Eden Rock: la IDM apela esta semana ante Diputados y la Suprema Corte de Justicia

La Intendencia de Maldonado presentará seguramente esta semana un pedido de revocación ante el Parlamento con la esperanza de que la Cámara anule su decisión de dejar sin efecto la medida impugnada por ediles de la oposición. Los legisladores habían cuestionado una resolución comunal por la que emitiría la planilla de contribución inmobiliaria de cuatro padrones del balneario Eden Rock, que no pagaba el tributo desde 1995.

La directora de Asuntos Legales de la IDM, doctora Adriana Graziuso, estimó que los ediles que impugnaron la decisión no debían haberse dirigido a la cámara sino al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). A su juicio, la Cámara “no tenía competencia para pronunciarse”. Aunque los ediles arguyeron que no tenían la posibilidad de dirigirse al TCA, Graziuso comentó que eso no fue lo que hizo el Ministerio de Economía, que sí apeló ante ese tribunal. Esto probaría que la decisión comunal se podía “recurrir administrativamente”, indicó.

Si bien el recurso comunal irá a la cámara para que “el propio órgano revea su decisión”, la jerarca dijo que hay esperanzas de que los diputados cambien de opinión cuando se les expongan las razones que tuvo la IDM para reconocer la propiedad particular de los padrones de Eden Rock.

Graziuso admitió que “la lógica es que vuelvan a decir lo mismo”, pero admitió que la IDM tiene posibilidades de que se comprenda su posición en el asunto. En todo caso, dijo que “así son las reglas de juego” y que eso también ocurre en otros ámbitos del estado.

Inconcluso

Cuando se le preguntó si a la IDM no le conviene que el juicio iniciado por el particular quede anulado por desestimiento, Graziuso comentó que el involucrado pensaba desistir a causa de la resolución comunal de reconocerle la propiedad y cobrarle la contribución. Si esa decisión queda firmemente anulada, el individuo podrá volver a comenzar el juicio, por el que le reclama a la comuna un resarcimiento de 8 millones de dólares, destacó. Por lo demás, recordó que el juicio no concluyó a causa del reclamo del Ministerio de Economía. “La jueza admitió el desestimiento, pero el Ministerio de Economía no quiere que desista el particular, dice que el juicio tiene que llegar hasta el final”, indicó.

Entre otras cosas, el MEF pidió que se investigara un presunto “fraude procesal”, por lo que el caso pasa a la órbita penal. En principio, la jueza en lo civil pasó el caso a un fiscal, que no se pronunció sobre el asunto, pero a causa de la denuncia del MEF el tema irá a Penal. Según la jerarca, la magistrada hizo que se remitieran los antecedentes y que el propio ministerio costeara las fotocopias del expediente.

Cuando se le recordó que los padrones cuestionados están junto a otras dos propiedades que según la justicia son de dominio público, Graziuso dijo que esas sentencias no están firmes por cuanto pueden ser recurridas, una en segunda instancia y otra ante la SCJ. Por otra parte, señaló que esos padrones que reclama el particular no son “playa”, por cuanto están arriba de la línea de ribera. “Eso es el gran error jurídico”, señaló.

“Esto está fraccionado en el año 1964 por el Concejo Local Autónomo de San Carlos para dejar los padrones madre. Fue fraccionada la parte de arriba; la parte de abajo no. Y ya previó la zona de playa el concejo de San Carlos. En esa época no existía la Ley de Ordenamiento Territorial del año 2008” señaló.

Cuando se le recordó la Ley de Centros Poblados, de 1946, dijo que esa norma se tomaba en cuenta “cuando había fraccionamientos. Y esto no era un fraccionamiento. Quedaban los padrones madre sin fraccionarse, como lo reguló el concejo de San Carlos que tenía los poderes. Ella lo consideró en su momento y estimó que podía hacer ser así. Ese es el gran tema”, señaló

De esta manera, dijo, el concejo de San Carlos consideró entonces que los padrones 924 al 929 “seguían siendo privados”. Se fraccionaron los padrones ubicados más allá de la ruta “y la parte de abajo queda así, en esa condición”. El gobierno carolino dictaminó entonces “que se deje la parte de playa y que nunca se pueda volver a fraccionar en solares más pequeños”.

Altri tempi

Por otra parte, Graziuso señaló que la IDM nunca inscribió esos padrones como si fueran de su propiedad. La jerarca recordó además, que aquel Concejo Local Autónomo establecido en la Constitución de 1952 “tenía muchos más poderes” de los que tuvo luego la Junta Local Autónoma, por eso los padrones se inscribieron allí. A su juicio, ha sido un error ver la situación a la luz de la legislación actual y no de la que regía en su momento. Al respecto señaló que, en algún momento, esos padrones habían sido hipotecados ante el Banco Comercial, que también reconoció el dominio privado del bien.

La jerarca añadió que también en estos días se enviará una denuncia a la SCJ por “lesión de la autonomía departamental”. La IDM estima que la Cámara de Diputados no está facultada para abolir una decisión del jefe comunal. Esta apelación “va a llevar su tiempo”, comentó.