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Los ediles frenteamplistas Leonardo Delgado y Fermín de los Santos, ambos de la lista 738 que encabeza Óscar de los Santos, presentaron ayer una denuncia en Agesic en razón de la respuesta negativa que les dio la Intendencia de Maldonado, a través de la Dra. Adriana Graziuso –Directora General de asuntos Legales-, en relación a 17 solicitudes de datos públicos que habían elevado amparados por la ley 18.381, llamada de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Agesic según reza su página web, es “el organismo que lidera la estrategia de implementación de Gobierno Electrónico como base de un Estado eficiente y centrado en el ciudadano”. Esta entidad “impulsa la sociedad de la información y del conocimiento al promover la inclusión, la apropiación y el buen uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones”.

Agesic, y particularmente su Unidad de Acceso a la Información Pública – creada por la ley 18.381 como órgano desconcentrado-, tiene la finalidad dispuesta de “controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados”, en virtud de lo cual es un organismo pertinente para conocer en las situaciones de violación a la ley 18.381.

En los meses de diciembre y enero pasados, los ediles frenteamplistas habían presentado 17 solicitudes de información por este nuevo mecanismo de la ley aprobada en 2008. Los pedidos eran sobre asuntos concernientes a tres Direcciones Generales: Administración y Recursos Humanos, Integración y Desarrollo Social y Hacienda, y abarcaban temas diversos, como situaciones funcionales, ingresos a la administración, créditos presupuestales, sanciones, recaudación departamental, ampliación de información de Rendiciones de Cuentas, y Gestión de Centros de Atención Infantil de Verano.

Los ediles destacaron en su denuncia que entre estos temas había “varios asuntos de gran relevancia política”. Por ejemplo, información económica y financiera relativa a 2015 y 2016, detalles de la emisión de la Planilla de Contribución Inmobiliaria de 2017, contratos de la fundación “A Ganar”, llamados a inspectores y a choferes, e ingresos de becarios y pasantes, procedimiento disciplinario sobre un funcionario exdirigente de Adeom que dormía sobre una bandera nacional en horario de trabajo, contratación de familiares del intendente, funcionarios en comisión que perciben diferencias salariales, ascensos, cambios de regímenes horarios y cobro de primas, régimen de retiro (e) ingresos a la administración”.

Principios generales

Los legisladores señalaron que todos estos pedidos fueron rechazados por la comuna a través de un informe de la Dra. Graziuso que rezaba lo siguiente:

“En razón que el solicitante es Edil Departamental, debe canalizar sus pedidos a través del procedimiento previsto en la Constitución de la República, el art. 284. Además, como Edil, no puede tramitar asuntos particulares o propios de ningún tipo ante el Gobierno Departamental, por lo que le está vedado recurrir al prescripto por la Ley de Acceso a la Información Pública ya que en la Constitución no existen excepciones al respecto, conforme su art.291 nral 2º), cuya inobservancia implica la pérdida inmediata del cargo – art. 292 de la Constitución patria; siendo la situación presente, de estarse tramitando un asunto propio puesto que lo hace en forma personal y el propio Edil así lo afirma en su escrito”.

De los Santos y Delgado señalaron que “esta respuesta, que no tiene antecedentes en gobiernos anteriores en Maldonado, motivó un pormenorizado análisis y cuestionamiento y la presentación de las impugnaciones correspondientes a la vista que se concedió en los expedientes, que en lo fundamental de sus conclusiones, expresa que: la Administración emite un informe y da vista del mismo, luego de vencidos los plazos previstos en el art. 15 de la ley l8381; carece de todo fundamento legal y constitucional el argumento de que al dicente, por su carácter de Edil, le es prohibido ejercer el derecho de solicitar acceso a información pública de la Intendencia de Maldonado, pudiendo solamente recurrir al mecanismo del pedido de informes previsto en art. 284 de la Constitución de la República; califica sin ningún fundamento legal o constitucional como ‘asunto particular o propio’ del compareciente, la solicitud de información pública a través de la ley 18.381; desconoce los fundamentos del acceso a la información pública al negar la información solicitada basándose en establecer una prohibición que la ley no establece; viola principios generales, como el de ‘no discriminación’, entre otros, de una manera flagrante. Incurre la informante, y hace incurrir a su jerarca, en clara responsabilidad de diferente orden”, indicaron.

La doctora dixit

Por lo demás, los curules señalaron que “esta evacuación de vista realizada en cada uno de los expedientes que concluía reclamando que la Intendencia proporcione inmediatamente la información solicitada, también fue negada con un informe similar de la Dra. Graziuso que ordenó archivar el expediente con las siguientes consideraciones:

“Como se indicara en informe anterior, la Constitución, norma evidentemente de rango superior a la Ley, prohíbe a los Ediles, en su art.292 nral.2°) tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental, encontrándonos en la especie con un asunto propio ya que el Edil se presenta en su calidad de ciudadano y no como Edil en el cumplimiento de sus funciones, y más aún nunca se identificó como Edil.

Como es de conocimiento de los Sres. Ediles, para poder llegar a tramitarse alguno de esos asuntos en forma acorde a Derecho, debe seguirse el procedimiento prescripto en los arts.38 a 42 de la Ley Orgánica Municipal, que en el caso no se ha cumplido, lo que es a iniciativa del propio Edil.

“Sin perjuicio de ello, los Sres. Ediles siempre tienen acceso a la información pública en relación al Ejecutivo Departamental, puesto que está regulado en su beneficio el Instituto del pedido de informes previsto constitucionalmente en el art.284 de la Constitución, para llenar su cometido, puesto que si no es para cumplir su cometido entonces es un asunto propio, por lo que siempre retornamos al principio de los informes y a su base lógica y normativa.

“Por supuesto que no es una discriminación la que hace la Constitución; primero porque la discriminación supone distinciones en el trato por motivos arbitrarios como el origen racial, sexo, nivel socioeconómico, lo que identifica la Ley como ‘carácter’, sino que lo hace para evitar implicancias permitiendo las comunicaciones solamente a través de los canales institucionales, o sea Junta Departamental – Intendencia respectiva, que facilitan así la función pública y le aportan transparencia, con sus correspondientes derechos y obligaciones para ambas partes. En consecuencia, a su respecto, no es aplicable la Ley 18.381 en ninguno de sus preceptos. Es todo cuanto tengo para informar. Firmado electrónicamente por Directora General de Asuntos Legales Dra. Adriana Graziuso el 20/02/2017 00:13.”

“Malintencionada”

Los ediles añadieron que “es ante esta repetición de la antojadiza, equivocada, malintencionada y ocultante interpretación de los derechos de los ediles, de los ciudadanos y de las normas vigentes respecto al derecho al acceso a la información pública, que realiza la Dra. Graziuso, directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado que encabeza Antía, que se ha decidido informar de la situación al organismo que por imperio legal tiene la facultad y obligación de “controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados”, ley 18381 que está violando la Intendencia de Maldonado”, dijeron los ediles en su denuncia.

Asimismo, aclararon que “simultáneamente se realizó la misma denuncia en otros ámbitos especializados referentes al tema del derecho al acceso a la información pública, y se preparan las actuaciones judiciales correspondientes”.

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