ciudades puedan elegir a aquellos representantes más adecuados, con independencia del partido que elijan para la Intendencia. No hay que ser tontos, atrás de la oposición al voto cruzado está el interés de los Intendentes de mantener el poder sobre los Alcaldes, por ello promueven el voto atado, porque pretenden atar el alineamiento de los Alcaldes.

No es casualidad que sean los partidos en donde se registró la oposición al voto cruzado, aquellos que tienen casi todos los Intendentes y las mayores probabilidades de alcanzar dichos cargos en las elecciones de mayo próximo.

Sin embargo, las elecciones de 2010, a pesar del corsé impuesto por los partidos mayores, en muchos Departamentos fueron electos Alcaldes de partidos distintos al Intendente. La libertad fluye a pesar de las limitaciones; como fluía en las épocas en que se maniataba el voto entre lo nacional y departamental. Existe evidencia empírica de que un número no menor de ciudadanos paga el injusto costo de no votar a alguno de los niveles de gobierno para poder elegir al que más les gusta en el otro nivel. Es decir, prefieren no elegir al Intendente porque no les gusta, pero al mismo tiempo quieren votar a un Alcalde de otro partido.

Los que han frenado nuevamente la libertad del votante tendrán que explicarles a los vecinos de las localidades del interior de cada Departamento, por qué han decidido reducirles su capacidad de decisión, en favor del poder de los Intendentes.

Tendrán que explicar su concepto de descentralización y autonomía locales, cuando en los hechos buscan frenar el derecho de esos ciudadanos a elegir libremente al mejor vecino como Alcalde de su localidad.

En fin, así son las cosas. Pero en definitiva, además, si se quiere bloquear esa libertad electoral, sería bueno que al menos votaran una ley que así lo establezca. De ese modo, al menos no establecerán una prohibición ilegal.

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