La Asociación de Escribanos del Uruguay decidió el pasado viernes adoptar medidas para detener completamente la comercialización de bienes en respuesta al largo conflicto que mantienen los funcionarios registrales, cuyas actividades se han visto resentidas desde hace casi un mes. La asociación esperaba ayer que la gran mayoría de sus 7.700 socios acataran la medida de no ingresar ni retirar documentos ni certificados hasta que se levanten las medidas de los funcionarios registrales.
La resolución no incluye a quienes deban cumplir con vencimientos o documentos observados y prontos a caducar, pero apunta a defender su derecho al trabajo. Con esta medida “se para la comercialización de bienes”, sintetizó el presidente de la asociación, Antonio María Sarachu, quien advirtió que ya no se enfocan en buscar una alternativa al conflicto sino a defender sus derechos.
Los escribanos estiman que son “terceros ajenos a un conflicto” entre el Poder Ejecutivo y los funcionarios registrales y que la situación les impide desempeñar su tarea. “Los escribanos estamos para darle seguridad jurídica en la contratación a los ciudadanos, pero hoy estamos haciendo cola para tratar de ingresar un documento o una solicitud de información; eso no es brindar seguridad jurídica, eso es ser avasallado”, dijo Sarachu en conferencia de prensa.
Terceros perjudicados
El dirigente aseguró que en las pocas horas en las que permanece abierto, el registro solo recibe unos 100 documentos por día en lugar de 500, como lo hace en condiciones normales. “Hoy es un punto de inflexión en esta situación de conflicto en la cual somos terceros pero directamente perjudicados”, advirtió Sarachu.
Asimismo, dijo que los escribanos deben hacer filas de entre seis y ocho horas para ingresar un documento, y aun así, esto no les garantiza concretar el trámite.
“¿Cómo brindamos seguridad jurídica si tenemos que venir seis, siete u ocho horas, pagar un gestor hasta $ 5.000 como se ha pagado para que venga y nos entre un documento?”, se preguntó. Si bien a partir del lunes no van a ingresar ni retirar documentos, esto no significa que dejen de lado lo que Sarachu considera como su “verdadera labor que es el asesoramiento”.
Por otra parte, explicó que otra de sus tareas es su colaboración con el gobierno a través del control de impuestos. Pero considera que las autoridades no les han “dado el apoyo necesario” para revertir el conflicto con los funcionarios registrales.
“Por eso pedimos la declaración de esencialidad, porque sentimos que nosotros estamos totalmente desprotegidos”, agregó.
De no ser aceptada la declaración de esencialidad de los servicios registrales, la Asociación de Escribanos buscará otros mecanismos para volver a trabajar con normalidad. Por ahora no saben qué herramientas utilizarán pero evalúan recurrir a medidas judiciales. “Lo que nosotros pretendemos es recuperar nuestro legítimo derecho a trabajar normalmente”, dijo Sarachu.
Hace casi un mes que los funcionarios registrales están en conflicto en reclamo de un incremento salarial.
La resolución
La Comisión Directiva Extraordinaria exhortó a los escribanos del país al “cumplimiento estricto de la resolución” de no presentar ni retirar documentos ni certificados, para “reivindicar el derecho al trabajo digno de los profesionales escribanos”.
Además, decidió “iniciar acciones judiciales tendientes a la normalización de los servicios de los Registros Públicos y la reivindicación del derecho constitucional al trabajo”. La asociación aclaró que solicitó una entrevista al director nacional de Trabajo que no fue otorgada, aunque “se solicitará a esa Dirección la declaración de esencialidad del servicio” de los registros. A juicio de los notarios, los efectos de las medidas de los funcionarios registrales “afectan más a la seguridad jurídica” que el cierre de las puertas del Registro.
