Edil frentista dijo que acudirá a la justicia para que la IDM responda los pedidos de informes

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Hablando en la sesión ordinaria del legislativo de la pasada semana, el edil Leonardo Delgado, que el viernes interpeló al jefe comunal, se quejó de la conducta de la administración comunal en lo que concierne a los pedidos de informes que le dirige la oposición. Delgado dio cuenta de unos 17 pedidos que nunca fueron respondidos, acusó a la titular del área jurídica de “ningunear” a los ediles y anunció que su fuerza política reclamará ante la justicia para que la administración cumpla con su deber de informar.

Hablando “en la misma línea que planteaba un edil del Partido Nacional” y otro de su fuerza política, Delgado dijo que los pedidos de informes no tienen respuesta “que la directora de Jurídica hace caso omiso a lo que se le solicita” y “que los directores de las diferentes áreas también ningunean a esta Junta Departamental”. “Eso va en la misma línea que cuando se discutió el Presupuesto quinquenal, que le sacaron potestades a esta Junta Departamental a través de algunos artículos y allí el Partido Nacional votó en bloque ‒un gobierno del Partido Nacional con sus socios políticos: Germán Cardoso y Francisco Sanabria‒. Entonces, cuando hablamos de falta de transparencia, no se pueden enojar porque lo estemos planteando desde que asumieron, porque lo planteamos en reiteradas oportunidades porque es lo que sucede”, indicó.

“Como no se nos dio respuesta a los pedidos de informes que hicimos como corresponde a través de esta Junta y los plazos vencieron, entonces los hicimos a través de la Ley No 18.381, que es la del Derecho de Acceso a la Información Pública y por la que, como ciudadanos, tenemos derecho a que nos respondan. Pero, sorprendentemente, la directora de Jurídica dice que no tenemos derecho a acceder a través de ese mecanismo porque somos ediles departamentales. Es decir, si no fuéramos ediles, como ciudadanos lo podríamos hacer, pero parece que al asumir una banca en esta Junta Departamental perdemos derechos como ciudadanos. Es llamativo; esta Intendencia Departamental de Maldonado debe ser la única institución pública que le niega la información a un ciudadano o a un edil a través de esta ley”, señaló.

“Falta de transparencia”

A juicio del edil, “la directora de Jurídica carece de fundamentos técnicos legales desde el punto de vista de que desconoce la ley o esto simplemente habla también de la falta de transparencia. No puede decir que no tenemos derecho, es más, en su informe manifiesta que si seguimos haciendo gestiones como particulares hasta podemos perder el cargo en esta Junta Departamental porque lo establece la Constitución. Esto es parte de esa falta de transparencia con la que actúa este Gobierno departamental”, dijo el edil.

“Los pedidos de informes que hacíamos a través de esta ley, que fueron diecisiete ‒aparte de los que realizamos a través de la Junta por el mecanismo que establece la Constitución de la República‒, tenían que ver con el procedimiento de las Direcciones de Recursos Humanos, de Desarrollo Barrial, de Asuntos Legales, de Deportes. Había temas centrales para nosotros y que establecimos como fuerza política. Uno era respecto a la recaudación que hubo en el Gobierno departamental en el año 2016, pero no se nos dio. Otro tenía que ver con el mecanismo que utilizaron para sancionar ‒o si hubo sanción o no‒ al funcionario, exdirigente de Adeom, que encontraron durmiendo arriba de la bandera uruguaya. Otro tenía que ver con el ingreso del personal a los Centros de Atención Infantil de Verano, pero también tenía que ver con los ingresos a la función pública llevados adelante por esta Administración ‒que sabemos que está violentando todo lo establecido en la ley‒ y con algunos llamados especiales que se hicieron, como el de los choferes o el de los cincuenta inspectores que ingresaron a la Administración. No se nos dio respuesta a ninguno y cuando quisimos recurrir a este mecanismo se nos dijo que no, que no teníamos derecho”, refirió.

“Indudablemente, esto lo reiteramos en diferentes oportunidades y ahora tomaremos las acciones correspondientes y que la ley establece si el Gobierno departamental no contesta: pasar a la Justicia. Es lo que vamos a hacer, porque no nos dejaron alternativa, porque nos dieron la respuesta, dimos respuesta nosotros sobre los informes y se nos volvió a responder lo mismo. Se hizo un recorte y pegue de cada expediente para responder, en la misma línea del Gobierno departamental, ocultando toda la información que estábamos solicitando”, informó.

