Al inicio de su gestión y tras contratar a una empresa privada para controlar los números del déficit que dejaba la Intendencia, la administración Antía contrató al abogado Enrique Moller para radicar varias denuncias contra el intendente saliente, Óscar de los Santos. En 2016 el jurisconsulto se dirigió al juzgado de Crimen Organizado, en Montevideo desde donde lo derivaron al Juzgado Letrado de 1º instancia de Maldonado en vistas del tenor de las denuncias, que fueron cuatro. Dos de ellas ya fueron archivadas por falta de mérito, es decir, Óscar de los Santos y los demás implicados están libres de culpa alguna. Por lo que pudo saber Correo de Punta del Este, las dos denuncias restantes tampoco resultaron probadas y terminarían igualmente en el archivo.
Ahora se supo que la denuncia que involucraba a Procentro, uno de cuyos jerarcas era el conocido comerciante fernandino Juan Shaban, fue tramitada como corresponde y archivada a sugerencia del fiscal actuante. Tampoco hubo ningún delito.
La denuncia se había presentado originalmente el 14 de junio de 2016 en el Juzgado Letrado de 4º turno y pasó luego a 10º turno. Moller actuó como abogado de la IDM “por poder” y aseguró que después de la auditoria de las cuentas municipales encarada por la empresa Phoenix, se hallaron presuntas “irregularidades” en la contratación y los gastos de la asociación Procentro, para realizar diversas actividades en la zona céntrica y comercial de la ciudad. Todo eso había ocurrido entre el año 2007 hasta el 2010. El exintendente y Shaban, fueron defendidos por los abogados Gonzalo Peloche y Marcelo Amoroso.

Ayudas
Dado que la IDM no estaba facultada para contratar personas directamente para esas actividades, Procentro, presidida por Juan Shaban, recibió una colaboración mensual para realizar diversas tareas que ella misma había propuesto. La ONG creó un circuito histórico, ideó el Paseo Centro contrató guías turísticas, llevó espectáculos de música a la peatonal Sarandí y llegó a contratar a alumnos discapacitados para que pintaran las macetas con plantas que decoraban la calle, entre otras cosas.
Para todas esas realizaciones la IDM proporcionaba una colaboración monetaria, que permitieron a la ONG la contratación de un total de diez personas. Cuatro guías anfitrionas, un psicólogo coordinador, tres personas para limpieza y un montajista para distintas funciones. En principio la asociación recibió la suma de $ 85.900 mensuales durante seis meses. Este gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas por falta de recursos, pero la IDM hizo caso omiso y lo reiteró. Luego el monto entregado a Procentro creció a más de 300 mil pesos en 2008 y a más 500 mil a fines de junio 2010. Ese gasto también fue observado por el TCR y se volvió a reiterar.
La Fiscalía tomó el caso en sus manos e investigó el expediente referido al tema además de indagar al exintendente Óscar de los Santos y otros exjerarcas comunales. Fueron citados -a veces como testigos y otras como indagados- el entonces director de Hacienda, Pedro González Bedat, Marie Claire Millán, Raúl Castro, Carmen Suárez, Gustavo Salaberry y Silvia Pérez, entre otros.
Finalmente, la fiscal actuante decidió no proceder al enjuiciamiento de ninguna de las personas indagadas por falta de méritos. “Entiende la Fiscalía que no surge de la instrucción practicada en autos méritos para continuar con la misma atento a que no existen méritos que permitan efectuar un reproche penal y suponer que existió un delito de conjunción del interés personal y del público, ni de apropiación indebida”, indicó la solicitud del archivo. La Fiscalía agregó que la conducta de Procentro podría eventualmente ser “cuestionada en otros ámbitos”, pero no se configuró “ilícito penal”. “El dolo es el actuar con conciencia y voluntad al realizar un acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares”, señaló. En este caso “no hubo efectiva lesión a un bien jurídico” de patrimonio público.
En toda la investigación se halló solo una irregularidad “administrativa” al realizar una licitación abreviada, agregó.

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