La firma propietaria del edificio “San Lázaro”, sede de los juzgados letrados civiles y de otras reparticiones del Poder Judicial en Maldonado, sostiene que este poder del estado no está siendo desalojado del citado inmueble.
La referida empresa dijo que, por el contrario a varias versiones periodísticas que circulan por estas horas, no existe ningún procedimiento de desalojo. Tampoco existe trámite alguno al respecto y que por el contrario, la empresa propietaria del bien llevó adelante en el 2022 una serie de inversiones millonarias tendientes a mejorar las condiciones del edificio para los magistrados y funcionarios que allí prestan funciones.
“Los resultados se aprecian a simple vista recorriendo el inmueble y su entorno”, sostuvo una fuente de la empresa.
El mismo vocero recordó que seis meses antes del vencimiento del contrato, la empresa propietaria del edificio San Lázaro invitó vìa telegrama colacionado al Poder Judicial para comenzar a negociar las nuevas condiciones que regirían en un nuevo contrato a partir del vencimiento del actual el 28 de abril de 2023.
Un mes después de enviar el telegrama, la empresa propietaria recibió un telegrama del Poder Judicial informándole que el éste quería devolver el inmueble el día del vencimiento del contrato el próximo 28 de abril.
Voluntad exclusiva
“Por falta de voluntad del Poder Judicial nunca se realizó ninguna reunión para negociar el nuevo contrato a regir a partir del 29 de abril de 2023”, insistió la fuente.
Según la empresa, fue voluntad exclusiva de Poder Judicial la decisión de devolver el inmueble al vencimiento de contrato.
La empresa propietaria estimó que el PJ habría conseguido un inmueble de mayor tamaño que el existente en el San Lázaro donde podría alojar con mayor comodidad todos los juzgados que allí se encuentran. No obstante, para su sorpresa, el Poder Judicial decidió repartir todas las oficinas existentes en el edificio San Lázaro y para eso alquiló varios locales pequeños en diferentes zonas de la ciudad de Maldonado generando un malestar tanto en los funcionarios del Poder Judicial, como a nivel de los profesionales que habitualmente concurren a los juzgados y oficinas existentes en el edificio San Lázaro.
“Buena parte de las obras realizadas en 2022 fueron por expreso pedido del Poder Judicial para el mejor funcionamiento de los servicios. Habiendo realizado una obra mucho más importante que la solicitada por éste y a pesar de haber sido invitados no se interesaron en conocer y conversar las condiciones para un nuevo Contrato de Arrendamiento a regir a partir del vencimiento del existente”, añadió la fuente.
Se trabajará de forma “vergonzosa” El doctor Roberto Arrospide, Defensor de Oficio, habló días atrás sobre este tema en la emisora FM Gente. A su juicio, esta mudanza hará que en muchos casos, se trabaje de forma “vergonzosa”. Esta salida obedece a un criterio de “no pérdidas” que sigue el director de los Servicios Administrativos del Poder Judicial ingeniero Marcelo Pesce, a quien Arrospide responsabilizó por tomar decisiones “inviables para el funcionamiento”.
Dijo además, que los juzgados laborales que irán a “Arco’s del Vigía” tendrán que hacer “bajar” a los jueces y que los abogados y demandantes deberán esperar “afuera” el diligenciamiento de sus casos.
Los juzgados de familia, que se ubicarán en Román Guerra y Santana (donde ya funcionaron sedes), tienen también problemas de accesibilidad, en tanto que los “civiles” irán a 25 de Mayo, entre Sarandí y Román Guerra donde durante varios años funcionó La Asistencial Médica.
El profesional dijo que pese a existir juzgados especializados de Violencia Doméstica y de Género en San Carlos, una abogada debió renunciar por trabajar en silla de ruedas y no poder moverse. A esto hay que agregar que las víctimas deben declarar en espacios comunes donde otros profesionales y sus asistidos escuchan su caso, debido a que no hay divisiones apropiadas. “No se respetan los derechos de las mujeres”, sentenció Arrospide quien agregó que los defensores de oficio deben ubicarse en boxes del Centro de Justicia de Maldonado donde no caben juntos con quienes demandan el servicio.