Falsear datos

Delgado dijo que ese proceder “habla de la falta de transparencia y lo que queríamos consultarle al Gobierno departamental era acerca de los diferentes mecanismos. Eso habla de la arbitrariedad con la que actúa el intendente departamental a la hora de ingresar gente a la función pública. Eso habla de la falta de transparencia con la que manejan la economía departamental a través de la Dirección de Hacienda”.

“No se puede salir a decir y a entregar un volante ahora, falseando los datos cuando los vecinos iban a pagar la contribución inmobiliaria; datos que ya son públicos y que lo demostramos a través del Tribunal de Cuentas y que ya lo hemos discutido en reiteradas oportunidades, pero el Gobierno departamental sigue insistiendo, una y otra vez, en falsear los datos”, señaló.

“No se puede decir que no hay aporte del Gobierno nacional cuando en el año 2016 ingresaron unos U$S31.000.000 a través de los diferentes aportes que hace. No se puede decir que no tienen la casa en orden, o que el Gobierno departamental anterior dejó una deuda monstruosa que no pueden afrontar. La política de vivienda estaba dada con acuerdos establecidos con la Agencia Nacional de Vivienda, con el Ministerio de Vivienda, con Mevir. Había un fideicomiso sobre el que República Afisa le respondió al Partido Colorado diciéndole que no había deuda del Gobierno departamental con dicha fiduciaria. Entonces, presidente, esa falta de transparencia con la que actúa el gobierno departamental y con la que salen públicamente a mentir, una y otra vez, es la que queríamos transparentar, y el gobierno departamental no respondió, no dio respuesta. Queremos saber qué es lo que hace el Gobierno departamental con los recursos nacionales y con la recaudación departamental. No queremos seguir con la misma discusión de los más de ciento catorce cargos de confianza que tiene el Partido Nacional y un sector del Partido Colorado que lideran Germán Cardoso y Francisco Sanabria. No queremos salir a decir que quizás, para la contratación que hacen a los amigos del intendente, como Isaac Alfie, Enrique Moller o Augusto César, más conocido como el ciudadano colombiano yerno del intendente…Y fíjese lo que dice el intendente, porque sinceramente si lo hubiese dicho un intendente del Frente Amplio ¡quién sabe lo que hubiera hecho el Partido Nacional en el momento de arremeter contra él! Pero el intendente departamental sale en un medio de prensa y dice, muy suelto de cuerpo, que contrató a su yerno porque saca bien la foto y justo saca una buena sonrisa y que además lo contrató porque hizo la campaña electoral con él. Pero el intendente no solo dice eso, sino que también reafirma lo que nosotros dijimos cuando asumió y cesó a aquellos dieciocho funcionarios: era una persecución política. Él cesa a esos funcionarios porque la mayoría estaba identificada con el Frente Amplio, funcionarios que habían ingresado por concurso o por sorteo, el intendente departamental los cesó. Y ¿sabe qué? En esa entrevista el intendente departamental reconoce que los cesó porque eran militantes del Frente Amplio y que no iba a dormir con el enemigo”, dijo el edil.

“Arbitrariedad”

Delgado añadió que “esa es la arbitrariedad con la que actúa el intendente departamental: cesó a funcionarios y después ingresó a otros en los lugares en los que estaban esos funcionarios trabajando, violentando la normativa vigente”.

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos le planteó al intendente departamental que no solo estos funcionarios habían sido mal cesados, sino que abriera el ojo con el ingreso a la función pública, porque estaba violentando la norma vigente. Pero el intendente departamental sigue arremetiendo contra todo y sigue haciendo lo que se le canta con la mayoría que tiene el Partido Nacional y con los cargos de confianza que tiene un sector del Partido Colorado. Entonces, presidente, esa es la falta de transparencia con la que actúa el gobierno del Partido Nacional en Maldonado, esa es la arbitrariedad con la que gobierna el Partido Nacional y un sector del Partido Colorado en Maldonado. Y sobre eso, justamente, era sobre lo que queríamos solicitar información, para transparentar. Porque cuando se habla de transparencia tenemos que hablar de todo y no esquivar algunos temas con los que el Partido Nacional está vinculado directamente en la gestión departamental y que favorece a los amigos del gobierno y desprotege a los ciudadanos y ciudadanas de este departamento que son trabajadoras y trabajadores de Maldonado”, concluyó.