Desestimaron prisión preventiva para los cuatro jóvenes acusados de haber golpeado a otro en Pinares

Por ser de indudable interés para los lectores, Correo de Punta del Este transcribe el texto completo del fallo

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno confirmó el pasado lunes la sentencia en primera instancia del juez penal de 4º turno, Sebastián Amor, que desestimó la pretensión de la fiscal Ana Roses de imponer la prisión preventiva a los cuatro jóvenes acusados de haber golpeado a otro de 18 años en la tarde del sábado 5 de febrero en el barrio Pinares de Maldonado.
Amor desestimó la prisión preventiva de los cuatro jóvenes, que trabajan, estudian y no tienen antecedentes penales, que había solicitado la fiscalía. Ante la decisión del juez Amor, la fiscal Roses interpuso un recurso por lo que las actuaciones fueron a estudio del tribunal de apelaciones integrados por los ministros Alberto Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres.
El fallo del tribunal fue contundente a la hora de cuestionar la pretensión de la fiscalía de solicitar la prisión de los cuatro jóvenes.
Por ser de indudable interés para los lectores, Correo de Punta del Este transcribe el texto del fallo del tribunal del pasado lunes: “La Sala habrá de confirmar la decisión del anterior grado, por no encontrar motivo en los agravios para otorgar suficiente mérito a la medida cautelar de prisión preventiva allí pretendida y bien negada.

II)FORMALIZACIÓN
II.1- Solicitud. Los hechos por cuya investigación Fiscalía solicitó la formalización apelada, fueron relatados por ésta, tal como sigue: El día 5 de febrero del corriente año, aproximadamente a las 20.30 hs, la víctima Juan Ignacio ROMERO FRANCIA de 18 años, salió de la casa que se encuentra alquilando junto a parte de su familia ubicada en la zona de Pinares en Punta del Este. El joven salió de su casa vistiendo un pantalón tipo cargo, un buzo con capucha y un gorro con visera, se colocó sus auriculares y salió caminando a fin de dar una vuelta por la zona. En la vivienda contigua se encontraban los cuatro imputados. A éstos le llamó la atención la vestimenta de Juan Ignacio y pensaron que se trataba de un “ladrón” que había robado en la vivienda de sus vecinos. Es por ello que salen detrás del joven, gritándole que era un “chorro” y exigiéndole que detenga. Juan Ignacio que se encontraba escuchando música no sintió los gritos de los imputados por lo que siguió caminando. Es así que el imputado OROMI se le acerca por detrás, intenta tirarlo al suelo mediante una patada, no logrando su objetivo. En ese momento, Juan Ignacio mira hacia atrás y ve los restantes imputados corriendo hacia él, algunos con cachiporras en las manos, por lo que sale corriendo, siendo perseguido por los imputados. Luego de dos cuadras aproximadamente, Juan Ignacio los pierde de vista por lo que continúa su caminata por el barrio. Sin embargo, los imputados regresaron a su vivienda, RIVERON se subió a un cuatriciclo y los restantes imputados a un automóvil y salieron en busca del joven. En efecto, a la altura de Poloux y Cruz del Sur los imputados alcanzaron al joven que continuaba caminando mientras escuchaba música. En ese momento, RIVERON que manejaba el cuatriciclo embistió por detrás a Juan Ignacio provocando que el mismo quede sentado en el vehículo y luego caiga al suelo pocos metros adelante. Juan Ignacio logró levantarse y salió corriendo, siendo
perseguido por todos los imputados quienes le exigían que parara ya que se trataba de un “ladrón”. Pocos metros más adelante, Juan Ignacio se metió dentro de unos arbustos de la vereda intentando escapar de los imputados, hasta que estos finalmente lo alcanzaron. Allí, los imputados descendieron de los vehículos y fueron en busca del joven, quien salió de los arbustos y les gritó varias veces que era su vecino, que se está quedando en la casa al lado de ellos, que lo dejaran mostrarle. En ese momento los imputados trataron de agarrar a Juan Ignacio para que subiera al auto así les mostraba donde efectivamente vivía, amenazándolo con que “si no es tu casa te vamos a matar y a tirar a una zanja”. Sin embargo, Juan Ignacio emprendió la marcha caminando siendo escoltado por alguno delos imputados que continuaban amenazándolo si no se comprobaba que eran vecinos. Asimismo, le tocaron o cachearon sus bolsillos en busca de armas. Al llegar a su domicilio, Juan Ignacio llamó a la Sra. Ana Suárez, pareja de su padre quien efectivamente le indicó a los imputados que el joven vivía allí. En ese momento, los imputados le pidieron disculpas a la víctima, le devolvieron su buzo que previamente Juan Ignacio se había sacado y estaba dentro del auto y le entregaron dinero para que se compre un gorro nuevo ya que el suyo se había arruinado. Juan Ignacio fue visto por Médico Forense el día 6 de febrero quien informó: “Relata ser agredido en vía pública. Presenta dolor en región lumbar baja, Erosión en pierna izquierda y dolor en pierna derecha. Tiempo de curación 3-4 días. Tiempo de inhabilitación para tareas ordinarias: 3 días. Peligro de vida: No. Antigüedad: 12 hs”.
Todo el actuar de los imputados quedó filmado por las cámaras de CCU así como por las cámaras de seguridad que posee el testigo Marcos Crosa en su vivienda.

