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Al celebrarse ayer un día de lucha por la eliminación de toda forma de violencia contar la mujer, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, dijo que la próxima presentación de un “Plan de Acción para una Vida Libre de Violencia de Género” promoverá el desarrollo de acciones que aspiran a “profundizar en derechos y avanzar en el monitoreo permanente, con una institucionalidad que trabajará con más responsabilidades, en el marco del Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica”.

Arismendi enfatizó que la lucha contra la violencia basada en género implica profundizar en el derecho a una vida libre de violencia de género, en el derecho a la educación y la cultura sin estereotipos, el derecho a una vida saludable, con mayores oportunidades en el mundo del trabajo, tanto en la igualdad de remuneraciones como en el acceso a cargos de responsabilidad o dirección, con un empleo de calidad.

También destacó el trabajo realizado a través del programa de Estrategia para la Vida y la Convivencia, que se desarrolló a instancias del Ministerio del Interior en el quinquenio pasado y que permitió el uso de otras herramientas contra la violencia de género, como las tobilleras. La ministra resaltó que hay institucionalidad y visibilidad de la problemática, detección precoz y una primera respuesta, con servicios de atención especializada a través del Instituto de las Mujeres (INMUJERES) del Mides, en todo el país, pero falta mucho a pesar de los avances.

En colectivo

El plan de acción recoge el trabajo colectivo —que se realizó entre 2010 y 2015— de un espacio interinstitucional del Estado y la sociedad civil organizada, comprometido en la lucha contra la violencia de género, uno de los temas prioritarios para este período de gobierno.

El plan, aprobado por decreto presidencial, tiene como finalidad contribuir a la consolidación de una política pública nacional que permita prevenir, enfrentar, reducir y reparar la violencia basada en género en sus manifestaciones diversas y concretas, a través de su implementación en todo el territorio nacional.

Se trata de un producto que consolida y fortalece el trabajo interinstitucional en la lucha contra la violencia de género.

En Uruguay, casi 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han manifestado haber vivido alguna situación de violencia de género, en el ámbito doméstico, educativo y laboral, así como en espacios públicos, lo que representa más de 650.000 mujeres.

“El plan es una construcción colectiva que apunta a lograr avanzar en barreras aún persistentes en los abordajes integrales, superar el déficit en la incorporación de la atención de varones maltratadores y avanzar en la construcción de un sistema de registro armonizado”, informó Presidencia.

El plan de acción “contiene un importante desafío, como la promulgación de una ley integral contra la violencia de género que incluya la prevención y promoción de derechos, la atención y reparación; una declaración de los derechos y garantías para las mujeres; la definición de procesos de protección, investigación y penalización y la determinación de los procesos en los ámbitos administrativos, civiles y penales”, agregó.

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