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Por Pablo Mieres

Esta fue la respuesta que dio el periodista argentino Jorge Lanata, entrevistado por el periodista uruguayo Leonardo Haberkorn hace unos años, para explicar por qué no había tenido éxito un programa de denuncias que había comenzado en 2005 y que apenas duró cuatro o cinco emisiones. La imagen, obviamente caricaturesca, refleja en el fondo un análisis muy fino de carácter sociológico sobre cómo es nuestra sociedad.

En efecto, Lanata indicaba, de ese modo, lo difícil que resultaba denunciar hechos eventualmente irregulares, indebidos o de corrupción, en un país en el que “todos nos conocemos” y, por lo tanto, receloso de afectar a aquellos que por una u otra vía, son “conocidos”.

Es cierto, también, que la pequeña escala juega, en un sentido contrario, generando mayores controles, porque si todos nos conocemos, es más difícil ocultar la actuación indebida, el enriquecimiento fraudulento u otro tipo de maniobra.

En cualquier caso, lo que no podemos hacer es asumir una postura autocomplaciente y festejar, de manera ingenua, una posición favorable en los rankings internacionales de transparencia.

Lo cierto es que en estos días la cuestión de la corrupción se instaló como tema en nuestra agenda política. En primer lugar porque los escándalos inconmensurables de nuestros dos vecinos asombran, impactan e, ineludiblemente, generan suspicacias entre nuestros ciudadanos; en segundo lugar, porque el Senador Bordaberry propuso la instalación de una comisión investigadora en el Senado sobre la problemática de la corrupción y en tercer lugar porque nosotros propusimos que la normativa que obliga a los funcionarios con responsabilidad política a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales se modificara incorporando que dichas declaraciones fueran de acceso público, no sólo para los casos del Presidente y Vicepresidente de la República, sino también para los parlamentarios, ministros e intendentes.

No podemos equivocarnos, en nuestro país el marco normativo no es suficientemente estricto en el contralor y sanción de las conductas corruptas. De hecho, los dos organismos que tienen a su cargo el contralor de la transparencia en la gestión pública, son débiles porque la normativa vigente no les otorga las potestades y los instrumentos para ejercer un control de mayor vigor.

En efecto, la Junta de Transparencia y Ética Pública tiene muy pocas atribuciones más allá de custodiar las declaraciones juradas de un buen número de funcionarios públicos; pero no tiene potestades para tomar iniciativa de investigación sobre la veracidad o sobre la inconsistencia de las referidas declaraciones. Por su parte, es bien sabido que el Tribunal de Cuentas tiene limitaciones legales para hacerse obedecer cuando señala observaciones a las actuaciones de los diferentes organismos públicos; es muy bueno desde el punto de vista técnico en el señalamiento de las irregularidades o violaciones normativas, pero no puede obligar a quienes cometen actos irregulares a que suspendan la ejecución de los mismos. Observaciones a actos administrativos que otorgan concesiones muy importantes en montos pueden “seguir de largo”, sin objeciones jurídicas a pesar de las observaciones de ese Tribunal. La ausencia del efecto suspensivo es un grave problema que muestra la debilidad señalada.

A su vez, las normas sobre financiamiento de partidos y campañas electorales son muy tímidas y no fueron diseñadas para que el contralor se ejerza con la mayor energía. En tal sentido, se acaba de formar una comisión legislativa, propuesta por el Senador Pintado, para aprobar normas más exigentes en el control sobre las finanzas de los partidos políticos. Es una buena señal.

Hay figuras delictivas muy frecuentes en otros ordenamientos jurídicos que, sin embargo, no existen en nuestro país, es el caso del enriquecimiento ilícito cuyo proyecto de ley ha presentado el propio Senador Bordaberry.

Si alguien cree que en nuestro país estamos bien, está siendo muy ingenuo. De hecho, quien esto escribe presentó hace dos meses una denuncia penal, en conjunto con los demás partidos de oposición, sobre hechos ocurridos en la gestión de ANCAP que fueron detectados en el marco de una investigación parlamentaria y que, a nuestro juicio, poseen apariencia delictiva.

Los vínculos con los países vecinos, Argentina, Brasil y Venezuela, han sido muy fuertes en estos últimos años, por lo que nadie puede asegurar que los hechos delictivos que explotan a diario en esos países no tengan algún tipo de vinculación con nuestro país. Hace un tiempo, un periodista uruguayo muy reputado señaló que tenía de muy buena fuente que la famosa valija de Antonini Wilson con dos millones de dólares, detectada en Buenos Aires, tenía como destino nuestro país.

Los negocios con Venezuela y la eventualidad de la existencia de acciones o conductas ilícitas que pueden alcanzar a figuras políticas de nuestro país, es un tema que, ya se ha anunciado, será sometido a una iniciativa de investigación en el Parlamento. En el mismo sentido se señala la posibilidad de una denuncia con respecto a la construcción de la Planta Regasificadora.

El tiempo dirá si en torno a estos asuntos han existido conductas de corrupción.

Lo que no podemos es creer que somos invulnerables o que estamos en el mejor de los mundos posibles. Las características de estos tiempos aconsejan tomar todas las precauciones del caso, aunque seamos “todos primos”.

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1 COMENTARIO

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