II.2- Contestación.
La Defensa admitió la persecución a raíz de una confusión, pero el relato de Fiscalía olvida ciertos puntos que son fundamentales. Olvida que se llamó al 911, alertando a las autoridades, como surge de las declaraciones policiales. Los funcionarios llegaron a escasos minutos de lo sucedido y la funcionaria que llega dice que no había ningún inconveniente, incluso vio un abrazo entre el denunciante y los denunciados. En el ámbito estrictamente penal, la persecución si bien reprochable, no supuso una afectación que llevara a la alarma pública que se hizo. La Policía no detuvo porque no existía una situación descontrolada ni lesiones, se retiraron a sus casas. Fiscalía habla de amenazas, pero no imputa ese delito, ni siquiera se lo menciona. Existieron disculpas delante de la autoridad administrativa, los imputados fueron a Fiscalía a hacerse cargo, están arrepentidos, aunque los hechos no justificaban la trascendencia pública que tuvieron, dado que las Lesiones fueron estimadas en tres días, en todo caso imputables a Riverón, porque no existió pluriparticipación que justifique el agravamiento. Sus defendidos estuvieron seis días gozando de libertad, ni siquiera se dispuso ni pidió su detención. Llama la atención la celeridad. Con esas puntualizaciones que privan de gravedad de la imputación, este hecho desafortunado no tiene la magnitud que se pretende dar. La situación cambió cuando llegó el padre del joven, quien amenazó a los chicos con hacer justicia por mano propia, que tenía contactos con el gobierno y que lo iban a conocer.
Concedida la palabra a Fiscalía, señaló que la Defensa se está yendo por las ramas, no estando dispuesta a seguir el juego tampoco está claro si para la Defensa hay o no Violencia privada, dando lectura al tipo del art. 289 CPP y sus agravantes especiales. Hubo violencia y amenazas contra la víctima a quien obligaron ir a su propia casa para comprobar que vivía allí. Las amenazas están comprendidas en el delito de Violencia privada, no se entiende lo argumentado por la Defensa: qué pasaría si a cualquiera de nosotros nos persiguieran tratándonos de “chorros” se cuestiona la celeridad a la vez que el hecho de que no hubieran sido detenidos. La duración que tuvo la investigación es irrelevante porque los hechos encajan en los delitos.

