mieresPor Pablo Mieres

Lo que está ocurriendo con las aplicaciones de internet para solicitar el servicio de taxis es el colmo de la priorización de los intereses corporativos por encima del interés ciudadano. La historia tiene varios capítulos y demuestra cómo se puede despreciar al ciudadano común para privilegiar la situación de diferentes intereses particulares y corporativos.

Primero fue la intervención de las autoridades de la patronal de taxis que sancionaron a aquellos taxistas que utilizaban las aplicaciones de internet para recibir clientes. Fueron sancionados porque en vez de utilizar el servicio telefónico de radiollamadas que ofrece la patronal, algunos taxistas utilizaban un servicio de internet mucho más rápido y de menor costo. Pero claro, como no era un servicio proporcionado por la corporación, fueron sancionados. Poco importó que el servicio fuera mejor o que fuera favorable para los pasajeros, lo importante era defender el interés corporativo y empresarial de la patronal.

Sin embargo, al poco tiempo la propia patronal resolvió incorporar ellos mismos la nueva tecnología. Una pregunta interesante es por qué ahora sí era positivo y valioso el nuevo instrumento tecnológico por el que poco tiempo atrás se sancionaba a los taxistas. La respuesta era obvia, porque este servicio (igual al cuestionado) ahora estaba en manos de la dirección de la corporación. La pregunta inmediata es ¿quién gana y quién pierde con la innovación tecnológica? ¿Por qué el otro era negativo y este es obligatorio? Nadie sabe muy bien, aunque se intuye.

El problema es que la novedad tecnológica pone en riesgo los puestos de trabajo de los operarios de las líneas telefónicas que serán sustituidos por una aplicación de internet que no los necesita. Entonces se produce un fuerte conflicto entre la patronal del taxi y los empleados que corren riesgo de perder sus trabajos.

El último capítulo de la historia consiste en la intervención de la Intendencia de Montevideo rechazando la innovación tecnológica y defendiendo el viejo y caduco sistema de radiollamada.

Se pretende tapar el sol con los dedos. ¿Alguien cree que sea posible impedir la introducción de nueva tecnología simplemente por decreto?

El telón de fondo es, como tantas veces, la aparición de novedades tecnológicas que ahorran tiempo, simplifican las alternativas y reducen costos. Es la historia de la humanidad en la medida que existe el progreso, la investigación y la capacidad de innovación del ser humano. La cuestión es cómo manejar el progreso administrando de manera solidaria y humana los costos sociales que este produce.

Pero lo que está claro es que la solución no consiste en negarse a incorporar las mejores soluciones que los avances del conocimiento ponen al servicio de la gente.

Doble corporativismo que impide el avance de las mejores soluciones para el ciudadano común. Primero el corporativismo de la gremial patronal del taxi que niega el avance si no son ellos los que lo incorporan, aunque después cuando se adueñan de la tecnología no solo la reivindican sino que están dispuestos a dejar sin empleo a decenas de trabajadores para explotar ellos mismos esa tecnología antes rechazada.

Segundo el corporativismo de la defensa de los puestos de trabajo apoyados y protegidos por los jerarcas de la Intendencia que, en vez de defender los intereses de los usuarios, privilegian la mantención del viejo sistema.

Es obvio y lógico que aquellos que corren el riesgo de perder sus empleos se movilicen y reclamen una solución. Es lógico que estalle un conflicto por este tema. Justamente, para estos casos debería funcionar ágilmente el INEFOP, en la medida que se trata nítidamente de un proceso de reconversión laboral. Para decirlo de una manera clara, los puestos de operadores telefónicos de radio taxi tienden a desaparecer o a reducirse sustancialmente.

Ciertamente la solución implica la aceptación del nuevo sistema más tarde o más temprano, y así ocurrirá porque además es lo mejor para los usuarios y para el servicio de taxis.

Pero la solución también implica asumir por parte de la patronal del taxi un proceso de redistribución de los trabajadores en riesgo de perder sus empleos. Seguramente el proceso de incorporación tecnológica no será inmediato sino que será gradual, por lo que es posible que los puestos de trabajo se vayan reduciendo paulatinamente.

A su vez, el Estado tiene un Fondo de Reconversión Laboral por el que todos en este país aportamos mensualmente (trabajadores y empresarios) y que debe ser utilizado para situaciones como estas. ¿Qué alternativas de reconversión existen para los trabajadores que se enfrentan a la situación señalada? ¿Cómo se puede facilitar su reinserción en otras funciones dentro de la misma empresa o en otras?

Nadie ha hablado de ello, a pesar de que ese Fondo tiene importantes recursos acumulados desde hace años y no ha logrado brindar las alternativas de reconversión que prevé la norma que lo regula. Este es un tema muy relevante que ha estado ausente de la discusión pública.

Mientras tanto, la piola se corta por el lado más fino. Prohibamos la innovación y perjudiquemos a los que no tienen voz, es decir a los ciudadanos comunes, total se quejan de a uno. Así vamos.

Contenido publicitario