El gremio de los trabajadores registrales decidió levantar hoy viernes sus medidas de paro, por lo menos hasta el próximo 24 de diciembre, de manera que miles de trámites que habían quedado por el camino podrán seguir su curso y, acaso, culminar en la próxima semana.
La medida fue recibida con gran alivio por la Asociación de Escribanos de Maldonado, que agrupa a más de 300 profesionales que operan en el departamento. Según es sabido, los notarios de todo el país se mantenían en vilo por los paros que se llevan adelante desde hace meses. La titular de la asociación local, Silvia Alzugaray Tourné, recordó a Correo de Punta del Este que el funcionamiento del registro es imprescindible para que los escribanos puedan trabajar.
Alzugaray explicó que un paro afecta “muchísimo” al sector. “Nosotros dependemos totalmente de un buen funcionamiento del servicio registral para poder trabajar con normalidad. Cada operación que se va a realizar, de las más habituales, sea una compraventa de un automotor, una compraventa de un inmueble, un préstamo hipotecario, una prenda, leasing, etc., siempre depende de obtener información registral en una primera instancia y luego, posteriormente a que se celebra el contrato, hay que darle publicidad y se tiene que inscribir en el registro”, explicó. “En la medida en que eso no está operando con normalidad nos afecta profundamente a nosotros”, agregó.
Complicados
Alzugaray refirió que, dado que los primeros paros se realizaron en el mes de octubre, en algunas de las últimas reuniones del gremio realizadas en Montevideo se ha sabido que varios profesionales “están pasando una situación económica muy complicada”. Las limitaciones al ejercicio de su profesión, que es su única fuente de ingresos, han llegado a impedir a muchos “pagar en tiempo y forma a la Caja Notarial”, explicó la profesional.
Los paros también impiden la realización de todo tipo de ventas en el sector inmobiliario y detienen, asimismo, el trabajo de las automotoras y muchos otros rubros comerciales.
Ayer trascendió que los funcionarios de la Dirección Nacional de Registros decidieron que volverían hoy a trabajar después de que el ministro Ricardo Ehrlich, titular del MEC, les prometiera que intercedería ante el Poder Ejecutivo para que sus reclamos sean contemplados.
De todos modos, los funcionarios limitarán la cantidad de operaciones que realizan diariamente. Hasta el 26 de diciembre aceptarán sólo 6 certificados y 10 documentos por persona. No hay previstas medidas de lucha más allá del 26 de diciembre.
Mientras tanto, los funcionarios del Registro Civil aún no han evaluado cómo procederán. Ayer se celebraron bodas, pero las que estaban previstas para martes y miércoles deberán ser reagendadas.
La justicia
A todo esto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió cerrar todas las oficinas del Poder Judicial hasta el 24 de diciembre inclusive, debido a las distorsiones que han provocado los diversos gremios judiciales en conflicto con el Poder Ejecutivo. Esto implica que los plazos que existen para los juicios y para la presentación de escritos no corren hasta el 24 de diciembre, aunque la SCJ “reconocerá la validez de los actos que se cumplan durante dicho período”.
Según un comunicado de la corporación, difundido ayer por El Espectador, la decisión obedece “a la grave distorsión en la prestación de un servicio esencial para la vigencia de un Estado de Derecho”, lo que “eventualmente puede traducirse en grave afectación de los derechos fundamentales del hombre, consagrados en la Constitución y en las Convenciones Internacionales, ratificadas por la República”.
“Cuando sea necesario presentar escritos judiciales y estos no puedan ingresar a través de la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos o en la propia sede, los mismos podrán entregarse en mesa de entrada de la Dirección General de los Servicios Administrativos (Héctor Gutiérrez Ruiz 1264)”, dijo el comunicado.
“En situaciones de urgencia tales como Amparo, el escrito respectivo podrá presentarse ante la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, que efectuará el sorteo para la asignación de juzgado competente”, agregó.
La SCJ dice que nunca se habló de un 8%
La SCJ también criticó duramente el proyecto de ley que aprobó el Parlamento para dar una solución al conflicto que enfrenta al gobierno con los trabajadores del Poder Judicial, el Ministerio Público, y los registros. En otro comunicado, la corporación sostuvo que el aumento salarial del 8% que ofrece el gobierno nunca estuvo en la mesa de negociaciones, donde siempre se manejó un 26% retroactivo a 2011.
Asimismo, recordó que en ninguna de las reuniones con el gobierno se manejó el “desenganche” salarial de todos los involucrados en el conflicto salvo los ministros de la Suprema corte y los jueces.
Por otra parte, el órgano manifestó su rechazo a “la propuesta de modificación del artículo 400 del Código General del Proceso, que obliga al Poder Judicial a pagar con sus fondos presupuestales de las condenas, laudos arbitrales o transacciones que se le impongan”. “En los hechos la norma propuesta limita y condiciona el funcionamiento de este Poder del Estado, trasladando a su ya escasa disponibilidad presupuestal la carga de asumir dichos créditos”, indicó.