III) PRISIÓN PREVENTIVA
III.1- Admitida la formalización por Res. No 208/2022, que no fue recurrida, y en la que el A quo descartó la falta de lesividad como argumento para no disponerla, así como demás descargos de la Defensa sobre los hechos presentados por Fiscalía y la subsunción de las amenazas en el delito de Violencia privada, dicha parte solicitó la medida cautelar de prisión preventiva (art. 224 CPP) por 90 días, reiterando los hechos para justificar el supuesto material. Como presupuesto procesal, invocó los arts. 225 y 227 CPP. Se trata -dijo en alusión a la víctima- de un joven casi adolescente de 18 años que sintió miedo de que lo mataran, está muy afectado, no se levanta de su cama, está perseguido, siente que lo miran, no quiere salir de su casa, no puede dormir, tiene todos los síntomas propios de un estrés postraumático. A la víctima se la debe preservar para obtener una condena. Esos cuatro jóvenes le dieron dinero para que se comprara el gorro, al padre para que se retiraran de Pinares. ¿qué nos asegura que durante el trayecto al juicio oral no intenten manipular de alguna manera para que este joven no declare? Dieciocho años no se levanta de la cama, tenemos que preservar la integridad y la parte fundamental que es este proceso para poder obtener una sentencia de condena y justicia con este joven. Entorpecimiento de la investigación por lo mismo: ya intentaron evitar el reproche pidiendo disculpas, lo invitaron a la piscina, a dar una vuelta en cuatriciclo, como si eso pudiera subsanar el error tan grave que cometieron. Por eso la prisión preventiva es la única medida, que les impedirá contactarse por las redes sociales con la víctima y a los vecinos, saben quiénes son, pueden intentar que no declaren, que declaren de cualquier otra forma para evitar o tener un mejor resultado. Si bien la investigación ha avanzado, hay testigos y filmaciones, un grupo de whatsapp entre vecinos para buscar cámaras, ubicar a toda esa gente para recabar sus declaraciones, por eso se pide con plazo de 90 días. Tenemos que tener presente el daño psicológico de la víctima y las distintas etapas que tiene el juicio, ver si la víctima pueda declarar en forma anticipada o en el juicio oral sin que ninguno de los cuatro imputados intente amedrentarlo.

III.2- Contestación. En cuanto al supuesto material, la Defensa reiteró que la conducta desplegada por los imputados fue conciliadora y de diálogo, por lo que no tuvo la entidad que se le atribuye. En cuanto al riesgo cautelar, Fiscalía habla de hacer justicia, pero eso no está previsto como fundamento. Los imputados declararon voluntariamente en Fiscalía cuando fueron citados, no entorpecieron en ningún momento la investigación, tienen domicilios diferentes y no cercanos al de la víctima, tienen arraigo, trabajo y estudio, estuvieron seis días en libertad plena, no tuvieron ningún inconveniente. Fiscalía nunca pidió la detención y la autoridad administrativa tampoco la dispuso. En ese período nunca hubo un riesgo, nunca existió. La prisión preventiva es la última ratio, en este caso hay otras medidas, otro elenco de medidas que perfectamente pueden asegurar el resultado de la investigación y en caso de que así no se respete, puede disponerse rápidamente la prisión. No hay proporcionalidad entre los delitos que imputa Fiscalía y la medida excesiva de prisión preventiva, ninguna proporcionalidad. Y el riesgo cautelar no está, porque si hubiera existido Fiscalía ya tenía todas las probanzas diligenciadas, hubiera pedido la prisión preventiva antes. Nunca se fugaron, están a derecho, siempre lo estuvieron para presentarse a colaborar con la instrucción de la investigación. Fiscalía habla de justicia y olvida que los imputados son chicos que cometieron o pudieron cometer un error, pero la prisión sería un daño muy grande para ellos. No se dan los requisitos previstos en el art. 224 CPP.

III.3- Recurrida. Recayó la Res. No 209/2022, donde el A quo descartó que hubiera discusión sobre la materialidad. Sobre el entorpecimiento, si bien Fiscalía dice que hay testigos y que la víctima debe declarar anticipadamente o en juicio, no hay mérito para poder comprobar que existe una sospecha grave y fundada de que los imputados van a impedir o entorpecer la investigación, habida cuenta de las imágenes de las cámaras, y teniendo en cuenta que luego de los hechos, los imputados permanecieron en libertad sin realizar ninguna coacción. No obstante, a efectos de garantizar su comparecencia en juicio y la seguridad de la víctima, existen otras medidas como las que dispuso en definitiva en lugar de la prisión.

