mieres

Por Pablo Mieres

El diálogo iniciado entre gobierno y partidos para acordar medidas para mejorar la situación de inseguridad en nuestro país, culminó hace unos días.

El diálogo terminó porque se agotó la agenda temática acordada entre los partidos. Tan es así, que en la penúltima reunión se rechazó la propuesta del Partido Nacional de suspender las reuniones por un mes y no se tomó en cuenta el reclamo de terminar las reuniones expresado desde alguno de los sectores del Partido Nacional. El argumento fue, justamente, que estábamos llegando al final de la agenda acordada y, por lo tanto, no tenía sentido suspender las actividades cuando seguramente quedaban una o dos reuniones para terminar.

Durante tres meses y a lo largo de catorce reuniones políticas, más unas cuantas reuniones de la comisión técnica, se analizaron y acordaron un importante número de iniciativas que buscan generar un efecto positivo para mejorar una situación de inseguridad que, sin dudas, es muy grave.

Desde el principio quedó claro que la responsabilidad sobre la política de seguridad del país era exclusiva del gobierno y, por lo tanto, del Frente Amplio. Entonces, lo que podíamos aportar los partidos que estamos en la oposición, era un conjunto de ideas y propuestas así como generar un marco legislativo más favorable y exigente.

De todas maneras, si algo quedó reafirmado en el transcurso de las reuniones es que este tema es de una enorme complejidad y que nadie tiene “la varita mágica” para la resolución de esta problemática y que tampoco existen soluciones “milagrosas” para revertir el grave deterioro ocurrido.

Es más, conviene tomar en cuenta, para contradecir algunas afirmaciones negativas de estos días, que los proyectos de ley acordados tienen, necesariamente, un tiempo de aprobación en el Parlamento que no ocurre instantáneamente. En efecto, se ha dicho como prueba del supuesto fracaso del diálogo que ninguna de las iniciativas se ha convertido en ley hasta el momento. Pues bien, los proyectos aprobados se van enviando al Parlamento y este los está tratando a un ritmo inusualmente veloz y efectivo, pero no se puede pedir que se les de sanción en las dos cámaras en tiempos imposibles.

Es más, en el Parlamento se debe realizar un análisis normativo exigente y eso, en ciertas circunstancias, implica tiempo. De todas maneras, desde el inicio del diálogo y en menos de dos meses, tres proyectos de ley han tenido aprobación en el Senado, un cuarto proyecto fue aprobado en Comisión y el quinto está en un estado avanzado de aprobación en la misma Comisión. Se espera que lleguen al Parlamento en los próximos días otras tres iniciativas que tendrán el mismo ritmo.

En síntesis, el ritmo de aprobación de las normas acordadas es, al contrario de lo señalado por algunas voces escépticas, excepcionalmente veloz.

De cualquier forma, la palabra final sobre el impacto del diálogo la tendrá la realidad concreta que viven los uruguayos una vez que se apliquen las modificaciones normativas aprobadas. Veamos, entonces, qué cosas se modificaron y qué impacto esperamos que posean sobre la realidad de nuestra sociedad.

En primer lugar, se debe destacar que se ha destrabado la aprobación del decreto reglamentario sobre la ley que regula todo lo relativo a las armas en nuestro país. Esto es verdaderamente importante por su impacto sobre la seguridad. Se había aprobado una muy buena ley para controlar el uso y la compraventa de armas, así como el combate al tráfico ilícito, pero la ausencia de reglamentación había convertido a esa norma en “letra muerta”. Pues bien, ante nuestra insistencia reiterada, el gobierno acordó un decreto reglamentario que es muy positivo y que tendrá un impacto en la regulación de las armas, que es uno de los factores centrales que influyen en el incremento de la delincuencia y de la violencia.

En segundo lugar, se deben destacar tres medidas que aumentan la severidad de las sanciones sobre diferentes manifestaciones delictivas. La eliminación del beneficio de la libertad anticipada para los reincidentes y reiterantes; la inexcarcelabilidad de los delitos de narcotráfico; la remoción del obstáculo para determinar la aplicación de las penas para el tráfico de pasta base y la inexcarcelabilidad para el delito de homicidio intencional.

En tercer lugar, modificaciones procesales que tendrán como resultado un proceso penal, tanto para adultos como para adolescentes, más rápido, transparente y eficaz. Esto surge de la aprobación de modificaciones al nuevo código del proceso penal, su adelantamiento para su entrada en vigencia y la aprobación de un código del proceso infraccional adolescente.

Finalmente, en cuarto lugar, se acordó la descentralización de los establecimientos penales que se convertirán en un servicio descentralizado, fuera del Ministerio del Interior, con énfasis en la rehabilitación buscando impactar positivamente en los esfuerzos de reinserción social de los presos para evitar el círculo vicioso del delito.

En fin, hay muchas otras cosas que no dependen de las normas aprobadas, sino que se juegan en la aplicación y ejecución de las políticas y de las normas. Sobre ellas no podemos incidir los que no estamos en el gobierno. Pero queda la satisfacción de haber aportado con la mejor buena voluntad para ayudar a mejorar la situación en la que viven los uruguayos en materia de inseguridad. El tiempo dirá.

Contenido publicitario