El exedil y presidente de la Junta Departamental, Daniel Rodríguez, compareció ayer ante la comisión de Diputados que analiza el financiamiento de las campañas políticas para explicar que no tuvo nada que ver con la administración de las terminales de ómnibus y no trabajó para Wilson Sanabria, el Cambio Nelson o la empresa Buquebus, como se había insinuado. Junto a Rodríguez, también asistió Máximo Oleaurre, exdirector de Tránsito de la comuna durante la administración de Óscar de los Santos.
La edila nacionalista Elisabeth Arieta había dicho este lunes, en declaraciones a El Espectador, que Rodríguez administraba las terminales en tiempos en que el clan Sanabria no pagaba el alquiler de los locales que ocupaba. El exedil, que integró la Lista 738 y maneja una gestoría, desmintió tajantemente esta afirmación.
Rodríguez dijo a Correo de Punta del Este que llevó al Parlamento “todos y cada uno de los pagos realizados” por los locales de la terminal desde el año 2006. Por lo demás, insistió en que personalmente no integró ninguna comisión administradora. En cambio dijo que su estudio contable fue contratado en el año 2002 por un grupo de empresas -la GIE, Grupo de Interés Económico – para que le realizara los pagos en la terminal de Maldonado. El GIE está integrado por cinco empresas de transporte más la cafetería y un kiosco que funcionaba en la terminal fernandina. Esas empresas ya estaban funcionando desde hacía muchos años, indicó. Según la ley de Sociedades Comerciales, la 16.060, un GIE se puede conformar de mutuo acuerdo entre varias empresas para lograr “un bien común, muchas veces sin fines de lucro”.

Alícuota
Desde que se formó ese grupo la gestoría de Rodríguez comenzó a recibir una alícuota de cada una de esas empresas. Con ese fondo se pagaba “luz, agua, la seguridad, la vigilancia, el seguro, alguna otra cosa y punto. Ese era el fin, nada más”, dijo el exedil. “Como si fuera la administradora de un edificio”.
En Punta del Este, en cambio, funcionaba la Comisión Honoraria Administradora, solo integrada por Cot y Copsa, que funcionó desde 2005. En ese año Buquebus devolvió la concesión de la terminal del balneario y no quiso integrar esa comisión, refirió.
“La gente de COT y Copsa se fijan un monto, cobran el alquiler de todos los locales, gastos comunes y todo ese tipo de cosas, los toques de andén a las empresas que llegaban, y con esa masa de dinero -que semestralmente está presentada y sellada y controlada por la contadora de la IDM-, lo que se hacía era administrar eso, los gastos y nada más”, señaló Rodríguez. Por lo demás, dijo que no integró esa comisión “jamás” porque además “no podría hacerlo”. “A mí me contrataban y tengo recibos de honorarios cobrados cada mes en cada terminal”, agregó.
Rodríguez también destacó que desde su creación en 1996, durante el gobierno de Domingo Burgueño, las comisiones administradoras nunca tuvieron representantes de la Intendencia.
Además, aclaró que nunca en su vida “estuvo cerca” de Juan Carlos López Mena, el titular de Buquebus. “Lo conozco por la televisión como lo conocemos todos pero jamás tuvo una conversación con él por Buquebus”, señaló

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