IV) No puede sino discreparse acerca de la pretendida falta de lesividad, a la inexistencia de pluriparticipación en el delito de Lesiones, y a que faltó imputar Amenazas, todo lo cual fue bien descartado por el A quo al admitir la formalización, lo que si bien no fue recurrido, se proyecta o reitera en el tratamiento del supuesto material de la preventiva. Porque si bien la Defensa no controvirtió la verificación del núcleo del supuesto material que reclama el dictado de esta medida cautelar, pretendió relativizarlo como hiciera al pronunciarse ambiguamente sobre la formalización,
forzando a que la Fiscalía demostrara que contaba con “los antecedentes de un caso sólido, que muy probablemente llevará a juicio y que en ese juicio el imputado muy probablemente será condenado” (Riego, Cristian: La Oralidad en la discusión sobre la prisión preventiva, Estudios sobre el Nuevo proceso penal, AMU-FCU, 111).
En efecto. Era y es de toda claridad que existe semiplena prueba de la más o menos diversa participación de los cuatro imputados, y que cualquiera hubiera sido el propósito ulterior, al abrazar de todos o alguno, a la víctima, invitarle a andar en el cuatriciclo o disfrutar de la piscina, la conducta precedente legitima el reproche penal por Violencia privada y Lesiones, al margen que éstas curasen en tres días: porque no cabe dudar -como implícitamente hace la Defensa- sobre secuelas psicológicas acordes con lo narrado y acreditado.
Ahora bien. La prisión preventiva no está prevista como castigo, o sanción, ni como reparación del mal: es la máxima medida de aseguramiento procesal, por lo que si otras medidas cautelares consiguen ese mismo objetivo, jamás debe ser dispuesta. Menos si las demás son descartadas a base de presunciones o antes bien, meras conjeturas de lo que podrían llegar a hacer los imputados ya sometidos a investigación formalizada judicialmente, lo que equivale a decir, sujetos a proceso penal y con prohibiciones cuyo eventual incumplimiento les deparará esperar el juicio en prisión: “La prisión provisional se ha apoyado durante siglos en este tipo de presunciones, pues cuando la medida devenía automáticamente y de forma obligatoria ante la presencia de determinados hechos, indicios, lo que se hacía era aplicar una presunción legal derechamente, se producía una degradación de la prisión provisional como medida cautelar y su aproximación a figuras meramente retributivas de forma anticipada, concluir que el riesgo existe porque se dan nominalmente los indicios, es tanto como construir presunciones legales. No aplicar una alternativa porque la prisión provisional es más radicalmente aseguradora, equivale a lo mismo ello sin hablar de la inversión de la carga de la prueba, contraria al derecho a la presunción de inocencia, que supone que el imputado haya de acreditar un hecho negativo, su vocación de sujeción al proceso y que las acusaciones se limiten a afirmar un riesgo genérico y automático que se presume absoluto. Se hace recaer en el imputado una prueba diabólica, en tanto, como se ha dicho, la presencia de un riesgo teórico o abstracto es siempre inevitable e imposible de eludir (ATS español de fecha 4 de diciembre de 2017). Si se afirma un riesgo, desde posiciones de peligrosismo procesal ante hechos determinados que han generado alarma social, y se exige acreditar que el resto de indicios prueben absolutamente la desaparición de cualquier riesgo y más el construido sobre la base de afirmaciones teóricas, se está llevando al imputado a una situación imposible de remediar…No basta, pues, afirmar que existe un riesgo sobre la base de datos genéricos que la misma ley contiene como advertencia de ese riesgo general. En tanto el riesgo existe en términos abstractos, lo que debe acreditarse es que existe en concreto y que no puede ser eludido por medio de otras medidas alternativas. Esto es, no que no se ha probado su desaparición, que no se ha descartado, sino que el mismo existe en el caso y que no se puede eludir por medio de otras medidas. No es una presunción iuris tantum la que surge de la coincidencia de ciertos indicios que permitan afirmar sin razonamiento concreto en el caso un peligro. Partir de la existencia de un riesgo y asegurar que solo Prisión provisional y aplicación de la prueba indiciaria como procedimiento para valorar los riesgos cautelares la prisión provisional lo evita, es tanto como atentar a la excepcionalidad. Y, naturalmente, es elevar una obviedad sobre las exigencias legales, una evidencia sobre los preceptos derivados de la naturaleza excepcional de la prisión provisional, reforzados por esa imposición del riesgo cero teórico y por la efectividad absoluta del sistema sobre sus criterios garantistas. La ley consagra medidas alternativas que parten siempre de aceptar la presencia de peligros, pues en caso contrario lo procedente sería la prisión provisional automática. No debe probarse que las medidas alternativas son igual de eficaces, lo que resulta imposible, sino que garantizan en el caso las funciones previstas. Lo esencial es atender a los datos presentes, sin especular sobre hipótesis futuras desprovistas de hechos en los que basarlas, pero anteponiéndolas a la realidad misma, no simples sospechas o elucubraciones. No solo hay que probar el peligro en el caso, sino, a su vez, que las medidas alternativas son insuficientes y esa insuficiencia tampoco se puede hacer depender de la existencia de un riesgo genérico que se afirma idealmente y que se entiende solo remediable de forma absoluta, si junto a los indicios que afirman el riesgo, aparecen otros que niegan dicho peligro, no se podrá afirmar la conclusión salvo que racionalmente no exista duda. La presencia de indicios y de contraindicios, resta fuerza e impide la presunción, de modo que la adopción de la prisión provisional quedaría sin sustento, la duda objetiva derivada de la concurrencia de indicios y contraindicios razonables, debe resolverse, a favor del imputado y su libertad y si versa sobre la eficacia de las medidas alternativas a favor de estas. (Asencio, José Ma. Prisión provisional y aplicación de la prueba indiciaria para valorar los riesgos cautelares, Rev. de C. Soc. 75 (2019), Universidad de Valparaíso, ISSN 0716-7725, 123).

