La diputada nacionalista Elisabeth Arrieta presentó un proyecto de ley con miras a “regular la actividad de las empresas prestadoras de servicios turísticos inmobiliarios y registro de viviendas con destino a turistas y habitantes temporales”. La iniciativa surgió “ante la necesidad de legislar sobre la actividad de las empresas prestadores de servicios turísticos inmobiliarios, en la medida que se constituye en un prestador de servicios turísticos”.
La legisladora recordó que el turismo es una actividad regulada por la Ley 19.253, que se define además como una actividad de interés nacional público y general, y la Ley 19.253 establece la prohibición de que estas actividades sean desarrolladas por prestadores irregulares. Además, establece la prohibición de que un prestador regular subcontrate prestadores irregulares, haciéndolos solidariamente responsables con éstos últimos de las multas y reclamos que pudieran corresponder.
Arrieta estimó que los prestadores de servicios inmobiliarios turísticos “se enfrentan a dos problemas fundamentales: el primero, la competencia informal de la actividad; esto es, tanto por personas que intermedian en actividades comerciales de inmuebles con destino a turistas o habitantes temporales de los inmuebles sin estar legitimados para ello, pero también la actividad creciente de los portales informáticos cuyos titulares y administradores se encuentran radicados en el extranjero, que realizan la misma tarea sin siquiera tener presencia física en territorio nacional; pero por otra parte la falta de control impositivo sobre las viviendas de alquiler al haberse designado a los prestadores turísticos inmobiliarios como agentes de retención de los tributos que se deben abonar por la transacción, hace que los propietarios de viviendas particulares que alquilan por temporada, muchas veces, prefieran arrendar en forma personal ya que de lo contrario deberían forzosamente abonar impuestos”.

Sin impuestos
A su juicio, con estas medidas el Estado “termina renunciando al cobro de tributos, ya que los particulares arriendan sus inmuebles sin abonar los mismos y, por otra parte, condenan al prestador turístico inmobiliario al fracaso de su actividad, al punto tal que más del 90 % de transacciones inmobiliarias se realizan hoy por fuera de la actividad profesional de intermediación”.
“Entendemos que la solución a este problema pasa hoy fundamentalmente por determinar un marco regulatorio que vaya más allá de un Decreto reglamentario que poco se cumple; estableciendo que de haber intermediación en negocios inmobiliarios con destino a turistas o habitantes temporales, especialmente lo que corresponde a arrendamientos, éstos solo pueden ser hechos por empresas prestadoras de servicios inmobiliarios turísticos”, indicó.
También se destaca que el acceso a las nuevas tecnologías es una herramienta positiva, pero “ha fomentado el informalismo en el sector, quitándole a la actividad el trato personalizado, profesional y directo que la misma debe tener y que solo puede ser brindada por aquellos sujetos capacitados para ello. El turista confía su estadía en los prestadores, que son en definitiva quienes lo asesorarán, aconsejarán, y garantizarán en todo momento el pleno goce de su derecho al descanso, siendo éste un derecho humano que la propia legislación reconoce como tal”, señaló.
“Ahora bien, en materia de alojamiento turístico, casas, apartamentos y habitaciones particulares constituyen hoy en día el mayor mercado de ofrecimiento informal de alojamiento. Esta vivienda turística puede ofrecerse de forma particular, es decir pocas veces en el año bajo las leyes de arrendamiento, o de forma comercial, es decir, con habitualidad y/o profesionalidad. El concepto de vivienda turística está atado a la idea del producto, por ello entendemos que todo propietario que preste un servicio de alojamiento, de forma no habitual, amparado bajo las Leyes civiles de arrendamiento por temporada, como aquél que lo realice de forma habitual y profesional, fuera de toda norma y compitiendo informalmente con la hotelería, debe inscribirse y tener obligaciones especiales”, dijo la diputada.
“Para terminar decimos que el fundamento de este Proyecto de Ley basado en el interés público y general del turismo; es mantener y profundizar la calidad del destino, y el carácter de derecho humano que debe asegurar esta actividad, hace que todo aquél que posea un inmueble con destino turistas deba cumplir, (así como el concepto de patrimonio histórico o de área protegida), con obligaciones especiales al momento de ofrecer su inmueble”, concluyó.

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