Tras la formalización, se marcó una nueva audiencia para dentro de 30 días, para determinar cómo avanza la investigación.
El juez penal de 4º turno de Maldonado, Diego González Camejo, formalizó en la tarde de este miércoles la investigación que involucra al dirigente frenteamplista Carlos Etcheverry a quien la fiscal Silvia Andrea Naupp le imputó un delito de difamación. Tras la formalización, se marcó una nueva audiencia para dentro de 30 días, para determinar cómo avanza la investigación.
El caso se tramita a partir de la denuncia del 26 de diciembre del año pasado que el director de hacienda de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, radicó contra Etcheverry.
El 27 de setiembre del 2017, Etcheverry escribió en su muro de Facebook el siguiente texto: “El 5 de julio de 2005, dos días antes que asumiera el ‘Flaco’ De los Santos como intendente, Luis Eduardo Pereira, intendente interino, le extendió a un particular planilla de contribución para generarle derechos posesorios. ¿Por qué? En 28 días resolvieron el asunto entre amigos evitando que la doctora Behtel Rodriguez tuviera contacto con el expediente. ¿Por qué? Este amigo favorecido, que nunca demostró con documentos su propiedad la vendió a los pocos días a un tal Rey, que es quien está litigando con la Intendencia de Maldonado. Yo no le creo nada a Luis Eduardo desde que mintió alevosamente con el déficit”. Etcheverry mencionó a la entonces directora de asuntos legales de la IMM Bethel Rodríguez; hoy fallecida, a la cual Pereira, como intendente, le impidió ver el expediente por el cual según el denunciado le extendió la planilla de contribución inmobiliaria para poder llevar adelante la maniobra. Luis Eduardo Pereira dijo que todo lo dicho por Etcheverry es falso. El caso se relaciona con la denuncia que el Frente Amplio realizó contra la administración Antía por la decisión de ésta de acordar con un privado la propiedad de predios ubicados en la faja costera del balneario Edén Rock.
Etcheverry se desempeña como secretario político del diputado Oscar de los Santos, cargo que desempeñó también cuando el referido legislador fue intendente de Maldonado. El propio Etcheverry, según la fiscal, reconoció cuando fue interrogado en la fiscalía que no le consta que el señor Rey tuviera una relación de amistad con Pereira y que éste hubiera expedido una planilla de contribución inmobiliaria. Los abogados Gonzalo Peloche y Marcelo Amoroso defendieron a su clienta al recordar la condición de funcionario público de Pereira. “Se trata de un funcionario que está sometido al escarnio público. Frente a eso creemos que la Fiscalía debe tener en cuenta la condición de Pereira. Quien publica comentarios respecto de su función y virtud de su calidad tiene una protección distinta si fuera un ciudadano común y corriente”, dijo Peloche.
La defensa de Etcheverry hizo hincapié en el tema de la libertad de expresión y su protección en el Estado de Derecho para la exención de responsabilidad. En tanto, la Fiscal Naupp argumentó que si bien se reconoce ese derecho, que la libertad de expresión “tiene ciertos límites”.
