El próximo 28 de febrero finalizará el plazo de concesión de la licitación concedida en 1993 por la administración del entonces presidente Luis Alberto Lacalle para la explotación de los servicios de agua y saneamiento ubicados al Este del arroyo Maldonado. El servicio es prestado actualmente por la empresa Aguas de la Costa Sociedad Anónima, que se rige por el Derecho privado y cuyo paquete accionario está en manos de OSE y de una empresa privada manejada por dos ingenieros ex funcionarios de OSE.
Esta concesión incluye a los balnearios La Barra, Manantiales y José Ignacio, entre otros, en una zona que es delimitada al Oeste a partir de un kilómetro desde el trazado de la ruta 10.
El presidente del directorio de OSE, Milton Machado, dijo que todavía no existe una decisión sobre la forma en que se gestionarán los servicios de agua y saneamiento a partir del próximo 1º de marzo. “No hay decisión al respecto. Queda mucho tiempo para definir cuál es la mejor solución. Y es un tema que OSE deberá ajustarse a lo que al respecto resuelva el Poder Ejecutivo”, explicó Machado. Entre las alternativas que se manejan se encuentra que la zona pase a ser gestionada por la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE (UGD) de Maldonado. “De todas formas es una decisión política que deben resolver las autoridades de gobierno”, indicó Machado. El jerarca no brindó más detalles al respecto. Lo único claro es que, por imperio de la norma constitucional aprobada en octubre de 2004 y por el cese del período de concesión, más allá que el contrato puede renovarse por otros diez años, los accionistas privados deberán retirarse del negocio.

Llamado
El contrato de la concesión fue firmado el 7 de febrero de 1993 entre la administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la firma Aguas de la Costa SA y entró en vigencia el 1º de marzo del año 1994.
El proceso de licitación fue resuelto por el directorio de OSE el 3 de junio de 1992 ante los graves problemas registrados hasta entonces en el servicio de agua y saneamiento prestados por el organismo. Varias empresas se presentaron al llamado a licitación realizado por OSE, cuyo directorio resolvió el 11 de diciembre de 1992 adjudicar el contrato a la firma llamada entonces “Aguaclara SA”, el primer nombre de la actual concesionaria.
Empero, la adjudicación del contrato quedó en suspenso al generarse el referéndum sobre privatización de empresas públicas que sí evitó la venta de la mitad del paquete accionario de Antel pero no la concreción de esta licitación. La ley Nº16.361, aprobada por el Parlamento Nacional en 1993, habilitó al Poder Ejecutivo a seguir adelante con el proceso de concesión y a firmar el contrato con la empresa que había ganado la licitación.
Si bien a partir de esas fechas las obras de saneamiento y agua potable comenzaron a llevarse a cabo de forma acelerada, el cuadro tarifario aplicado a los residentes disparó la queja de los mismos. No fue el mismo precio por los servicios de agua y saneamiento que pagaban los restantes vecinos del departamento de Maldonado. Y mucho más caros que los abonados por los habitantes del resto del país
Este hecho movilizó a los vecinos y bien puede decirse que el movimiento que luego impulsó la reforma constitucional que dejó en manos del Estado los servicios de agua y saneamiento nació en el Este del arroyo Maldonado. Las protestas de los vecinos incluyeron manifestaciones con cortes de rutas, quema de cubiertas y jornadas de concientización además de reclamos y recursos administrativos interpuestos ante el gobierno nacional.

Cambios en el tiempo
El capital accionario de la firma se modificó con el correr de los años. Aguas de la Costa Sociedad Anónima es una sociedad cerrada con un capital de acciones nominativas. La empresa nació el 13 de julio de 1993 y sus actividades comenzaron el 16 de noviembre del mismo año. En un primero momento, el 60 por ciento del capital accionario era propiedad de la firma Benencio Sociedad Anónima, cuyo titular era el constructor local Nivert Benencio. El 30 por ciento restante pertenece hasta el presente a la firma STA Ingenieros SRL, propiedad de los ingenieros Francisco José Gross Broggi y Jorge Luis Bellagamba Peirano, ex técnicos de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). Con el correr del tiempo, Benencio vendió su 50 por ciento a la firma Aguas de Barcelona (Agbar) y se quedó con el 10% restante.
La firma catalana vendió sus acciones en febrero del año 2006 a OSE quien pagó por el paquete US$ 3,4 millones. La decisión de Agbar fue resuelta una vez conocido el plebiscito del año 2004 que dejó en manos del Estado la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Al poco tiempo, Benencio vendió su 10 por ciento a sus socios Bellagamba y Gross.

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