La agencia Sibat, dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, es la que está encargada de monitorear el sistema de cámaras de videovigilancia que provee la empresa Elbit Systems Ltd, dijo el edil Joaquín Garlo en la Junta Departamental. Por lo demás, el legislador frenteamplista aseguró que el programa Ciudades Inteligentes no fue creado por el gobierno nacionalista de Maldonado, sino por un empresario que presidía la Comunidad Israelita local, con apoyo de la Cámara Empresarial. Casualmente, ese empresario hizo un importante aporte para financiar la campaña electoral de Antía y de otro candidato nacionalista a la comuna, señaló.
“La gran mayoría de las y los vecinos de Maldonado ‒y a esta altura de gran parte del país‒ saben que el intendente Antía compró un sistema de cámaras de videovigilancia en más de U$S20.000.000 de forma directa, sin procedimientos de transparencia en la contratación y en forma secreta, ocultando la información durante más de un año, hasta que la Justicia lo obligó a entregarla”, comenzó Garlo. Asimismo, dijo que el tema de las cámaras adquirió “un nuevo giro” en estos por una nota del semanario Brecha, según la cual, hay “varias aristas mucho más complejas que las que nos imaginábamos en un principio”, señaló.
“Resulta que el proyecto Ciudades Inteligentes, del que tanto ha hablado el Partido Nacional en esta sala, no fue iniciativa del intendente Antía ni de su equipo, sino que se gestó en 2014 por la comunidad israelita de Punta del Este – Maldonado (Cipemu), presidida en ese entonces por el empresario Rolando Rozenblum, y con el apoyo de la Cámara Empresarial de Maldonado, presidida por José “Pepe” Pereyra”, indicó. “En esos orígenes –consigna Brecha– se contrató a la empresa NOA Security Solutions, también de origen israelí, para diseñar un proyecto de videovigilancia para Maldonado y Punta del Este, el que luego fue presentado a buena parte de los candidatos a la Intendencia de todos los partidos políticos. Según informa Brecha, lo cual corroboramos, Rolando Rozenblum, quien presidía –como dijimos– la colectividad israelita de Punta del Este y quien a su vez se jactara públicamente de ser el –textuales palabras– “catalizador e impulsor del proyecto de videovigilancia”, financió parte de las campañas electorales de, por lo menos, dos candidatos a la Intendencia del Partido Nacional, según surge de las rendiciones de cuentas de estos candidatos ante la Corte Electoral. Uno de ellos –de esos dos candidatos del Partido Nacional– es el intendente Enrique Antía, defensor del proyecto de videovigilancia y quien finalmente lo concretara en este período de gobierno, con quien Rozenblum colaboró con la suma declarada de $106.000 a través de su sociedad Damertir S.A.; uno de los aportes más importantes a la campaña electoral del actual intendente Antía. Todo según las rendiciones de cuentas inscriptas, registradas en la Corte Electoral.

“De la información que la Justicia obligó a la Intendencia a entregarnos –esa información que se mantuvo en secreto durante más de un año– surge un informe del arquitecto Chiacchio –director de Planeamiento de la Intendencia– y una carta del general retirado Michel Ben-Baruch, director del Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel –el Sibat‒, enviada a la Intendencia a través de la Embajada de Israel en Uruguay”, contó Garlo.
“En estos dos documentos del año 2016 se establece que ha sido el gobierno de Israel el que ha decidido que la contratación por las cámaras debe hacerse con la empresa Elbit Systems Limitada. Es el Sibat el que le dice al intendente Antía que debe contratar a Elbit Systems en el marco del convenio entre Uruguay e Israel. Es el Gobierno de Israel el que le dice al intendente Antía que en el marco de ese convenio debe contratar a la empresa Elbit Systems Limitada, según surge de los expedientes que la Intendencia nos entregó después de que la Justicia lo obligara a hacerlo”, refirió.
