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No menos de cuatro o cinco inversores que pensaban encarar proyectos varios en torno a los padrones que la comuna está expropiando para mudar a los vecinos del barrio Kennedy y El Placer también planean iniciar acciones legales contra la IDM para defender sus intereses. Aunque desde tiendas comunales se asegura que todo se está realizando ajustado a derecho, los propietarios alegan que sufrirán grandes pérdidas por una medida que cambió radicalmente las características del entorno.

El abogado de los propietarios de las tierras a expropiarse, así como de los dueños de otros 4 o 5 padrones de la zona, Marcelo Nievas, aseguró ayer a Maldonado Noticias que es “grave” dar inicio al proceso de “toma de posesión urgente”, porque el ejecutivo debía haber esperado la aprobación de la Junta Departamental.

Asimismo, señaló que en la medida en que avance la expropiación, la IDM deberá enfrentar acciones legales y también administrativas, porque se pedirá la impugnación de todos los actos.

Los cosos de al lado

El abogado explicó que los propietarios de las tierras vecinas también están viendo afectados sus intereses. En efecto, junto a la zona donde se pretende realojar a centenares de familias de los asentamientos Kennedy y El Placer, hay proyectos que estaban en marcha, esperando la aprobación comunal para concretarse. No obstante, ante la decisión de la Intendencia de Maldonado, algunos inversores desean retirarse: la expropiación está dañando las perspectivas de esos proyectos, dijo. Asimismo, aseguró que ya estaba en marcha la venta de lotes de un barrio privado, Caracoles, varios de cuyos lotes lindan con las tierras donde se realojará a los asentamientos.

Nievas insistió, además, en que la expropiación es “ilegal” de la manera en que se plantea y aseguró que los perjuicios causados a las propiedades linderas son diferentes y dependen del desarrollo en que se encuentre cada inversión. Ya se han realizado estudios de factibilidad que tuvieron altos costos, señaló.

Por lo demás, aseguró que las tierras a expropiarse han sido evaluadas en unos US$ 30 millones, pero la Intendencia pretende pagar por ellas unos US$ 5 millones, otra razón para que el litigio llegue al ámbito judicial.

Nievas destacó que la objeción que plantean sus patrocinados no tiene relación con las familias que se afincarán en esa zona, ni a los fines de interés social de la IDM. Los propietarios se sienten “atropellados” e insisten en que la normativa para la zona está siendo violada. A su juicio, el plan de ordenamiento territorial del Eje Aparicio Saravia no permitiría las acciones que lleva adelante la Intendencia de Maldonado. Asimismo, aseguró que no se conoce exactamente el plan previsto ni cómo se realizará la inversión porque los propietarios jamás fueron convocados a encontrar un acuerdo.

El abogado añadió que los inversores se han ofrecido a colaborar en busca de una solución para las familias realojadas e incluso harían aportes económicos si la situación propuesta no fuera violatoria de sus derechos.

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