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La Intendencia de Maldonado fue condenada a indemnizar a una propietaria que esperó durante años para escriturar de forma judicial la casa que le compró a la propia comuna.

¿La causa?: entre los años 2006 y 2008 la Intendencia de Maldonado no contaba con el certificado de libre deudas emitido por el Banco de Previsión Social.

El caso fue caratulado “Guerra Alanis, Andrea Bettina c/ Intendencia Municipal de Maldonado Daños y Perjuicios. Recurso de apelación”.

El pasado 17 de agosto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno confirmó el fallo en primera instancia que había archivado la demanda por daños y perjuicios de la propietaria de la finca.

La sentencia en primera instancia fue resuelta por la jueza civil de 6º turno de Maldonado, Maria Constanza Farfalla. Empero, el tribunal de alzada si bien confirmó el fallo de Farfalla, modificó el mismo al condenar a la IMM a pagar las costas y costos que tuvo la actora para poder escriturar la finca.

El caso fue iniciado el 14 de diciembre de 2010 por la parte actora al reclamar a la Intendencia de Maldonado por los daños y perjuicios sufridos por no haber podido escriturar la vivienda. Guerra Alanis recordó en la demanda que el 20 de diciembre de 1994 celebró un compromiso de compraventa de la vivienda  B25 del padrón 19633 de la manzana catastral Nº 41 de la ciudad de Maldonado.

El compromiso obligó a la compradora a pagar por el inmueble la suma de $ 96.480, pagadero en cuotas mensuales en un plazo de 10 años. La citada compraventa no fue inscripta en el registro público correspondiente.

La compradora integró la totalidad del precio en fecha 8 de noviembre de 2004, extendiéndole la demandada recibo de pago final.

Incumplimiento

Por su parte, la Intendencia de Maldonado no cumplió con el otorgamiento de la escritura del bien, conforme a lo estipulado en el referido contrato. La mujer no tuvo otra opción que la de iniciar un proceso de judicial de intimación e incumplimiento de contrato ante el Juzgado de Paz Departamental de 2º Turno de Maldonado.

Luego del trámite de rigor, la IMM fue condenada a la contraria al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio mediante sentencia Nº 3/2008 de fecha 11 de febrero de 2008. Finalmente se obtuvo la escrituración por parte de la obligada en fecha 19 de marzo de 2010.

“Por el periplo que debió recorrer hasta la escrituración incurrió en múltiples gastos de honorarios y molestias, lo que amerita la promoción del presente juicio para que se le indemnicen los daños y perjuicios padecidos”, sostiene la sentencia.

El fallo de primera instancia entendió que la actora no pudo comprobar la conducta de la demandada que comprometiera su responsabilidad conforme a derecho y por consiguiente que hiciera nacer en su órbita la obligación resarcitoria que se pretende.

La demanda exigió la suma de U$S 18.000 por concepto de gastos, daños y perjuicios generados por el no cumplimiento de la comuna de su obligación y pérdida de chance que representó no tener la disponibilidad del bien de su propiedad para la venta.

Litigio

“Se desprende de autos y de los acordonados en carácter de prueba trasladada, que la actora debió litigar desde el año 2006 para lograr la escrituración forzada del bien que adquirió a la contraria, mediante la ejecución de sentencia. Tras peleas y vicisitudes, finalmente la escritura se otorgó el 19 de marzo de 2010, destacando que entre 2008 y 2009 debió reclamarle al Municipio de Maldonado que consiguiera el Certificado Único del BPS, lo que también se logró tras la ejecución judicial conforme a lo dispuesto en el art. 398 del C.G.P.”, añadió la sentencia.

“Se plantea en la demanda que la Intendencia dilató los procedimientos mediante acusaciones a la actora de presuntos delitos, pretendido cobrar un dinero indebido y que toda esta situación derivó en que la actora no pudo vender la vivienda por falta de documentación mientras tramitaba todas estas acciones”, indicó.

“En cuanto hace a los gastos causídicos (costas y costos) relativos a la ejecución de sentencia tramitada, la Sala arribará a una conclusión diversa a la establecida en primera instancia, atento a la naturaleza del juicio seguido infolios y a los preceptos legales aplicables en la materia”, resolvió el tribunal de alzada.

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