
Aunque admitió que el Partido Colorado aún no resolvió qué postura adoptará sobre el tema y recordó su condición de edil suplente, Juan Eduardo Silvera anunció en la última sesión del legislativo que no piensa acompañar una decisión adoptada por la Intendencia Departamental para ceder a un privado varias hectáreas de playa del balneario Buenos Aires. A su juicio, con semejante medida la IDM incurriría en una manifiesta ilegalidad violatoria de varios códigos vigentes en el país.
“Siendo coherente conmigo mismo, he analizado ‒a pedido de la escribana (Rosario) Borges, que estaba en la Comisión de Legislación‒ un proyecto de transacción que está para aprobarse en esta Junta Departamental y muy rápidamente puedo decir que personalmente me voy a oponer fuertemente a eso”, dijo Silvera. “No sé si me tocará votar porque ‒como ustedes saben‒ soy edil suplente y les decía que el partido aún no ha tomado posición, pero me parece que el proyecto de transacción presentado sobre Balneario Buenos Aires es notoriamente ilegal, aunque lo voten los treinta y un ediles de esta Junta Departamental”, agregó.
El legislador explicó que “una transacción debe referirse a lo que se discutió en el juicio, no debe referirse a cosas que no se discutieron en el mismo. Una transacción debe referirse a derechos de los cuales son dueños los que están tranzando; si de lo que se trata es de componer juicios entre particulares ‒que dicen tener derechos sobre la playa‒ y la Intendencia ‒que no es dueña de las playas, porque son fiscales, o sea, no son municipales‒…, la Intendencia no puede reconocer derechos en esos lugares. La Intendencia tiene la obligación de cuidarlas, tiene un deber de guardián, pero no es la dueña de las tierras fiscales como para hacer acuerdos sobre ellas”, precisó.
La IDM no puede
El legislador colorado estimó que “unos juicios que se empiezan porque hay un particular que quiere pagar impuestos cuando no se los cobran, no puede terminar en un reconocimiento de propiedad, cuando el único que puede declarar que alguien que no tenga título se convierta en dueño es el Poder Judicial”.
“Esas razones por las cuales se está proyectando una transacción para que la Intendencia pase a reconocer que en algunas hectáreas de playa en Balneario Buenos Aires ‒concretamente desde Calle 30 hasta Calle 46‒ el dueño es un privado, y esto a cambio de que ese privado deje bajar a la gente a la playa cuando es pública y es fiscal, francamente no lo puedo votar, porque me parece ‒apenas se examine el texto de la transacción propuesta por la Intendencia y que habría firmado con los particulares‒ notoriamente ilegal. Y digo ilegal porque viola el Código Civil, viola la Ley de Centros Poblados y viola las potestades que la Constitución da a los Gobiernos departamentales”, aseguró.
“Los ediles y los gobiernos departamentales solo podemos hacer lo que la Constitución nos permite; no somos como los privados que pueden hacer todo lo que no está prohibido. Entonces, a nuestro modo de ver, eso, de ninguna manera es algo que pueda ser votado y entendemos que no va a tener validez alguna, porque acá muchas veces se piensa que con el voto de dieciséis ediles o con el voto de las dos terceras partes de los ediles se puede votar cualquier cosa”, señaló.
“Nosotros estamos sometidos a la Constitución nacional y a las Leyes nacionales: la Ley de Centros Poblados, la Ley de Ordenamiento Territorial, el Código Civil y a las facultades que la Constitución nos da. Por el momento no quiero ahondar más en este tema, pero la lista de motivos por los cuales yo ‒primero dentro de mi sector y luego en la Junta Departamental‒ me opondré a este proyecto de transacción es muy grande ‒repito‒, por estos motivos brevemente expuestos hoy y que eventualmente habrá más posibilidades de dar a conocer”, indicó.
Al culminar estas palabras, Silvera solicitó que fueran enviadas al Ministerio de Economía, a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión de Legislación y a la prensa en general.