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Por Pablo Mieres

El Frente Amplio llegó al gobierno hace doce años como consecuencia de un conjunto de factores. Uno de ellos, de peso significativo, fue la promesa de hacer las cosas de otra manera. La famosa promesa de Tabaré Vázquez, “podemos meter la pata, pero no la mano en la lata”, reflejaba un compromiso enérgico de superioridad ética con respecto a los partidos tradicionales, a los que se buscaba sustituir en el ejercicio del gobierno.

Las críticas rotundas a las prácticas clientelísticas de los partidos tradicionales también formaron parte de los factores que fueron sumando ciudadanos hasta llegar a obtener la mayoría absoluta que llevó al Frente Amplio al poder. Se cuestionaban con énfasis las prácticas de los partidos tradicionales de meter en el Estado a los amigos, la de favorecer a los correligionarios con independencia de sus aptitudes, la de hacer uso de los recursos públicos para generar apoyos políticos y electorales.

El Frente Amplio formuló una firme promesa ética que acompañaba a las promesas programáticas de cambio en diferentes áreas de nuestra vida social y económica.

Sin embargo, doce años después, asistimos a una evidente y extendida claudicación ética que se acompaña, además y para peor, de una justificación insólita que indica que los blancos y colorados también lo hacían. Horrible.

El Frente Amplio impidió todas y cada una de las Comisiones Investigadoras, con la excepción de ANCAP. Justamente, esa Comisión demostró cuán relevante era poder investigar, porque dejó al descubierto una verdadera catástrofe que combinó grados increíbles de ineptitud y mala administración, junto a numerosas irregularidades, varias de ellas con fuerte apariencia delictiva.

Sin embargo, el Frente Amplio miró para el costado, quiso “barrer debajo de la alfombra” y defendió lo indefendible. Se abroqueló en defensa de todos sus jerarcas y descalificó la tarea de la Comisión Investigadora acusando de un uso estrictamente político.

Para completar la desolación, apañó la mentira de un título inexistente y culpó de ello a los medios de comunicación y a los partidos de oposición por promover la inestabilidad institucional. Un delirio completo.

Es más, hasta tuvimos la inefable referencia del ex presidente José Mujica diciendo que hacía tiempo que no creía más en las Comisiones Investigadoras. Olvidó decir cuánto tiempo hacía, seguramente desde el momento que “cambió su lado del mostrador”. Porque mientras estuvo en la oposición se cansó de acompañar y apoyar la creación de Comisiones Investigadoras. Ahora en el gobierno, convenientemente, dejó de creer en ellas; sobre todo cuando estas demostrarán la catástrofe e irregularidades diversas de su desastrosa gestión de gobierno.

El Frente Amplio está defraudando a sus votantes. Su promesa de transparencia se hizo añicos en la defensa de todo y de todos. La gente ya no cree que el partido de gobierno esté dispuesto a asumir errores y malas conductas con la consiguiente consecuencia de sancionar y apartar a los que actuaron mal. La gente no es tonta y se da cuenta de que el Frente Amplio está mareado en el poder y, probablemente, haya construido una fuerte red de lealtades y acuerdos cruzados que se imponen por encima de la obligación de sanear la actividad pública.

A esta altura es válido preguntarse por las motivaciones profundas para impedir las investigaciones contra toda evidencia.

Paradójicamente, en época de los gobiernos blancos y colorados, tan denostados por la supuesta superioridad ética del Frente Amplio, por lo menos tenían el reflejo de habilitar muchas de las Comisiones Investigadoras sobre sus respectivas gestiones, hay diversos ejemplos al respecto.

Porque es muy evidente que se debería haber investigado la denuncia que indica que el ex presidente, justo el que ahora convenientemente dejó de creer en las investigadoras, apadrinó a una empresa privada cuyos directivos eran conocidos integrantes de su grupo político, para que con la legitimidad gubernamental, se convirtiera repentinamente en una empresa intermediaria de los negocios con Venezuela, por los que ha cobrado importantes comisiones. Si esto no se debe investigar, entonces vale todo en la gestión pública. Estas cosas tienen una fuerte apariencia de corrupción, con todas las letras.

Es obvio que se debe investigar el proceso de adjudicación de contratos y la gestión para la construcción de la planta regasificadora, en particular porque OAS ha sido objeto de investigaciones y condenas por corrupción en su país y, además, existe un testimonio en la investigación judicial brasilera que habla de la eventual existencia de influencias indebidas en el gobierno uruguayo.

Es penoso que el Frente Amplio haya demorado tanto en acordar promover una investigación sobre las actividades de espionaje ilegal desde el Ministerio de Defensa Nacional en tiempos democráticos. La reticencia de algunos sectores para aceptar la obvia necesidad de investigar agrega un componente más de opacidad a la actuación de algunos sectores del Frente Amplio.

Pero el colmo es que se envíe a Tribunal de Disciplina al único diputado que, haciendo honor al discurso histórico del Frente Amplio, avaló con su voto las investigaciones referidas.

Demasiadas claudicaciones de un partido que está desgastado en el ejercicio del poder y al que la mayoría absoluta, como dijimos hasta el cansancio durante la campaña electoral de 2014, no le hacía bien porque el poder absoluto es una grave tentación para la corrupción y el abuso de poder.

La gente no es tonta. Esa es la garantía de la democracia. Por eso más que nunca hay que trabajar para construir una alternativa socialdemócrata para que sea una opción de gobierno alternativa en 2019. En eso estamos.

 

 

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