“En febrero del año pasado dimos con un artículo del portal de noticias argentino Infobae, en el que se entrevistaba al presidente de la empresa NOA Security Solutions, el señor Avi Staroselsk y la misma empresa que fuese contratada por la colectividad israelita de Punta del Este y la Cámara Empresarial de Maldonado para desarrollar ese proyecto original en el año 2014. En esa entrevista el señor Staroselsky afirma que “el sistema de videovigilancia nació de un acuerdo con NOA Security, nuestra empresa. Nosotros elegimos a Elbit Systems para que fuera el integrador”, destacó. “Además se afirma que el diseño e implementación del sistema estuvo a cargo de la empresa israelí NOA Security Solutions y Elbit Systems Limitada. Sorprendidos por la aparición en escena de esta empresa NOA, de la que no habíamos escuchado hasta el momento, durante la interpelación al intendente en esta sala sobre el tema de las cámaras les preguntamos a él y a su equipo sobre los vínculos que tenía NOA con la Intendencia. Nadie nos contestó nada, por ello realizamos un pedido de informes en diciembre, reiterando la pregunta. El arquitecto Chiacchio nos contesta ese pedido de informes diciendo que no tenía ninguna información sobre NOA Security Solutions, la Dirección General de Asuntos Legales nos contesta diciendo que se constató de la documentación que no surge vinculación alguna entre la Intendencia y NOA Security Solutions. Ahora bien, como habrán advertido, la documentación de la Intendencia afirma que la elección de la empresa Elbit Systems la hizo el Gobierno de Israel, el Sibat, lo dice Chiacchio, lo dice la carta del Sibat enviada por la Embajada de Israel. Por otro lado, en la prensa, el presidente de NOA Security Solutions se jacta de haber sido quien eligió a Elbit para desarrollar el sistema. No solo eso sino que además, decenas de medios de comunicación del mundo entero en sus portales en Internet informan sobre el sistema de videovigilancia en Maldonado afirmando que el mismo es manejado por NOA Security Solutions y Elbit Systems. Y que es NOA quien ha trabajado activamente en la capacitación de los agentes que operan en el Centro de Monitoreo”, agregó.

Los extranjeros
“De la documentación que nos entregó la Intendencia ‒luego de ser obligada por la Justicia, insisto‒ no surge en ningún lugar la empresa NOA Security Solutions; en ninguno de los expedientes de la Intendencia figura esta empresa. Entonces, nos preguntamos: ¿tiene o no vinculación con el negocio de las cámaras de videovigilancia de Maldonado esta empresa NOA? En definitiva, ¿quién decidió que la Intendencia tenía que contratar con Elbit Systems Limitada por más de U$S20.000.000? Porque de todo esto que expusimos no queda del todo claro. Y, como si fuera poco, nos encontramos con que en noviembre de 2017 se había celebrado una reunión en el Centro de Monitoreo, a la que habían asistido periodistas de diversos medios de comunicación de Latinoamérica. En función de esto enviamos un pedido de informes a la Intendencia consultando sobre esta reunión, y recibimos la contestación del profesor doctor Diego Echeverría diciendo que la misma había sido organizada por la Embajada de Israel en Uruguay para explicar el funcionamiento del proyecto de videovigilancia en Maldonado, luego de una solicitud telefónica que le hiciera la Secretaría de la embajadora de Israel en Uruguay a la Secretaría del intendente de Maldonado”.
“Nuevamente en el portal argentino Infobae, que curiosamente publica con frecuencia notas sobre el intendente Antía y su posible precandidatura a la Presidencia de la República ‒un portal de noticias muy importante de la Argentina que publica notas sobre la posible precandidatura a la Presidencia de un intendente de un departamento de Uruguay‒, encontramos una entrevista al presidente de NOA Security, quien estaba presente en esa reunión en el Centro de Monitoreo organizada a instancias de la Embajada de Israel. El canal de noticias panameño Telemetro también entrevistó a Staroselsky, sentado en la sala de reuniones del Centro de Monitoreo, y produjo otra pieza propagandística para NOA Security y Elbit Systems Limitada”, dijo el edil.
“La Intendencia de Maldonado autorizó, entonces, a la Embajada de Israel a utilizar el Centro de Monitoreo ‒que es costeado por todas y todos nosotros, que pagamos el impuesto para las cámaras creado por el Partido Nacional‒ como vidriera para promocionar sus capacidades en otros países latinoamericanos. Claramente, los artículos de prensa y entrevistas realizados en esa reunión oficiaron como piezas publicitarias de las empresas israelíes Elbit Systems Limitada y NOA Security, demostrando, además, que ni la Intendencia tiene claro el rol de esta última en el proyecto de videovigilancia.
