Quien hasta ahora se desempeñaba como directora de Cárcel Central, Mary González, se mostró indignada por la manera en que las autoridades resolvieron administrativamente las sanciones a aplicar después de la fuga de Rocco Morabito y varios otros delincuentes en la madrugada del pasado domingo. Según dijo, como a otros 20 funcionarios del lugar a ella también se le inició un sumario. Por lo demás, afirmó que hace tiempo que advertía de la posible fuga del italiano.
En declaraciones realizadas al programa “Así nos va” de Radio Carve, aseguró que hasta ayer no había sido notificada de la separación del cargo. Hasta ahora el único renunciante es el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Alberto Gadea, quien fue remplazado por Ana Juanche, que era la subdirectora técnica del organismo.
González estimó que “hay una responsabilidad compartida” en la fuga de los delincuentes entre el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional de Policía y la Guardia Republicana, encargada directa de custodiar a Morabito.
“Yo no puedo hacer más de lo que hice”, dijo González, quien aseguró haber comunicado oralmente y por escrito en “innumerables ocasiones” sobre la alta posibilidad de fuga. “Hay una cadena de mando. Si no tengo respuesta, hay muchos favores involucrados”, señaló. “Estamos hablando de personas de alta peligrosidad”,
De todo
González explicó que, en teoría, tras unos días de permanencia, los presos de la ex cárcel central deben ir a una junta nacional de Traslados. En función de los delitos cometidos y de la peligrosidad del preso, esta entidad decide en qué unidad debe cumplir su período de privación de libertad.
Sin embargo, hay más de cien personas que están allí alojadas por distintos motivos: amenazas de otros reclusos, presos con orden de extradición, personas que no entran en las clasificaciones habituales, o cuya situación cultural y socioeconómica los hace vulnerables frente a otros delincuentes.
Según la directora, Morabito y sus secuaces estaban informados de un eventual cambio de las condiciones de reclusión. Las periodistas que dirigen el programa de radio Carve, Viviana Ruggiero y Patricia Madrid, señalaron que se había hablado de un traslado hacia la Cárcel de Punta de Rieles.
Sobre el traslado de Morabito desde Cárcel Central, Mary González dijo que el italiano estaba en conversaciones con la dirección desde hace tiempo. “Entre los derechos de un preso está la solicitud de traslados”, explicó. Su pedido se elevó a las autoridades el 31 de octubre de 2018. El planteo principal era enviar a Morabito al predio de Guardia Republicana. Mary González aclaró que no fue idea de ella, sino que el plan surgió de distintas instancias de evaluación y del pedido del propio Morabito. El italiano se encontraba en una situación bastante privilegiada en el sexto piso, pero aspiraba a gozar de más intimidad.
Allí compartía un pabellón con los otros tres fugados. Cada uno tenía su propia habitación, pero todos tenían sus puertas abiertas. Por la noche el jefe de servicio -el llavero- cerraba las rejas del piso, pero la libertad ambulatoria era amplia. Al punto que todos escaparon por la habitación de uno de los presos.
González dijo que Morabito quería tener condiciones similares a las que tenía Gerardo González Valencia, el mexicano vinculado a los líderes del cártel “Los Cuinis”, que estaba alojado en Guardia Republicana.
Las distintas evaluaciones del INR llegaron a la conclusión de que la decisión debía pasar por las máximas jerarquías del Ministerio del Interior. La directora dijo que hubo señales de la inminencia de una fuga. Por ejemplo, el personal a cargo del área había encontrado cuerdas y otros elementos, en coincidencia con lo que alertaban los informes de inteligencia carcelaria.
“Es un edificio viejo, con grandes posibilidades de fugas. Hay muchas vulnerabilidades. No hay scanner corporal para las visitas. Es un sitio que tiene dificultades”, señaló.
“Las medidas que veníamos reclamando eran también por la seguridad del personal”.

Sin cámaras
A fines de la pasada semana, a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos, se retiró el equipamiento de televigilancia, compuesto por 16 cámaras.
En algunos medios trascendió que se iban a analizar registros fílmicos. González dijo no saber qué se estaba investigando y que tan solo obedeció el pedido de la justicia.
Pero una vez que recibió el pedido de la fiscalía, volvió a reiterar las advertencias a sus superiores.
“El video es una herramienta más, por eso no se pidió reforzar la guardia”, explicó.
Sin embargo, la directora habló con Alberto Gadea, director del INR. Y pidió al personal del ministerio público una constancia de que incautaban el equipamiento DVR.
Por otra parte. González señaló que nadie sabía, salvo ella y unos pocos funcionarios, que las cámaras no iban a estar funcionando durante el fin de semana.