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El edil del Partido Nacional Darwin Correa, alineado en el sector del jefe comunal Enrique Antía, celebró que la Intendencia hubiera otorgado a una empresa privada la gestión y administración de las principales terminales omnibuseras del departamento, es decir, las de Punta del Este, San Carlos, Piriápolis y Maldonado, no sin cuestionar lo que ocurría en la pasada administración. A su juicio, las terminales estaban en mal estado al término de la gestión del frenteamplista Óscar de los Santos, quien, en realidad, planeaba construir una nueva estación conjunta para las ciudades de Punta del Este y Maldonado en Bulevar Artigas y 3 de febrero.

“Queremos hacer una breve mención a lo que ha significado en el día de hoy (martes 2 de mayo) la asunción de una administración que, justamente, va a administrar las cuatro principales terminales del departamento: Maldonado, Punta del Este, Piriápolis y San Carlos”, señaló el edil. “Este es un viejo reclamo de los vecinos del departamento; todos los que estamos acá conocemos ‒nadie se puede hacer el distraído‒ las quejas que existen sobre el estado de las terminales. Acá hay ediles del Frente Amplio que, a quince días de haber comenzado este período de gobierno, hicieron una exposición hablando del estado espantoso de las terminales, cosa en la que coincidimos y que reclamamos desde hace muchos años”, ironizó.

“Muy contentos”

Correa aseguró que la actual administración comunal “viene invirtiendo en el entorno de U$S 1.300.000 para reparar las terminales, para aggiornarlas” y dijo que la empresa que asume el control de esos lugares va a pagarle “un canon de U$S100.000 por año”.

“Y ahí está la interrogante: lo complejo, lo complicado de esto, y es que durante los diez años de la Administración de De los Santos todos quienes sacaron un pasaje de ómnibus leían en su boleto ‘$10 de tasa de embarque’. Esos $10 eran para administrar, para que el baño de la terminal estuviera limpio y sano, para que cuando se quemara una lamparita se cambiara o para que cuando los turistas llegaran a la Terminal de Punta del Este ‒porque, al llegar es el primer lugar donde ponen el pie‒, esta estuviera abierta a las 22:00 y que hubiera una luz y un teléfono del lado de afuera para poder llamar a alguien o al hotel en el que se fueran a quedar. Bueno, todo eso no sucedía durante los diez años del gobierno de De los Santos, y la gente pagaba la tasa de embarque”, afirmó.

“Entonces, creemos que es un hecho muy importante y a destacar que a partir de hoy las terminales de Maldonado van a tener una administración y que, gracias a la Administración del Partido Nacional, el reclamo de los vecinos fue escuchado y se van a comenzar a solucionar esos temas. Así que eso queríamos decir en principio: que estamos muy contentos por este hecho.

Niños bebedores

Al culminar esta parte de su ponencia, Correa cambió “absolutamente el tono de la exposición” para referirse a una problemática que afecta a menores de edad que ni siquiera han llegado a la adolescencia.

“Nosotros somos integrantes de la Junta Departamental de Drogas y, a partir de lo que nos han comentado los integrantes que están en el campo de batalla ‒principalmente los que dependen de la Junta Nacional de Drogas, los del INAU y los de la Intendencia‒, que han estado en estos últimos meses trabajando en la calle noche y día, supimos que este verano se ha constatado un número muy significativo, importante y alarmante ‒alarmante‒ de menores de edad consumiendo alcohol de manera abusiva en diferentes lugares de nuestro departamento, principalmente en la zona balnearia; y si no fuese por los agentes de salud que han intervenido en muchos de los casos, hoy estaríamos hablando de varias muertes”, aseguró.

“No hablamos de menores de diecisiete años ‒quienes también son menores‒, sino de menores de once, doce, trece años, a los que alguno llamará ‘preadolescentes’ o ‘adolescentes’, pero con once sos un niño”; comentó.

Correa también recordó que “en conjunto con el Ejecutivo”, la Junta Departamental “promovió el Decreto Nº 3.956, aquel tan popular que hablaba de las ‘casitas’ de verano que se alquilaban en La Barra para hacer fiestas”. Según afirmó, “la mayoría de los menores estaban concentrados ahí en la noche ‒estaban todos ahí‒, pero a partir de que este verano no existió este fenómeno ‒por este decreto que generó la Junta, el que fue muy saludable para los vecinos‒, los menores ‒los más jóvenes, los más chicos‒ andaban desparramados por todo el Este, y lo andan”, afirmó.

“Por este motivo, a los agentes de control se les hizo muy difícil poder identificar en qué lugar se encontraban, pero sí identificaron un sinnúmero de locales, llámense almacenes, mercaditos que abren veinticuatro horas, boliches, etc. No son la mayoría, son los menos, pero son los que hacen las cosas mal, los que le sacan una ventaja desleal al otro que hace las cosas bien, al otro que no les vende alcohol a menores, como lo dice la norma”, señaló.

Multas varias

“Pero ¿qué pasaba? -continuó-. Iba el INAU acompañado por un inspector de Higiene y multaban. El tipo iba y pagaba la multa o no, capaz que no la pagaba todavía y hacía un convenio, y lo multaron una, dos, tres, cuatro veces. En La Barra y en Punta del Este hay locales que tienen miles de pesos en multas, pero se multa y no pasa nada”, explicó.

“El patrón de consumo de los menores cambió, compran y después toman en el cordón, porque no tienen un lugar a dónde ir y cuando se los encuentra en los boliches, multan al boliche, pero sigue abierto. Nosotros, compañeros ediles, creemos que debemos legislar en tal sentido, debemos instruir a la Intendencia, al Ejecutivo, y decirle, decretar, que a aquellos comercios que reincidan en la multa por venta de alcohol a menores, no solamente se los multe, sino que también se les retire de inmediato la habilitación higiénica para que no puedan seguir funcionando y, si está próximo a renovarla, no dársela. Porque una vez se puede equivocar y venderle alcohol a un menor sin darse cuenta, pero créanos que los comercios saben cuándo es menor, pero como es negocio porque el boliche de al lado no les vende, porque es socialmente responsable ‒que son pocos, que son los menos‒, los que les venden son los vivos que saben que los multan y después van a la Intendencia, hacen un convenio y siguen abiertos haciendo ‘el negocio’”, agregó.

Correa estimó que “es una locura encontrar a un gurí de doce años en la calle con un coma etílico; este verano pasó acá, a un par de cuadras, y pasa en Punta del Este, en La Barra, pasa en nuestro departamento. Tenemos que ser más severos, hay que llamar a responsabilidad a los que hacen las cosas mal. Creemos que es necesario que esto se legisle, que se instruya, que estos comercios que reiteran las multas… que de muchos, además, hasta hay denuncias por situaciones patoteriles. Hay que sacarles el permiso, la habilitación higiénica y que no trabajen más. En principio será por tres meses, después por seis y después para que no abra más, porque eso es lo que tiene que suceder si hablamos de cuidar y querer a los más chicos, a los más jóvenes. La forma de quererlos es esa. Estamos en consonancia con lo que el Ejecutivo Nacional quiera hacer a partir de la Junta Nacional de Drogas, del INAU y de diferentes organismos que vienen trabajando. Dejamos esa propuesta”, concluyó.

Correa solicitó que sus palabras pasaran a la Junta Nacional de Drogas, a la Presidencia de la República, al Congreso de Intendentes, a la Intendencia de Maldonado, a la Junta Departamental de Drogas y a la Cámara Empresarial, “que es quien rige a la mayoría de los comercios y a comerciantes minoristas, en algunos casos, del departamento de Maldonado, porque tienen que tener claro esto”.

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