Una cooperativa contratada por la comuna durante la pasada administración habría cobrado sus haberes de manera irregular porque que no se hallaba al día en sus pagos a la DGI. Así lo aseguró ayer a FM Gente el edil nacionalista Darwin Correa, quien integra en calidad de vicepresidente la Comisión de Trabajo de la Junta.
Correa indicó que se trata de la cooperativa Clima, que últimamente se encargó del barrido de las calles en San Carlos y ha cobrado por esos servicios durante varios años de manera “irregular”. Este detalle generó una deuda de cuatro millones de pesos y ahora los 28 integrantes de la cooperativa se quedarían sin trabajo, porque no pueden volver a licitar, dijo el edil.
Correa dijo que se enteró de la situación el pasado 23 de mayo, cuando la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental recibió un planteo de los trabajadores de Clima, que denunciaron diversas irregularidades que sucedían en la empresa. Por eso los integrantes de la comisión, incluido el frenteamplista Enrique González, cursaron un pedido de informes a la Intendencia, afirmó.
“Muy desprolijo”
El legislador nacionalista estimó que lo que plantearon los trabajadores “es un hecho grave, muy desprolijo, por parte de la administración anterior de (Oscar) de los Santos. Se trata de 28 familias o 28 personas -madres jefas de hogar, discapacitados, mayores que van a tener dificultades para reinsertarse en el mercado laboral- que hoy cumplen su último día de trabajo”, afirmó.
Según Correa la cooperativa de limpieza fue fundada en junio de 2006, fue seleccionada a través de una licitación pública para realizar barridos en Piriápolis y desde 2009 comenzó a trabajar en San Carlos brindando ese mismo servicio.
“Y desde ahora se quedan sin su fuente de trabajo, que es lo que más nos apena, por desprolijidades absolutas, innegables. Por eso estamos haciendo un pedido de informes desde la Comisión de Trabajo, que integramos ediles de todos los partidos, para que nos den los datos de 2009 a 2015, que es cuando sucedieron las irregularidades”, agregó.
Correa dijo que hubo desprolijidades en el manejo administrativo de la cooperativa. A su juicio la gran irregularidad es que, hasta abril de 2015 cobraba un cheque de la Intendencia “sin tener todo lo exigido por la ley”, especialmente sin contar con el certificado único que expide la DGI. Al BPS y al Banco de Seguros se pagaba.
Al cabo de los años, la cooperativa habría generado una deuda con la DGI de más de cuatro millones de pesos, según sus propios integrantes. “Lo que es extraño es que la Intendencia pague a una empresa un cheque importante por ventanilla sin certificar que se esté cumpliendo con la ley. Y no lo pagó un mes, lo pagó años”, afirmó.
Dada la situación, la cooperativa no podrá participar de otra licitación comunal porque quedó “por fuera del sistema”. “Queremos que se investigue. Es un hecho no menor. Es grave”, concluyó Correa.
