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Un fallo reciente de la justicia sostiene que es muy difícil comprobar las eventuales faltas de valores y dinero en efectivo del interior de un coffre-fort. Así quedó de manifiesto en la ratificación de un fallo judicial emitido por un caso denunciado años atrás a los medios por el administrador del complejo Terrazas de Manantiales. Hace unas semanas, un tribunal de apelaciones dejó firme una sentencia por la cual fue desestimada una demanda por daños y perjuicios contra el BROU por la falta de 25 mil dólares de un coffre-fort.

El juicio fue iniciado por el empresario inmobiliario Luis García quien denunció la desaparición de la suma de dinero. Según afirmó, el dinero era propiedad del complejo Terrazas de Manantiales propiedad del multimillonario argentino Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri.

El Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo en primera instancia del 4 de agosto de 2014 dictado por la jueza María Costanza Farfalla de Maldonado.

García apeló la sentencia en primera instancia argumentando que cuando el BROU da en arriendo un cofre asume la obligación de custodiar los valores que tiene depositados. Es obligación del banco, agregó, verificar que el cofre quede cerrado, por lo que en este caso los funcionarios del BROU no cumplieron con su cometido.

García recordó que en el resumen de las grabaciones de video efectuado por la Policía se cuenta con las cintas de un período de diez días. “La cinta no solo desapareció sino que intentó ser sustituida por otra”, agregó.

Arrimada

“El propio banco al analizar su prueba señala que el actor no le pasa llave al cofre, dejando la puerta arrimada. Si el compareciente hubiera dejado la puerta abierta, con la tranca pasada no hubiera podido cerrarse”, indicó García. El demandante dijo, además, que la cifra que falta, 25 mil dólares, sumada a la que había en el coffre-fort, prácticamente es la misma que se señala como existente en caja de Terrazas de Manantiales, entonces administrada por García. “Lamentablemente la sentencia considera que no se ha acreditado la existencia de los U$S 25.000 faltantes”, afirmó el demandante.

Los abogados del BROU aseguraron que los administradores del complejo no presentaron estudios contables, balances o testimonios que probaran los dichos del administrador sobre el dinero en falta. Desde el BROU se destacó el hecho de que el administrador no recordaba cuándo había depositado el dinero de Terrazas de Manantiales y donde fue guardado ese dinero en el período comprendido entre la asamblea de propietarios y el depósito en el banco.

“Tampoco existe un depósito en el sentido bancario que esté constatado en los libros del Banco, en este caso el Banco solo registra la fecha de visita al cofre del interesado”, indicaron los asesores legales del BROU.

García y el BROU firmaron un contrato de alquiler del coffre-fort el 14 de febrero de 2002. El cofre asignado fue el C19 de la sucursal Punta del Este. “Por el contrato de arrendamiento de cajas de seguridad se pone, a disposición del cliente, el uso individual de un determinado compartimiento o caja fuerte que se halla en un espacio blindado que el banco construye al efecto. El uso de la caja se concede a cambio de un precio. El contrato suele documentarse en el llamado contrato de coffre-fort, que especifica los respectivos derechos y obligaciones de ambas partes. El banco se obliga a custodiar las cajas, velando por la integridad física de las mismas y debe responder de la idoneidad de los locales en que estén instalados para el fin que se le destina. El cliente puede acceder a la caja en los horarios que se le fijan. La apertura de las cajas se hace previa firma del usuario en una ficha especial en presencia de un funcionario del banco y con el concurso de dos llaves distintas, una en posesión del usuario y otra del banco. Abierta la caja, el funcionario se retira y el cliente guardará allí bienes o los retirará sin que el banco tome conocimiento de ello”, sostuvo el fallo del tribunal.

La denuncia

El caso ocurrió el 18 de junio de 2003 cuando una funcionaria del BROU efectuando tareas de contralor en la sala de cofres detectó que el coffre-fort Nº19 estaba abierto.

El hecho fue comunicado a García el 20 de junio de 2003. Apenas notificado del asunto, el administrador realizó una denuncia en la Seccional Décima de Punta del Este.

La investigación administrativa desarrollada por el BROU dejó en claro que el 6 de junio García accedió a su coffre-fort y no operó correctamente la cerradura. Asimismo, confirmó que el funcionario de la sucursal encargado de los cofres no verificó que lo cerrara bien. Este funcionario desconocía la normativa interna del BROU al respecto.

“Si bien es cierto el actor contribuyó causalmente en evento dañoso en tanto no operó correctamente la cerradura del coffre-fort, el servicio de arrendamiento de coffre-fort brindado por la demandada, funcionó en forma irregular en tanto no se efectuaron los controles necesarios a los efectos de resguardar la seguridad… ”, indicó el fallo.

El tribunal consideró que García denunció en su demanda que al serle comunicado que su cofre estaba abierto, advirtió la falta de U$S 25.000. Su versión indica que la suma fue depositada en su condición de administrador de Terrazas de Manantiales.

El fallo recordó, además, que es aceptado a nivel doctrinario que el contrato de arrendamiento de cajas de seguridad tiene como uno de sus rasgos característicos el secreto respecto del contenido de sus cajas.

“En realidad, no hay soluciones satisfactorias para el problema de la prueba de la existencia de objetos dentro de las cajas de seguridad, aunque parece evidente que no puede exigirse que la misma sea indubitada porque sería prueba prácticamente imposible; debe hacerse uso de la prueba de presunciones”, agregó el fallo.

Una versión unilateral

“Aún en una valoración amplia del material probatorio incorporado, se estima que el actor no cumplió mínimamente con la carga probatoria que le gravaba en tanto no acreditó la existencia del dinero denunciado – U$S 25.000- en el coffre- fort arrendado. La prueba en que se sustenta dicho extremo es el informe contable efectuado por el Cr. Pablo Manrique quien acredita que el saldo de la Caja era de U$S 63.498”, agregó la resolución judicial.

Sin embargo, al recibirse la declaración testimonial de dicho profesional el mismo expresó: ”no quiere decir que yo haya ido y constatado, esa cifra surgía de los libros”.

Eso hace que las versiones de García “en relación a la existencia de U$S 25.000 en el coffre-fort arrendado resultan unilaterales y carentes de soporte probatorio”. “En definitiva y como se anunciara el recurrente no acreditó el daño material pretendido por lo que su demanda no podía prosperar”, indicaron los ministros.

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