La Intendencia de Maldonado, que nos cobra el impuesto por las cámaras con la contribución inmobiliaria, es quien se responsabiliza del Centro de Monitoreo y del proyecto global de videovigilancia. Entonces, ¿cómo puede ser que el intendente Antía permita que un Estado extranjero use ese lugar público ‒que está vinculado a la seguridad, que debe tener determinadas reservas, justamente por la sensibilidad que significa el tema de la seguridad pública‒ para promocionar a empresas extranjeras vinculadas al negocio de la seguridad? ¿Para eso se han gastado más de U$S20.000.000, para usarlos de vidriera?”, se preguntó Joaquín Garlo.
“Por otro lado, del informe del arquitecto Chiacchio que mencionábamos surge que el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel, el Sibat, es el encargado de acompañar, monitorear y auditar el proyecto de videovigilancia en Maldonado, a satisfacción de la Intendencia. Según pudimos averiguar, un alto jerarca del Sibat visitó el Centro de Monitoreo el año pasado para evaluarlo. Así como escuchan: es el Gobierno de Israel el que monitorea y audita el proyecto de videovigilancia en Maldonado; es un gobierno extranjero el que certifica que el proyecto se esté desarrollando con total normalidad, según lo que la Intendencia firmó ‒lo que el intendente Antía aprobó fue eso‒, en lo que el Ministerio del Interior del Uruguay nada ha tenido que ver, como hemos demostrado aquí en la interpelación, porque el Ministerio del Interior no participó en la negociación”, indicó.

Sin evaluación
Garlo también señaló que el domingo 23, en el diario El País, el intendente Antía habló del “exitoso sistema de videovigilancia”, pero cuestionó que no existan “datos certeros, como el propio Ministerio del Interior lo dijo en una contestación a un pedido de informes de un diputado del Frente Amplio: que todavía no se podía evaluar el sistema debido a que no estaba completamente instalado”. No obstante, destacó que su sector político no busca “el fracaso de la política de la seguridad pública” sino que trabaja por “una convivencia más saludable y armónica”. Y agregó:
“Hoy el ministro del Interior acordó con alcaldes de Municipios de Montevideo que particulares privados puedan comprar cámaras, colocarlas e incluirlas en el sistema de monitoreo global del Ministerio del Interior en Montevideo. Acá, en Maldonado, los vecinos vienen y nos plantean que quieren hacer lo mismo; van a la Jefatura de Policía, le mandan cartas al jefe de Policía preguntando si, en el caso de que ellos compren las cámaras, las pueden incluir en el Centro de Monitoreo, pero la Intendencia no lo permite. El jefe de Policía traslada este pedido al intendente y la Intendencia no puede aceptarlo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo, en el convenio, en el contrato firmado con Elbit Systems se establece que no se pueden incorporar cámaras que no sean las que vendió la empresa. Entonces, ese sistema está cerrado al paquete que la empresa vendió; es un negocio redondo, claramente”, señaló.
“Como hemos visto, el negocio de las cámaras de Maldonado es mucho más complejo de lo que se pensaba en un principio e involucra a muchos más actores, actores muy cercanos al intendente Antía, al Partido Nacional y a grupos de poder muy fuertes. La falta de transparencia de la Intendencia es peligrosa para toda la comunidad y habla de un mal gobierno; gobierno que no se identifica con los lineamientos republicanos y propios de la democracia. Las y los habitantes tenemos el derecho y la necesidad de saber qué se hace con nuestros dineros, qué actores están involucrados en los negocios de este tipo y cuáles son los resultados de los proyectos que se impulsan. ‘Vuelve Antía, vuele la seguridad’ es otra promesa que materialmente no hemos visto cumplida del todo; es una promesa de campaña electoral, una promesa politiquera insostenible, porque el problema de la inseguridad no se resuelve gastando U$S20.000.000 en cámaras, el problema de la inseguridad se va a resolver cuando todas y todos los actores de la sociedad nos comprometamos en una empresa común de sacar al Uruguay adelante atacando todos los puntos sensibles que, como decía, hacen al problema integral de la inseguridad en el país”, concluyó.

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