El juez penal de 10ª de Maldonado, Marcelo Souto citó a declarar en calidad de indagados a tres personas que trabajaban en el Cambio Nelson. El magistrado desea saber si alguno de ellos tuvo participación en la creación de depósitos informales en la casa cambiaria y en su posterior desaparición. Por otra parte, el magistrado citó a declarar, en calidad de testigos, a más de diez personas que en los últimos días presentaron denuncias contra el cambio en ese juzgado, sito en Román Guerra y Santana.
El diario El Observador informó que ya hay más de 20 denuncias presentadas por personas que recibieron cheques sin fondos firmados por el titular del cambio, Francisco Sanabria. Algunos de ellos perdieron el dinero que tenían depositado ilegalmente en la casa cambiaria. Se sabe que algunas personas tenían grandes sumas en dólares en el lugar.
La justicia ha estimado que cambio Nelson tenía en su poder unos US$ 10 millones depositados por particulares. Francisco Sanabria ha dicho que debía cerca de 9 millones y planteó pagar la mitad en 24 cuotas bimestrales. Los allanamientos realizados en propiedades de Sanabria no ubicaron grandes cantidades de efectivo.
El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, había precisado en la Comisión de Hacienda del Senado, que el cambio tenía 379 cuentas informales y que sólo 22 de ellas concentraban más del 80% del total de los fondos, es decir unos US$ 8.5 millones. El juez Souto ya ha interrogado a los 22 depositantes, muchos de los cuales no habían presentado ninguna denuncia ante la jefatura del Maldonado.
Ahora el magistrado intenta determinar si el titular del cambio cometió un delito de estafa o si hubo lavado de activos. En ese caso la carátula de la investigación cambiaría y debería pasar de manos del juzgado de Maldonado a la Justicia del Crimen Organizado en Montevideo. Esto también permitiría emitir un pedido de captura internacional para Sanabria. Hasta el momento sólo se ha pedido su detención a nivel nacional.
La “reorganización”
Sanabria se encuentra prófugo desde el jueves 23 de febrero. Ese día todas las sucursales del cambio Nelson aparecieron cerradas. Un cartel improvisado colocado en la puerta de las oficinas anunciaba que, tras una “reorganización empresarial”, la casa reabriría sus puertas tras la semana de carnaval, es decir el 1º de marzo, pero ello no ocurrió.
Enterados de la situación, media docena de clientes que tenían su dinero depositado para pagar sus cuentas y gastos comunes comenzaron a presentar denuncias en la jefatura de Policía de Maldonado. Uno de los depositantes clandestinos sufrió un infarto al saber que podría haber perdido todos sus ahorros, unos U$S 800 mil que tenía depositados en el lugar. Allí se supo que el cambio ofrecía servicio financieros propios de una entidad bancaria, lo que tenía prohibido por la normativa vigente.
Más tarde Francisco Sanabria dijo que se presentaría a honrar sus compromisos, cosa que no ha hecho. En cambio se presentó a concurso a través de un abogado y pidió una quita del 50% para pagar sus deudas y mantener el cambio funcionando.
