“Fueros parlamentarios”, por José Luis Rapetti Tassano

La importancia de los fueros de los parlamentarios, se advierte en su inclusión en el Derecho Constitucional de los Países adelantados en el sistema democrático. Este estatuto jurídico constituye una garantía, tanto para los legisladores como para el propio sistema en la medida que con él se protege su mandato, en definitiva a la voluntad popular que llevó a cada legislador a ocupar su representación. El Estatuto jurídico de las INMUNIDADES PARLAMENTARIAS, debe analizarse desde la objetividad de las normas jurídicas y no desde la apreciación de casos concretos donde la subjetividad y en muchos casos, el desconocimiento, soslayan su relevancia garantista en el sistema republicano-democrático. Como principio fundamental, éste es un instituto que si bien ampara a la persona del legislador, está establecido para amparar la independencia del Poder Legislativo y por consiguiente a la Democracia.
EN NUESTRO PAÍS.

A)- LA IRRESPONSABILIDAD. Tiende a la protección de la libertad más amplia de la opinión de los legisladores en el desarrollo de sus funciones. El Legislativo tiene así garantizado el ejercicio de sus funciones en plenitud, sin temores de denuncias por injurias, difamaciones, daños y perjuicios, y otras, siempre que pertenezcan sus expresiones al ejercicio de sus funciones. UN ANTECEDENTE- Previa a la Constitución de 1830 funcionó La Sala de Representantes que ejerció funciones en la transición hacia la vigencia de aquella. Allí se sancionó la ley del 21 de marzo de 1827, cuyo artículo 1° establece: “Los Representantes jamás serán responsables por las opiniones, discursos o debates.” Este es un valioso antecedente de la Constitución de 1830, artículo 49, que lo reproduce y agrega que es durante el desempeño de su mandato. Texto que siguió en la Constitución de 1918, art. 45. Los siguientes textos constitucionales se han mantenido en lo sustancial, y hoy es el artículo 112, que consagra la irresponsabilidad de Senadores y Diputados en los términos expresados. Esta disposición del art. 112 ampara al legislador en forma permanente por sus dichos u opiniones vertidas en el ejercicio de la función, por lo tanto, nunca podrá ser responsable de los mismos. Así la garantía es efectiva para quienes tienen a su cargo las funciones legislativas y las de control. Esta última es muy delicada pues el control mayor lo tiene hacia el Poder Ejecutivo, el que tiene la fuerza represiva y los Fiscales bajo su subordinación.
B)- LA INVIOLABILIDAD PERSONAL. Esta inviolabilidad tiene dos aspectos consagrados en sendos artículos. El fundamento es que los legisladores gocen de inmunidad contra las persecuciones del Poder Ejecutivo, así como de quienes actúan por éste en distintas esferas de su estructura y subordinación política. Este estatus a lo largo de los años ha existido en diferentes países, por lo que se ha consagrado la inmunidad como garantía del sistema democrático. 1)– La Constitución art, 113 establece la inviolabilidad de arresto. El concepto viene de los artículos 50 y 49 de los textos de 1830 y 1918 respectivamente; el texto actual es el mismo de la Constituciones de 1934, 1942, 1952, 1967 y 1996; dice el art.113: “Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, salvo el caso de delito infraganti y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho.” Esta disposición refiere a la inviolabilidad del arresto, salvo el caso de delito infraganti, cuya descripción de los casos en que procede están detallados en las normas penales. Es de tener en cuenta que esa inmunidad de arresto es relativa, desde que cabe la excepción del arresto en los casos de delito infraganti. Contrariamente ocurre con los diplomáticos extranjeros, cuyo régimen de inmunidad es absoluta, o sea que no pueden ser arrestados ni aún en caso de delito infraganti. 2)– El artículo 114 establece la inmunidad del proceso. También desde la Constitución de 1830 en su artículo 51 viene este amparo a los legisladores, que con mínimas variantes formales llega al texto actual: “Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y , en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”. Esta, dice el Doctor Alberto Ramón Real en Principios de Derecho Público y Constitucional, es una inmunidad general porque comprende todos los delitos comunes, Debe ser tratada por su Cámara respectiva que si encuentra mérito en la formación de causa, lo declarará suspendido en sus funciones. En tal caso y consecuentemente queda sin inmunidad, es lo conocido como desafuero y la mayoría requerida es de dos tercios del total de componentes de cada Cámara. Con esta mayoría tan amplia, expresa el Profesor Alberto Ramón Real, es “para evitar que por razones políticas se abran las puertas a un proceso que pueda ser de inspiración política, para sacar de las Cámaras a un legislador que moleste.” Y agrega Real que con esa mayoría “es muy difícil que llegue a obtenerse la confabulación de las dos terceras partes de los legisladores con esa finalidad, frustrando o violando el espíritu de la Constitución”. La mención que se señala del artículo 93, está referida a la violación a la Constitución u otros delitos graves, para altas jerarquías de los máximos organismos del Estado.
La inmunidad en estos casos es transitoria, dura el tiempo en que se tiene la calidad de legislador; importa también que habiendo denuncia o querella presentada en forma, se interrumpe la prescripción del delito que hubiere cometido el legislador. Por consiguiente cuando deje de ser legislador podrá ser sometido a proceso. Y esto es porque la finalidad del Estatuto de los fueros no es impedir el proceso y eventual castigo del infractor, sino el de amparar al legislador en el ejercicio de su función. La inmunidad es general y cubre delitos flagrantes, como otros iniciados con semiplena prueba ajenos a la actividad de la función legislativa, porque los delitos en que incurra el legislador en ejercicio de su función específica, están amparados en el artículo 112 y nunca pueden dar lugar a acciones penales por lo ya expresado.
CARACTERÍSTICAS SIMILARES. ESTAS INMUNIDADES, la irresponsabilidad y la inviolabilidad personal “son de orden público y son irrenunciables.” Siguiendo al Prof. Real “Se dan al legislador en interés del Parlamento, de modo que un Juez no puede procesar por el hecho que un legislador, voluntariamente, renuncie a su inmunidad de proceso, porque su voluntad no es eficaz para destruir las trabas jurídicas existentes para la persecución de la acción penal.” “La voluntad eficaz es la de las Cámaras, porque el privilegio está establecido en interés de la independencia del cuerpo, y éste es el Juez, el órgano que debe resolver, si el procedimiento está inspirado o no en móviles políticos, es decir, si se quiere eliminar un legislador incómodo o castigar realmente un delito.”

Contenido publicitario