Hablando en la media hora previa de la sesión del pasado miércoles 15 en la Cámara Baja, el diputado Óscar de los Santos destacó que el barrio San Antonio de Maldonado está cerca de ser completamente regularizado después de muchos años de trabajo y destacó que la última etapa será posible, una vez más, gracias al trabajo coordinado entre la Intendencia de Maldonado y el gobierno central, en este caso a través del Ministerio de Vivienda.
De los Santos habló un día antes de que la titular del Mvotma, Eneida de León y Salvador Schelotto, de la Dirección Nacional de Vivienda, firmaran con la Intendencia de Maldonado un convenio para la construcción de viviendas destinadas al realojo de un núcleo de familias del barrio San Antonio IV. Según recordó, “este barrio es parte de un gran asentamiento llamado San Antonio, que comprende también los barrios San Antonio I, II y III, más un complejo de viviendas que comenzó a construirse en la época de la dictadura y fue objeto de una estafa que la empresa Framyl realizó al Banco Hipotecario, solicitando créditos que nunca pagó y dejando las obras sin terminar”, por lo que “estas tierras urbanizadas más buena parte de ese complejo de viviendas fueron ocupados”.
Negociación y financiamiento
“Los vecinos comenzaron a ocupar las tierras y a hacer sus viviendas precarias, de manera similar a como se desarrollaron todos los asentamientos en el país. Trabajaron juntos para construir las cunetas y, posteriormente, instalar los caños de agua potable, llevar la energía eléctrica y reclamar soluciones para ese asentamiento”, refirió.
“En el año 2008 comenzó una etapa de negociación con parte de los propietarios de las tierras, que habían sido compradas en un remate judicial. Un grupo de vecinos de los tres primeros barrios San Antonio hizo un compromiso de compraventa, con participación del gobierno departamental de la época, que pagó al contado y generó un mecanismo de financiación de la tierra. Esos vecinos se hicieron dueños de esa propiedad que ya tenía la infraestructura de servicios instalada y, paralelamente, gracias a la figura del arquitecto de oficio, se comenzaron a regularizar las viviendas”, señaló.
“Hoy tenemos urbanizaciones consolidadas en tres de los cuatro asentamientos, con vecinos que son promitentes compradores, que están pagando la propiedad y en el futuro tendrán sus títulos. Algunos ya hicieron efectivo el pago del cien por ciento de su propiedad. La vivienda ha evolucionado en el sentido de que los sectores más postergados buscan, a través de un recurso escaso y finito como la tierra, una forma de mejorar sus condiciones de vida. Así viven miles de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales hoy estudian en nuestros centros educativos o en la universidad, fruto del trabajo y el esfuerzo”, destacó.
Con relación al barrio San Antonio IV el último instalado, y al que hacemos referencia se generó una dura negociación entre otros propietarios de la tierra y los ocupantes. Se llegó a un acuerdo sobre el valor de la tierra, que se distribuyó por metro cuadrado que se ocupaba y se estableció la necesidad de que los ocupantes se comprometieran a hacer el pago correspondiente, lo que obtuvo la aprobación de más del 90% de los vecinos del lugar. Hecha esta instancia y adquirida la tierra por parte de la Intendencia, se firmó un convenio con el Programa de Mejoramiento de Barrios, lo que anteriormente era el PIAI.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en este período, hizo el llamado a licitación, con recursos del BID, para llevar a cabo el programa de regularización de este asentamiento. Es necesario sacar a este núcleo de vecinos del lugar y relocalizarlos en viviendas que se construirán en tierras municipales, para que en aquella trama urbana muy engorrosa se puedan realizar las obras de infraestructura de saneamiento que faltan y brindar los servicios públicos, asegurando un hábitat estándar confortable”, indicó.
“Quienes allí residen han manifestado su vocación de pago, como sucedió en los otros tres asentamientos San Antonio, donde la intervención del Estado permitió que aquellos que hicieron una especulación inmobiliaria con la vivienda y estafaron al Banco Hipotecario también terminaran siendo propietarios de esos bienes”, señaló. El diputado destacó que gracias al último acuerdo firmado la pasada semana podrán comenzar “las obras y la adjudicación de la construcción de viviendas para realojar al mencionado núcleo de familias. Se reordenará la urbanización del lugar donde está instalado ese conjunto de familias que serán relocalizadas, se harán las obras de saneamiento, agua, luz, alumbrado, pluviales, cordón cuneta y pavimento, y este asentamiento quedará regularizado, al igual que los otros. La anterior intervención fue en San Antonio III, y también permitió ganar espacios públicos para la convivencia ciudadana”, señaló. “Esta política de coordinación entre el gobierno nacional, las intendencias y los gobiernos locales va a permitir dar un paso más en el sentido de transformar en ciudadanos y ciudadanas dignas a aquellos que se rompieron el alma para tener su vivienda”, concluyó.
Las palabras del legislador fueron enviadas a diversos destinos con el apoyo de los demás diputados (49 en 50).
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