En suma: una pretensión de encierro anterior a la condena no se puede satisfacer mediante lectura estereotipada y mecánica de un pronóstico tan incierto como de rótulos de indicadores legales de riesgo procesal, sin admitir otra interpretación para el abrazo y las invitaciones, que el de la manipulación, siendo que los imputados no tuvieron ningún contacto -siquiera por redes sociales, como se aduce meramente posible- con su víctima ni con testigos, de lo que Fiscalía ya se habría enterado entre los hechos y la audiencia: al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. (Usón Ramírez vs. Venezuela, 20/11/2009, párr. 144); corresponde al tribunal y no al acusado o a su defensa acreditar la existencia de dichos elementos. (Comisión IDH, Francisco Usón Ramírez c/República Bolivariana de Venezuela, c. 12.554, 172).

La prisión preventiva -se lamentaba un destacado penalista que fuera Ministro de la SCJ nacional en tiempos del anterior CPP, donde pocas veces actuaba como medida cautelar: “Para lo que jamás debió servir es para adelanto de pena, cosa que está excluida del ordenamiento penal uruguayo según lo dispuesto en el artículo 91 del Código Penal. En los hechos ha ocurrido precisamente lo contrario y en ámbitos jurisprudenciales y comunitarios ha sido poco menos que imposible crear conciencia respecto a que el encarcelamiento provisorio no debe sustituir a la pena. En realidad, la prisión preventiva tiene un notorio carácter aflictivo y puede ser considerada como una de las penas corporales más graves. No puede caber duda que es un mal y por ello supone la limitación de un derecho individual que solo se explica en hipótesis de defensa de bienes jurídicos muy importantes, siempre que además sea proporcional al daño causado a ellos y cuando no haya otros remedios jurídicos menos radicales para defenderlos la prisión preventiva puede llegar a ser un factor delictógeno y produce uno de los fenómenos más criticados que es el del preso sin condena” (Cairoli, Milton: DPU I, Vol. 2, p. 1051). Esto es pasado por alto con esta impugnación basada en especulaciones sobre amedrantamiento y necesidad de adelantar la reparación del mal, cuando se habla del estado emocional en que se encuentra la víctima, de lo que no se sigue en este caso, que solo podría declarar si los imputados fueran presos, a la vez que se percibe justo que lo estuvieran, sin intento de acreditar que para declarar anticipadamente o en juicio, libremente, la víctima, que declaró en Fiscalía, requiriera el encarcelamiento de los agentes.

VI) Apelar sistemáticamente para la preventiva, a la protección de la víctima y necesidad de contar con su declaración, como fundamento abstracto con el que privar de libertad, convierte en regla a la excepción que sigue siendo la prisión preventiva en el NCPP.
Como tiene dicho la Sala, este sistema no tiene por qué resignarse tan cómodamente ante la mera posibilidad de que algo incontrolable pase, ni es irreconciliable con la debida tutela a la víctima de delito: su mera existencia no debe hacer desistir de la engorrosa empresa de reclamar riesgos procesales verdaderos y concretos, resguardo contra las siempre vivientes nostalgias inquisitivas, el río que corre. POR CUYOS FUNDAMENTOS, EL TRIBUNAL, RESUELVE: CONFÍRMASE LA RECURRIDA. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.